Uranio: Un memorándum entrometido

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Artículo de opinión de Pablo Lada, del Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)


El memorándum de entendimiento para la exploración y explotación de uranio entre Argentina y Rusia, que lleva la firma del canciller Jorge Faurie y el titular de UrAmérica SA, Omar Adra, es un paso más de una fuerte embestida de nación contra las autonomías provinciales, especialmente de la Patagonia, para imponer grandes proyectos energéticos y extractivos. Que el empresario minero llevado para firmar el acuerdo posea decenas de cateos de uranio en la meseta central de Chubut parece una provocación a una provincia que consiguió la primera legislación del país prohibiendo la explotación minera de gran escala, hace prácticamente 15 años.

Los vecinos de Chubut fueron pioneros en la defensa del derecho a un ambiente sano y difícilmente retrocederán en las conquistas obtenidas. Un importante debate social se ha dado desde la histórica “gesta de Gastre”, que impidió con movilizaciones masivas la construcción del primer repositorio de residuos radiactivos del mundo en los años 80 y 90, consiguiendo además normas constitucionales que prohíben el ingreso de basura radioactiva y leyes municipales, provinciales y nacionales impidiendo y regulando la actividad nuclear.

En el año 2003 se dio también en nuestra provincia el plebiscito de Esquel –primero del país- que dijo no a la megaminería y desató un debate nacional llevando prohibiciones a otras 7 provincias. Pocos años después  las Asambleas Ciudadanas de Chubut llevarían adelante la primera Iniciativa Popular en la región que buscaba ampliar -aún más- la prohibición existente a la megaminería mediante un proyecto de ley escrito por vecinas y vecinos y avalado por miles de ciudadanos.

Pero finalizando 2017, y a pocos días del fallecimiento del gobernador Mario Das Neves, (ese año había impulsado una “cumbre ambiental” en la que se rechazó rotundamente la megaminería y la central nuclear en la Patagonia) comenzó a gestarse un obsceno lobby desde el gobierno nacional para quebrar la resistencia de una provincia emblemática para las transnacionales mineras que ven en la caída de Chubut la posibilidad de un efecto dominó inverso al ocurrido en 2003 con el plebiscito de Esquel.

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, encabeza la estrategia para forzar la apertura minera. Sucesivos encuentros con los intendentes cercanos a los grandes yacimientos en la meseta central desembocaron en la visita del ministro  el próximo 21 de febrero a la localidad de Telsen para una reunión “informativa” que encubre el interés de lanzar una fuerte ofensiva.

El ninguneo al gobierno provincial es notable. Y aunque el gobernador Arcioni se despegó del memorándum y recordó los límites a la minería impuestos por la “ley 5001” su postura parece tibia, similar a la del gobernador Weretilneck en Río Negro, cuando puentearon a la provincia para una vergonzosa consulta popular municipal en Sierra Grande por una central nuclear que mayoritariamente había rechazado la población con movilizaciones, decenas de miles de firmas y hasta con una ley. Dejar hacer, dejar pasar, parece la idea de los gobernadores patagónicos.

El memorándum es una intromisión más que tiene un objetivo claro a nuestro entender: doblegar a las poblaciones en provincias donde no existe ninguna licencia social y donde el discurso de un nuevo debate no es más que una excusa. Vaya si hemos debatido en Chubut. Llevamos 15 años haciéndolo y la respuesta  siempre ha sido no.

Pablo Lada, Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

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