Caso Alumbrera: Entre una suspicaz medida judicial y una falta de gestión gubernamental

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Todo indica que en el caso de la resolución para que Minera Alumbrera cese en sus actividades responde a dos patrones, una es la suspicaz medida tomada por la justicia; la otra radica en la inacción y falta de gestión del sector político que gobierna.

La Cámara Federal de Apelaciones en Tucumán ordenó en el inicio de la segunda semana de julio la inmediata suspensión de las actividades de la empresa Minera Alumbrera en los yacimientos Bajo de la Alumbrera y Bajo del Durazno, ambos ubicados en el oeste de la provincia de  Catamarca.

Con la firma de la jueza Marina Cossio de Mercau y de los conjueces Daniel Bejas y Guillermo Molinari, la sentencia dispone que la medida regirá hasta que la minera presente la documentación que acredita la contratación de un seguro para la reparación del daño ambiental que pudiera haber ocasionado, para lo cual recurrió a una denuncia que posee siete años.

La causa por contaminación contra Minera Alumbrera y su socia estatal YMAD, comenzó en 2010 por una denuncia de Juana Rosalinda Flores, una de las dueñas de los campos lindantes a los yacimientos.

Con el apoyo del fiscal general ante la Cámara, el profesor antiminero y anti MA Gustavo Gómez, la denunciante había pedido que se ordene la suspensión inmediata de la actividad de la Alumbrera hasta tanto se hagan los peritajes en el terreno. Como es de público conocimiento, si existe una empresa apegada a los cumplimientos que exige la ley esa es MA. Ya que involucra no sólo a la firma Glencore gerenciadora de la producción, sino que de la UTE participan la el gobierno nacional quien designa a su presidente, la propia provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán.  MA no es Barrick, para que quede claro.

La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, manifestó su preocupación por el fallo de la Cámara Federal de Tucumán,  y advirtió que esta situación significaría “un impacto económico muy fuerte” y que a la vez expone una mala imagen de la provincia para futuros inversores. “Si minera Alumbrera para, es un daño económico para todos”, además sentenció que  “no se puede parar el funcionamiento de un yacimiento minero de la noche a la mañana”.

Al cierre de esta edición MA seguía trabajando normalmente. Pero los interrogantes de esta situación siguen dando tela para cortar. Desde el gobierno nacional se sabía que la resolución judicial llegaría. Fuentes confiables de la secretaría anticiparon a mediados del mes de junio a diferentes referentes del sector. Lo que no se explica es la falta de gestión o acción para frenar este tema desde la misma operatoria judicial. Cierto es también que estos jueces intervinientes realizaron la medida días antes del receso invernal. Y hasta el pasado miércoles 19 de julio el Juez Federal de Catamarca no había sido notificado de sus pares tucumanos, lo mismo le sucedió a la empresa que por tal situación no cerró sus puertas. La gobernadora criticó a la justicia que no requirió ningún de informe de impacto ambiental: “en estos 7 años, se debió haber pedido a la Secretaría de Estado de Minería y a la Dirección Provincial de Gestión Ambiental Minería( Dipgman) que informen qué controles hay y qué impactos reales se ocasionaron en el medio ambiente, lo que me parece que no está o no se cumplió desde la justicia”.

Si algo es real y comprobable, MA efectuó los reclamos legales que además trascendieron en diferentes medios la copia de la documentación.

El secretario de Minería, Rodolfo Micone, dijo que “dentro del Estado, a partir del año 2011, hemos exigido a la empresa MA un sinnúmero de cuestiones ambientales, hemos intensificado los controles y hemos independizado los mismos”. Expresó que la Secretaría está “trabajando con tres laboratorios, de Tucumán, de Mendoza y el SEGEMAR, para ver la trazabilidad de las muestras”. Miccone se mostró muy tranquilo, pero a la vez sorprendido de las decisiones judiciales, pese a que desde nación, sí sabían.

YMAD dijo Ausente

Cómo sucede desde hace 18 meses, todavía se desconoce que piensa al respecto el presidente de YMAD, involucrada directamente en la denuncia ya que es la dueña de los derechos. Su presidente, Santiago Albarracín sigue más preocupado en otros menesteres (despedir gente, nombrar más funcionarios en Buenos Aires, no viajar nunca a Catamarca y estar preparando su fiesta de despedida) que en este suceso de trascendencia para la empresa estatal que dirige, por ahora, desde Buenos Aires.

Una aberración jurídica o política

A esta altura queda claro que los jueces actuantes estaban más preocupados en sus días de descanso que en las consecuencias de sus fallos.

Este carpetazo contra Minera Alumbrera no posee bases sólidas y responden más a un dibujo coyuntural y mediático que a una medida de respuesta a los reclamos de los denunciantes.

Una interpretación jurídica de gente del gobierno acepta la especulación que esta decisión responde a cuestiones de índole electoral, generadas desde alguna simpatía política.

En esta misma línea, tanto oficialismo como oposición, estuvieron en el gobierno provincial, en forma alternada juntos o separados, así que es difícil descifrar esta especulación.

Al momento de la denuncia Eduardo Brizuela del Moral era gobernador, Lucía Corpacci senadora del mismo espacio y el conjunto de peronistas y radicales avalando ambas gestiones. Eran los “transversales K”.

¿Quién se beneficia con esta medida?

Es la desorientada y gran pregunta. La compleja decisión, de cumplirse, traería muchos dolores de cabeza. ¿Estos magistrados habrán pensado en las consecuencias sociales de esta medida? Seguro que no, y si lo meditaron, responden a patrones que rozarían la perversidad y estarían muy lejos de la racionalidad.

Muchos analistas poseen racionales y disparatadas interpretaciones. Lo significativo es que hay que hacerse una fuerte crítica hacia quienes gestionan y realizan funciones públicas. Algo está fallando. Algo se salió de rieles.

No hay que permitir que los inútiles sean funcionales a la corrupción, ya que se estaría haciendo un paralelismo con lo que fue corrupto y eso, en consecuencia, afecta al soberano.

A despertar y gestionar. Especialmente los que reciben mensualmente una remuneración para hacerlo.

Prensa Geo Minera // Por Claudio Agustín Gutierrez