Los curros en Río Turbio bajo la lupa judicial

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La presunta malversación y administración fraudulenta de más de $ 26.000 millones, fueron los motivos por los que el fiscal Carlos Stornelli solicitó ante el juez Luis Rodríguez la indagatoria, el desafuero y detención del ex ministro Julio De Vido. El juez, tildado como hombre K, posteriormente denegó el desafuero y detención por considerar que no hay peligro de fuga ni de obstrucción de la investigación. La decisión del magistrado alcanzó a otros 22, entre ellos, Jorge mayoral. Rodríguez ya había eximido de prisión a tres ex directivos de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Los montos observados y cuestionados en su manejo debían destinarse, desde el extinto ministerio de Planificación Federal, a la reconversión de la mina de Río Turbio en Santa Cruz en el período 2005 – 2015. El pedido de indagatorias y detención incluyen a otros 23 involucrados en la causa, entre ellos, a Roberto Baratta mano derecha del ex funcionario K. Los manejaba Jorge Mayoral, pero firmaba lo que le indicaban ya que él era sólo un mal necesario en la cuestión administrativa.

Jorge Mayoral es quien aprobó cada uno de los pagos que se realizaron y aparece en forma constante en todas las tomas de decisión. Por eso se solicitó su arresto con prioridad. Pero fue beneficiado por la extensa manta que cubre la impunidad manifiesta y exhibida desde el ex ministro.

Consultado por PGM un asesor del fiscal Stornelli fue muy claro: “Sabemos que si mayoral es detenido se esclarecen rápidamente los hechos ya que él era el nervio neurálgico que abordaba y aprobaba todos los pagos que se emitían en la empresa”.

Desde la fiscalía poseen semi plena prueba de que las irregularidades en el manejo de los fondos públicos, desapego a las leyes, procesos carentes de “razonabilidad y legalidad”, son sólo algunas de las premisas que resalta el dictamen del fiscal Stornelli que se basó en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y una denuncia formulada por la actual gestión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) a cargo de Omar Zeidán, acusando a Julio De Vido por malversación de fondos por $ 26.000 millones

Desde la asunción de Mauricio Macri, en la Secretaría de Minería que depende de Daniel Meilán, se llevó a cabo una profunda auditoría, que rápidamente, arrojó resultados positivos que fueron remitidos a la SIGEN y la oficina anticorrupción.

Ante esto, el mandatario nacional expresó “Se acabó la impunidad”. Mientras De Vido reiteró que todo se trataba de una “campaña y persecución” del Gobierno en su contra. Gran parte de la Justicia sostuvo que ante “la gravedad de los hechos”, se debía pedir su detención. Pero, la parte actuante que debía emitir las órdenes de captura, dijo “no”. Esta vez, a la par de la muerte de 51 personas por el homicidio en la estación Plaza Miserere del tren Sarmiento, el ex ministro, se encuentra involucrado en una de las causas más complejas que afronta un ex funcionario de Cristina y Néstor Kirchener.

Se lo acusa de defraudación al Estado y malversación de fondos. Durante el gobierno del matrimonio Kirchner la partida presupuestaria de la mina de Río Turbio, que dependía directamente de De Vido, fue de $ 26.000 millones: sólo los últimos años la minera santacruceña recibió $ 11.000 millones.

Los fondos debían ir a la modernización de YCRT, que se encontraba intervenida desde el año 2002, cuando echaron al grupo Taselli. La idea de invertir, era para garantizar la generación de carbón y abastecer a la central térmica impulsada por Cristina Kirchner, la cual nunca fue puesta en marcha.

En la investigación del fiscal, también se profundizó el “modus operandi” para hacer el desvío de fondos. Al respecto se denunció que “se habrían destinado a fines desconocidos y no previstos por la ley”. En la maniobra investigada se incluyen convenios del ex ministerio con la Universidad Tecnológica Nacional  y la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC) e YCRT. Allí se canalizaban altos costos de contrataciones y una eficiente y aceitada forma de desviar dinero casi en forma legal, hasta que fueron descubiertos como operaban en forma ilegal.

Con los $ 26.000 millones se debían construir -entre 2011 y 2015- 37.975 metros de túneles y sólo se realizaron 11.244 metros, alcanzando sólo el 30 % de construcción y por lo que se habría percibido todo el importe de la obra.

La producción de carbón debía ser de 5.706.776 toneladas al año,  y sólo se extrajeron 841.990 toneladas, “un 85% menos de lo establecido”. Los datos estadísticos de fuentes oficiales afirman que en el año 2015 la mina producía los mismo que en 1953.

El informe oficial que usó Stornelli, señala que además, la planta de personal mientras menos se producía, se incrementó un 233%. “YCRT tuvo esos años una importante inyección de transferencias presupuestarias de $ 16.048.404.69”, consignó el fiscal que sospecha de “una maniobra de malversación”.

Prensa Geo Minera.