Salta: Imputan a minera por la muerte del estudiante en Cachi

0
602

La acusación es por el delito de homicidio culposo. El joven Lucas Sebastián Salaberría falleció durante una expedición.


Antonio Gaspar

La semana pasada, la Fiscalía Penal II, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo de Pablo Ricardo Paz, decidió avanzar en la causa por la responsabilidad penal por la muerte de un estudiante salteño de Geología en el Nevado de Cachi durante una expedición de extracción de muestras mineras.

Lucas Sebastián Salaberría falleció el domingo 13 de noviembre de 2016, en el paraje El Quemao, en la zona de Palermo, en Cachi.

Ocurrió durante una expedición de exploración, a 4.000 metros de altura, encomendada por la empresa minera a un tercero, quien a su vez contrató a Salaberría, quien murió tras varios días de malestar.

El fiscal Paz imputó por el delito de homicidio culposo al presidente de la minera Cardero Argentina SA, Mario Luis Castelli, quien habría contratado a ese tercero, de origen peruano, como responsable de la expedición.

Según surge de la investigación que el fiscal lleva adelante, Salaberría murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por falla cardíaca.

Varios testigos, principalmente integrantes de la expedición, fueron coincidentes en sostener que Salaberría, días previos a su deceso, manifestó malestares físicos, síntomas que se intensificaron sin recibir los auxilios necesarios.

El primer imputado fue el ingeniero geólogo peruano John Huaman Canchaguía, el guía de la expedición, a quien la Fiscalía achacó el delito de homicidio culposo en perjuicio del joven.

La fiscalía pudo establecer que Castelli le encomendó a Canchaguía que se contactara con estudiantes de Geología, proponiéndoles participar en la fatal expedición.

Posteriormente, celebró un contrato con aquellos, «sin que surja, ni de las tratativas previas, ni del contrato que se haya verificado el estado de salud de los estudiantes», se comunicó desde el Ministerio Público.

«Tampoco se previó en dicho instrumento, ni consta de las declaraciones de los testigos entrevistados, que haya provisto elementos de seguridad, o instrucciones de este tipo, en orden a garantizar la preservación ante todo de la salud y la vida de quienes fueron por él convocados para emprender la actividad», se agrega.

Por ende, para el fiscal es «fácil es advertir, que al menos para esta expedición Castelli, resolvió todas las cuestiones atinentes a la misma en un marco de franca irregularidad, colocando por ello en riesgo a todos los integrantes de la misma, agravándose dicha situación dada las posibilidades económicas de la empresa de adecuarse a óptimas condiciones que minimizaran cualquier tipo de contingencia».

En tanto que, la imputación al responsable de la expedición fue fundamentada en el hecho de que se encontraba a cargo y él mismo realizó las entrevistas a los miembros del grupo.

Por lo tanto, el fiscal Paz consideró que «por su pericia», el acusado era el responsable por la salud y la vida de quienes confiaron en su profesionalidad.

«Para nosotros esto fue una completa sorpresa; es más, nos estamos enterando por el diario. Nos sabemos muy bien los pasos a seguir y es por eso que tendremos una reunión de urgencia con nuestro abogado (Pedro) García Castiella para saber qué vamos a hacer», dijo Norma Salaberría, la mamá de Lucas.

«A pesar del dolor que sigue intacto, esta noticia nos trae satisfacción porque nosotros pedíamos la imputación del empresario responsable de toda la expedición. Sentimos que lentamente se está haciendo justicia», concluyó Norma.

Responsabilidad penal

En la investigación que inicia, el fiscal Pablo Paz considera al presidente de Cardero Argentina SA responsable “pues debía controlar la idoneidad de la persona que ponía a cargo de la misma, en la ejecución concreta de los trabajos, proveerle de los elementos necesarios, revisar la forma en que se eligieron los miembros de la expedición, y verificar las condiciones de salud previas de éstos, lo que no hizo”.

Además, el fiscal, en sus argumentaciones indicó que “la ocasión requería acciones críticas, y no dilatar la toma de una decisión, que dadas las circunstancias no sirvió para salvar la vida del damnificado, que de haber sido elegida días previos, hubiese modificado el desenlace en cuestión, con lo cual existiendo una violación a los deberes de cuidado por parte de los encartados (Canchaguía y Castelli), cabe poner la responsabilidad del hecho en ambos acusados, dentro del ámbito que a cada uno le concierne”.

Denunciaron graves irregularidades

La investigación del fiscal por una muerte en una expedición minera se originó por impulso de los padres del joven, quienes plantearon ante la Justicia irregularidades que aún están en revisión.

Lucas Salaberría había subido junto a su compañera de estudios, Carla Andrea Martínez, cuatro baquianos y Jhon Huaman Canchanguía a la ladera del Nevado de Cachi por un trabajo para el que lo habían contratado.

Se trataba de una expedición de exploración minera en Palermo Oeste, en el proyecto denominado El Quemado.

Los responsables no avisaron a ninguna autoridad de Cachi, ni al hospital. Tampoco consultaron a los pueblos originarios que allí habitan.

Estaban trabajando a unos 4.000 metros de altura y, según testigos, no llevaban tensiómetro digital, axiómetro de pulso, termómetro ni tubo de oxígeno. El joven estuvo cuatro días con los síntomas del mal de altura.

Hay contradicciones en cuanto a la hora del fallecimiento. El geólogo y la compañera dicen que fue al mediodía y los baquianos, unas horas antes. El médico legal no realizó la autopsia y borraron las fotos de su cámara. Además, bajaron el cuerpo de Lucas sin su ropa.

La madre busca Justicia porque muchos estudiantes se van a trabajar en situaciones de riesgo, bajo contrataciones que no cumplen con los requisitos legales, sin equipos ni cobertura de ART.

Según su familia, a Lucas le hicieron firmar un papel que dice “Contrato de aprendizaje. Convenio de asistencia y colaboración en formación para estudiantes universitarios”.

El Tribuno