Megadecreto: un anuncio de alto impacto en la vida de los argentinos

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Competitividad. El reciente decreto introduce unas 140 modificaciones en leyes y decretos. Se suma a otros instrumentos previos que lanzó el Gobierno.


Las empresas, los trabajadores y el propio Estado operan en el marco de una estructura regulatoria que los protege y los limita. La calidad de esa estructura es clave a la hora de facilitar e impulsar el desarrollo de la economía. Un marco regulatorio demasiado complejo y restrictivo se asocia con un menor desempeño económico, pero también es cierto que la desregulación exagerada puede generar riesgos que terminan siendo incluso más perjudiciales, como ha sido el caso de la excesiva desregulación financiera (que fue uno de los factores que promovió la crisis financiera internacional de 2008).

Son pocos los países exitosos que han logrado encontrar un punto intermedio compatible con el desarrollo económico.

En Argentina, poco se ha hecho en los últimos años para fortalecer la calidad de las regulaciones.

La economía arrastra normas que en muchos casos se han vuelto obsoletas, innecesariamente costosas e incompatibles con el normal desarrollo de la actividad privada.

Esto se traduce en obstáculos concretos que afectan el día a día de los negocios. Por ejemplo, crear una empresa en Argentina requiere casi tres veces más trámites y tres veces más tiempo que en el promedio de los países de la OCDE. Obtener un permiso de construcción insume casi un año en nuestro país, mientras que requiere 150 días en el promedio de la OCDE y 80 días en México, un país con sismos recurrentes. Registrar una propiedad cuesta 60% más que en el promedio de la OCDE. Y algo que debería ser muy simple, exportar, requiere 30 horas de cumplimiento documental; más de diez veces el promedio de la OCDE. Importar es por supuesto incluso más arduo: mientras que a una empresa promedio de la OCDE le cuesta 111 dólares realizar los procedimientos necesarios para importar, a una compañía argentina le cuesta un aproximado de 1.200 dólares, según el Banco Mundial.

Estos no son temas menores; hacen a la (falta de) competitividad de la economía argentina, a las (pocas) oportunidades que les brinda el país a los nuevos emprendedores y a las pymes y a los (escasos) incentivos a invertir e innovar que tienen las empresas argentinas. Es una agenda prioritaria en una economía donde el peso regulatorio y burocrático sobre la actividad privada está entre los más altos del mundo, y se ha tornado incompatible con su nivel de ingreso per cápita.

Objetivos El DNU 27/18 sobre Desburocratización y Simplificación apunta justamente a mejorar la calidad regulatoria y reducir restricciones innecesarias sobre la actividad privada. El decreto introduce unas 140 modificaciones en leyes o decretos de áreas diversas como Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Agroindustria y Energía con el objetivo de eliminar o modificar regulaciones que entorpecen la labor del Estado y la competitividad de la economía.

Pero la tarea de profundizar la calidad regulatoria es anterior al DNU. De hecho, viene siendo uno de los ejes preeminentes de la gestión de gobierno desde fines de 2015. A la eliminación del cepo, las DJAI y las retenciones a la exportación, le siguió la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior para simplificar y centralizar trámites comerciales, el programa Exporta Simple para reducir las exigencias sobre las pymes, los avances en términos de firma digital, trámites en línea y gobierno abierto, la regulación de las Asociaciones Público-Privadas, la liberación de la importación de combustibles, las revisiones tarifarias integrales en gas y electricidad, el Acuerdo Federal Minero para mejorar la coordinación de las políticas mineras provinciales, las leyes de Energía Renovable y de Energía Distribuida, entre otros pasos sustanciales hacia una mayor calidad regulatoria.

El reciente DNU consolida la agenda de calidad regulatoria, introduciendo un paquete de cambios, algunos menores pero útiles, otros menores pero necesarios para el ingreso del país a la OCDE y otros con impacto potencial considerable en ciertos sectores o actividades. Entre los últimos, se destaca la eliminación de la necesidad de decretos presidenciales para la instalación de nuevas terminales automotrices y la habilitación de puertos, la validez de los expedientes y libros contables digitales en todos los niveles administrativos, la simplificación del proceso para obtener marcas y patentes y resolver controversias relacionadas, la habilitación del aumento de la capacidad de camiones y el uso de los llamados “bitrenes” y la reducción de restricciones para la inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Al DNU se sumó la eliminación de la necesidad de tramitar Licencias No Automáticas para la importación de alrededor de 260 productos; el mayor cambio en el sistema de licencias de importación (SIMI) desde su implementación a fines de 2015.

Esta agenda de calidad regulatoria podría parecer de segundo orden en comparación con otras reformas más difundidas, como la nueva fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones o la reforma laboral que concentrará la agenda política a partir de marzo. Sin embargo, es la agenda que promete un mayor (y sobre todo más rápido) impacto sobre la competitividad de la economía y el bienestar de los argentinos.

Beneficios Un análisis realizado en conjunto entre la OCDE y el Banco Mundial estima que el PBI per cápita en Argentina podría crecer entre 3,8 y 4,4 puntos porcentuales adicionales en un periodo de diez años en caso de que la calidad regulatoria siga convergiendo a las mejores prácticas de la región y el mundo.

En base a ese análisis, el beneficio de fortalecer la calidad regulatoria sería mayor que el de implementar una amplia reforma laboral por ejemplo, con resultados considerables incluso en un escenario conservador en el que Argentina cierra la brecha con las mejores prácticas regionales.

Esta conclusión es compatible con un análisis realizado por el FMI que identifica a los obstáculos al emprendedurismo y a las restricciones regulatorias en los mercados de productos como los principales limitantes del crecimiento de la economía argentina en el largo plazo.

En este sentido, la agenda de calidad regulatoria facilita la entrada de nuevas firmas y favorece la competencia en sectores clave de la economía, lo que podría generar beneficios considerables y rápidos.

Más allá de que el Congreso se expida sobre la validez del DNU, la agenda de calidad regulatoria es necesaria y posee un amplio margen para seguir avanzando. Debe trabajar en la reducción de cargas administrativas impuestas por los gobiernos provinciales y locales, como lo han hecho países como Australia y España. En la provisión de servicios de ventanilla única en línea, que han demostrado ser útiles incluso para reducir la incidencia de la informalidad en países como Brasil y México. En la organización de las empresas estatales que tienen un rol considerable en la economía de nuestro país. En la creación de un marco efectivo para evitar posiciones monopólicas y cartelización. En la facilitación del comercio, simplificando y modernizando procedimientos aduaneros y realizando acuerdos para reducir restricciones por normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias.

La creación de un Consejo Nacional de Desburocratización en Brasil el año pasado o la experiencia exitosa del Consejo de Competitividad que asesora al Ejecutivo en Colombia, más allá del gobierno de turno, resaltan el potencial de institucionalizar un órgano encargado de identificar los obstáculos a la competitividad, asegurar la coordinación interministerial y la coherencia regulatoria a nivel nacional y proponer cambios regulatorios consensuados con la oposición y el sector privado. Sólo así se podrá avanzar en forma sostenida y transparente hacia un marco regulatorio compatible con el desarrollo de un empresariado innovador y de una estructura económica competitiva.

Clarín