Primera consecuencia de la gira europea de Macri: definen un mayor recorte fiscal por pedido de los inversores

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En las reuniones con el ministro Nicolás Dujovne y funcionarios del equipo económico, se notó la decepción de banqueros y empresarios por el relajamiento de las metas y los escasos avances del plan gradualista. Ese malestar ya se está evidenciando en una suba del riesgo país. Macri revisa su plan


Por Claudio Zlotnik

Las sonrisas para los flashes mostraron una parte de la historia, que contrasta fuertemente con el panorama con el que se encontraron los funcionarios que participaron de la gira europea, comandada por Nicolás Dujovne.

A contramano de lo que relataron las crónicas oficiales, no todo fueron saludos cálidos y buen feeling con los inversores y banqueros del exterior.

Por el contrario, el ministro de Hacienda recibió de primera mano la preocupación que existe en el exterior por la marcha de la economía argentina.

El volantazo que pegó la Casa Rosada, cuando anunció los cambios en las metas para 2018, desconcertó a los financistas.

Bancos y fondos de inversión no se lo negaron a Dujovne: no confían en que el Gobierno cumpla los objetivos que se propuso para este año, tanto en materia de inflación como de crecimiento. Y hasta dudan sobre la sustentabilidad fiscal.

Esto genera preocupación porque, tal como ocurrió otras tantas veces desde que Mauricio Macri asumió la presidencia, los inversores internacionales vuelven a “correrle el arco”.

Hace un año, parecía que la condición para hundir inversiones en la Argentina era que Macri demostrara que tenía apoyo político en la elección legislativa.

Luego, que pusiera en marcha su agenda de reformas -en especial, en el área jubilatoria-. Pero ahora, se pone la lupa en las dudas que genera el frente fiscal.

La “mala onda” no se limitó a gestos y palabras sino que ya se contagió velozmente hacia Wall Street.

En las últimas jornadas, el diferencial de “riesgo soberano” con Brasil se ensanchó. Ese spread ya se ubica en torno de los 170 puntos básicos, el mayor valor desde mediados del año pasado, luego de que Cristina Kirchner anunciara su postulación y se pensaba que tendría buenas chances en arrebatarle poder a Macri.

Este diferencial de riesgos registró mínimos de 68 puntos cuando el Gobierno arregló con los “fondos buitres”, allá por 2016; y también, luego del triunfo de Cambiemos en las últimas elecciones (100 puntos). Pero en las últimas jornadas pegó un salto.

Este indicador -que es calculado por el banco estadounidense por J.P. Morgan Chase- surge de la diferencia entre la tasa de interés de EE.UU. y la del Estado puntual a medir.

Y es importante porque cuanto menor sea este indicador más baja será la sobretasa a la hora de emitir deuda.

La referencia es que por cada 100 puntos que sube el riesgo país, el costo se incrementa un 1%.

Desconfianza inversora

Sin la incertidumbre electoral y después de que el Gobierno sacara en el Congreso un paquete de leyes consideradas claves por los inversores -con la reforma previsional a la cabeza-, Macri se imaginaba empezando a recoger los frutos de semejante éxito logrado con esfuerzo y pérdida de imagen entre la población.

Pero no es así. Los bancos internacionales ya le hicieron saber que, igualmente, desconfían de que se cumplan los preceptos oficiales.

De hecho, varias entidades -algunas de ellas con presencia en Europa y en los Estados Unidos, como Barclays y Bank of America-, corrigieron al alza sus pronósticos de inflación: la estiman en torno al 20% para este año.

Pero el problema no es sólo el índice de precios. La desconfianza también recae sobre la expansión del PIB. Empiezan a ser mayoría los analistas que muestran su pesimismo respecto de la pauta del 3,5% prevista por Hacienda.

En un escenario donde la inflación se calienta y la actividad económica cruje, el deterioro fiscal podría ser peor al esperado.

Esa es la causa que explica la reciente caída de los bonos de la deuda argentina.

En otras palabras: los financistas le dejaron a Dujovne la inquietud de que si no se pone al frente de un achicamiento extra del gasto público, entonces las cuentas fiscales no cerrarán.

El riesgo es que ese diagnóstico se desparrame entre los operadores y resurjan las presiones sobre el tipo de cambio.

En Wall Street saben que el Gobierno todavía necesita unos u$s20.000 millones para cerrar las necesidades financieras del año.

Y que si la economía no crece lo suficiente, a la Argentina se le volverá cuesta arriba conseguir las divisas para el repago de la deuda que se viene acumulando.

¿Un plan fallido?

Los banqueros que se juntaron con el ministro en la helada Davos quisieron conocer en detalle los últimos cambios presentados por la plana mayor del Gobierno y también por el Banco Central.

La nueva meta inflacionaria puso en alerta a esos financistas, con alto poder de influencia en el mundo de los negocios.

Suponen que la mayor tolerancia a la suba de precios pone en riesgo el plan de estabilización oficial. Y que si el IPC 2018 ronda el 20% -o incluso lo supera-, entonces habrá un deterioro fiscal alarmante.

La conclusión de esos inversores es que, con las medidas anunciadas justo a fin de año, el Gobierno puso en juego buena parte de su credibilidad, luego de incumplir la meta de inflación 2017.

En ese contexto, los reportes de bancos y fondos de inversión hacen hincapié en que el ritmo de actividad se planchó hacia el último trimestre del año pasado.

Si bien los números reflejan un rebote en términos interanuales, tras la recesión de 2016, en la comparación desestacionalizada mes contra mes, los datos oficiales vuelven a ser muy flojos.

La sospecha, por lo tanto, radica en que ante la falta de un crecimiento respetable de la economía, al Palacio de Hacienda se le hará cuesta arriba el cumplimiento de las metas fiscales.

Sin eufemismos, algunos de los interlocutores de Dujovne ya reclaman la necesidad de un ajuste adicional de las cuentas públicas.

El Gobierno no es ajeno a esas opiniones. Ni tampoco al diagnóstico. Por eso mismo, el propio jefe de Estado encabezó el anuncio de recortes en el gasto “político”.

No bien bajó del avión que lo trajo de París, Macri anunció un achicamiento del 25% de los cargos políticos del Poder Ejecutivo, y un congelamiento de los salarios de los funcionarios designados por su administración.

¿Señal política o preanuncio?

El anuncio del Presidente tras el viaje tuvo distintas lecturas: una local y otra que realizaron los bancos y fondos del extranjero.

En el plano interno, lo más llamativo fue el decreto que eliminó la posibilidad de que los funcionarios designen a familiares en cargos públicos. Una decisión a medida de la crisis política tras el caso Triaca.

La “versión for export” del discurso de Macri puso el foco en la parte del ajuste del gasto público.

Según el Gobierno, el ahorro será a lo sumo de unos $1.500 millones. Un monto exiguo en relación a las erogaciones totales planteadas en el Presupuesto 2018: tan sólo el 0,03%. Prácticamente nada.

La pregunta que se hacen en algunos de los bancos que se juntaron con los funcionarios refiere a si este será todo el ajuste del gasto en lo que queda del año (más allá del anunciado aumento en las tarifas). O si habrá más.

No es casual que en las últimas horas el Gobierno haya acelerado cambios en la estructura estatal.

Contratos que venían renovándose cada tres, seis o doce meses, dejaron de hacerse. Algunas dependencias se han eliminado o fusionado.

También hubo reestructuraciones que involucran distintas áreas: desde hospitales (Posadas, Garrahan) a la AFIP, el Correo Argentino, o al INTI, por mencionar los casos que tomaron trascendencia pública en los últimos días.

Esto, en un contexto en el que las dudas sobre la supuesta inconsistencia que Wall Street y los banqueros le ven al programa económico hicieron saltar el diferencial de la prima de riesgo de la Argentina con el resto de los emergentes. Incluido Brasil.

El temor de los inversores es que el ala política del Gobierno vuelva a primar sobre los técnicos (Sturzenegger y Dujovne) y que la falta de un ajuste en el gasto desemboque en mayores tensiones cambiarias.

Advierten algo sabido por los funcionarios: en medio de la incertidumbre sobre el tipo de cambio, las inversiones no llegan.

A esa visión “mala onda” se le suma la caída en la imagen presidencial, detectada por la mayoría de las consultoras especializadas. Dicho retroceso se inició, justamente, cuando el Gobierno fue a fondo con la reforma previsional.

Era la última “prueba de amor” que reclamaba Wall Street antes de que se despachara con la necesidad del recorte del gasto adicional.

Desde los centros financieros prevén que las tensiones en el mercado de cambios reflejan esas disfunciones entre las variables: una inflación más alta que la prometida originalmente y un crecimiento con menos potencia.

“Ante este escenario, el Gobierno fuga hacia adelante con una baja de las tasas y un dólar más elevado. Cuando a mitad de año todos caigan en la cuenta que tampoco se cumplirá con la meta de inflación revisada, el mercado se va a correr”, comenta a iProfesional un economista con contacto regular con el Palacio de Hacienda.

“Al Gobierno se lo ve inconsistente. Y llegado ese caso, perderá más credibilidad aun. Por eso habrá un monitoreo exigente sobre las cuentas públicas”, indica.

El macrismo alega justo lo contrario. Un funcionario con acceso al primer piso de la Casa Rosada afirma, con seguridad, que se cumplirá con la meta inflacionaria.

Destaca además que el nuevo tipo de cambio de equilibrio pone a la economía en una inmejorable posición para recuperar competitividad y volver a ganar mercado con las exportaciones, sobre todo a Brasil.

Está cada vez más claro que la Casa Rosada está jugada a apretar las clavijas de lo que se llama el “gasto estructural” en este primer semestre del año, poniendo énfasis en los subsidios pero también en los salarios, jubilaciones y pensiones.

Y, en paralelo, apostar en una segunda etapa a la expansión de la obra pública, la gran “vedette” de las inversiones de 2017 y clave en el triunfo electoral de Cambiemos.

Así, la estrategia apunta a lograr un gasto estructural más bajo con un gasto estacional (inversión pública) a tono con las necesidades de la próxima campaña.

Este “stop and go” de las inversiones permitiría, a ojos de algunos funcionarios, una llegada a buen puerto para el calendario electoral que se viene.

Iprofesional