Moyano aparte, los datos laborales aportan su granito a la marcha

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Inventario laboral que precede a la movilización 21F, extraído del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que publica el Ministerio de Trabajo: el último dato disponible, de noviembre de 2017, censó 6.277.220 empleos formales en el sector privado argentino, 1,2% (253,2 mil) más que en el mismo mes de 2016 y casi el mismo de 2015, que había sido de 6.266.760 trabajadores.


Pero la particularidad es que cayeron puestos de trabajo en los sectores ligados a la producción industrial y primaria, como agro, minería y manufactura, y entre construcción y monotributistas ayudaron a equilibrar el platillo de la balanza.

Del lado público, a nivel de todo el país la campaña electoral deparó un incremento transitorio de la nómina, que terminados los comicios se compensa con la consecución del plan de despidos selectivos a los “no alineados” que detecta el peinado informático que instrumenta el Ministerio de la Modernización. La estructura laboral con la que inició el macrismo la segunda parte del mandato muestra altos porcentajes de precarización (50%) y de informalidad (40%) y una incesante destrucción de empleos en el aparato productivo, balanceada con ingresos en el sector de la construcción.

Crecimiento económico sin aumento del empleo no sirve, al menos en la Argentina: Deberían conocerlo los CEOs gubernamentales.

Más allá de las razones personales, o más bien judiciales, que habrían llevado al líder camionero Hugo Moyano a concretar la marcha del 21F, el argumento de que la movilización que se organizó tiene algo que ver con el empleo no deja de ser válido.

El último indicador correspondiente a noviembre de 2017 ha sido inclusive una radiografía de la marcha de la economía y de las expectativas, porque donde más se hizo sentir la destrucción de puestos de trabajo fue en actividades vinculadas por la producción y el comercio exterior, como la agropecuarias, la minería y la industria manufacturera, según los datos provisorios extraídos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), publicados por la cartera laboral.

De no haber sido por los fondos que el gobierno destinó a obra pública, que se suelen incrementar en años electorales, el indicador de empleos privados hubiera echo saltar las alarmas, ya que los contratistas dieron trabajo en blanco en el mes de marras a 466.389 obreros de la construcción, que representaron un aumento de plantilla del +10,7% respecto del mismo mes de 2016.

Otros que aguantaron los trapos estadísticos en materia de trabajo fueron los monotributistas registrados en noviembre de 2017, que ascendieron a 1.564.187, una cantidad 4,9% superior a la del mismo mes del año anterior.

Una eventual lectura del comportamiento ascendente de este plan B previsional es que pudo deberse a un proceso de recategorización y flexibilización laboral de facto ante la elevada carga tributaria que sobrellevan los empleados en relación de dependencia, lo que en parte también se explicaría en que la cantidad de autónomos descendió 2,4% para ubicarse en 405.201.

Como quiera que sea significa un avance de la precarización laboral más extrema, que afecta a 1 de cada 2 trabajadores, especialmente a las mujeres y los jóvenes.

Los analistas subrayan con énfasis esto último, dado que el crecimiento de 1,2 % del empleo asalariado privado fue levemente superior a la tasa de crecimiento de la población (1,1 % anual).

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo vulnerable (precario) afecta a más del 40 % de trabajadores en Argentina.

La medición laboral hecha en plena campaña por los comicios de medio término también testimonia el protagonismo que tuvo la administración del Estado en la orientación de los recursos hacia el padrón electoral, ya que no sólo pobló de cascos amarillos la vía pública de todo el país, sino que en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales abrió las nóminas para terminar contabilizando 3.175.944 empleados públicos (+1,1% y +2,0% que en el mismo mes de 2016 y 2015 respectivamente).

Expirada la causa que llevó a incorporar gente y consolidado el oficialismo en el poder, el fin de año estuvo signado por una ola de denuncias acerca de despidos, cese de contrataciones en el Estado y hasta la frutillita del postre: el decreto efectista de obligar a familiares de los funcionarios a renunciar a sus puestos.

El costo electoral que a partir de diciembre el gobierno le redistribuye a la población, recayó primero sobre las jubilaciones que recortó, los más pobres por el impuesto inflacionario que incrementó y los entenados que escogió de la plantilla de personal del Estado para compensar el refuerzo oficialista en los planteles, porque en la práctica la burocracia se agranda en lugar de achicarse, como declaman los propagandistas de la gestión.

La buena noticia que deparó el indicador laboral es que subió a un total de 12,3 millones la cantidad de trabajadores registrados (“en blanco”), 2,1% más respecto de noviembre de 2016 (253,2 mil trabajadores), que repercute en la cantidad de los que cumplen con los aportes previsionales y a las obras sociales.

Ello no fue óbice para disimular que los asalariados privados hayan perdido dinamismo frente a otras formas más precarias (monotributo social, monotributo, casas particulares), por más que su peso en el empleo sea mayor (significan el 51 % del total registrado): cada centésimo que crecen significa un impacto más fuerte en el total. Pero justamente por ello, su menor dinamismo en los últimos años es el primer signo de alarma.

Asimismo, siguen siendo altos los niveles de trabajo informal ya que afectan a más de un tercio de los asalariados (34,4 % en el tercer trimestre de 2017).

Las cifras más altas de desempleo corresponden al Gran Rosario (11,7%); Mar del Plata (11,6%); Gran Córdoba (11,5%); partidos del GBA (11,2%); Río cuarto (10,5%), informó el INdEC.

Las cifras más altas de desempleo corresponden al Gran Rosario (11,7%); Mar del Plata (11,6%); Gran Córdoba (11,5%); partidos del GBA (11,2%); Río cuarto (10,5%), informó el INdEC.

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Trabajo, hay actualmente 6,5 millones de trabajadores no registrados (2 millones de cuentapropistas y 4,5 millones en relación de dependencia).

Purga a la producción

En noviembre del año pasado, la cantidad de empleos formales en empresas del sector agropecuario argentino era de 322.912, una cifra 0,9% inferior a la del mismo mes de 2016, según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Si bien la cantidad de empleados en el agro es 1,9% superior a la registrada en noviembre de 2015, se mantiene 2,2% por debajo de la del mismo mes de 2014 (cuando había registrados 330.311 trabajadores en empresas agropecuarias).

Los desastres climáticos recurrentes, liquidación de tambos (importantes generadores de mano de obra) y la falta de competitividad presente en las zonas productivas extra pampeanas (donde el elevado costo del flete a terminales portuarias termina licuando el negocio) figuran entre las hipótesis que podrían explicar la destrucción de empleos en el campo.

Sin embargo, el sector minero fue el que concentró el mayor peso de la defección estructural del empleo privado, con 78.108 trabajadores registrados en noviembre de 2017 (-3,2% que en el mismo mes de 2016), en el que constituye uno de los tantos fracasos que acumula la política energética de la que el ex Ceo de Shell, Juan José Aranguren, es el responsable.

Las industrias manufactureras, que vienen en caída libre desde septiembre de 2013, también volvieron a retroceder -1,6% quedando con una plantilla total de 1.190.165 trabajadores. Pesca (0,1 %) y transporte y comunicaciones (0 %) se mantuvieron prácticamente estancados

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