La Pampa: Mendoza expone “su” estudio: impacto ambiental de la represa que quiere construir la provincia vecina.

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En la ciudad de Malargüe se hará hoy la audiencia pública convocada por el gobierno de esa provincia para discutir los resultados del estudio de impacto ambiental que tendrá la represa de Portezuelo del Viento una vez construida. Es un estudio que se limita al impacto en la provincia de Mendoza, desconociendo que el río Grande, sobre el que se levantará la presa, forma parte de la cuenca del río Colorado y por ende las consecuencias excederán los límites mendocinos.


La audiencia se desarrollará a partir de las 10 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, de la ciudad de Malargüe. Es organizada por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia, a través de la Unidad de Evaluaciones Ambientales, y la municipalidad malargüina.

Podrán participar personas a título personal o bien en representación de organismos gubernamentales o no gubernamentales. Recién previo al inicio de la audiencia, los interesados podrán consultar la Manifestación General de Impacto Ambiental, el Dictamen Técnico, los dictámenes sectoriales y otra documentación relacionada con el proyecto.

Consultoras.

En febrero del año pasado, la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) firmó con las empresas Knigth Piésold y Jaime Lande y Asociados, los contratos de adjudicación de la primera etapa de los estudios complementarios para el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento.

En esa oportunidad se adjudicaron los análisis de impacto ambiental a la consultora internacional Knigth Piésold, y los estudios geológicos en la zona de la presa a la empresa argentina Jaime Lande y asociados.

Las consultoras, que ya estaban trabajando en el terreno, disponían de un plazo aproximado de 30 días de tareas de campo para finalizar los informes correspondientes.

Una segunda etapa comprenderá un llamado a licitación para estudios de optimización de ingeniería del proyecto original, que busca reducir los riesgos de las excavaciones para la inversión de la presa. También se licitarán los informes geológicos, geotécnicos, arqueológicos, paleontológicos, sociales y de patrimonio.

Malos antecedentes.

Aún eran tiempos de la presidencia de Alberto Fujimori en Perú, cuando en junio de 2000, por una serie de negligencias, un camión contratado para trabajar en la mina aurífera de Yanacocha SRL, volcó 151 kilos de mercurio líquido sobre los poblados andinos de Choropampa, Magdalena y San Juan. Alrededor de mil personas resultaron intoxicadas, en su mayor parte niños y niñas. No solo fue el vapor de mercurio, sino que para empeorar la situación, la minera ofreció canjear el metal recuperado por dinero, por lo que la comunidad salió a recoger el mercurio con objetos de uso cotidiano, como tazas y cucharitas de té, incluso con sus manos.

Las consecuencias en el ambiente y la salud de la población fueron nefastas y persisten aun hoy, después de casi 20 años del siniestro, pero la vulnerabilidad extrema de esa población, y el grandioso poder de la Neumont Mining Corporation, principal accionista de Yanacocha SRL, aseguraron su impunidad en el hecho a fuerza de escandalosas transacciones extrajudiales y exagües indemnizaciones para los afectados.

Mas cercano en el tiempo, pero lejano en la geografía, fue el desastre de Mount Polley. En agosto del año 2014 un dique de relaves de una mina de cobre y oro, perteneciente a la Imperial Metals, colapsó en la región central de la Columbia Británica, Canadá, dejando escapar alrededor de 17 millones de metros cúbicos de agua con desechos tóxicos y metales como plomo, arsénico, y selenio. La consecuencia lógica fue la contaminación del agua y suelo de la región, la destrucción de buena parte del bosque, y la afectación del paisaje, que además era el hábitat de algunas comunidades originarias.

 

Mayores desastres.

Ambos casos están considerados entre los mayores desastres mineros ocurridos en América, y en ambos la consultora Knight Piésold fue la encargada de realizar los estudios preeliminares y de impacto ambiental, recordó Soledad Trímboli, una joven integrante de la Asamblea Pampeana en Defensa de los Ríos, que indagó en los antecedentes de la consultora.

Informes oficiales y periodísticos indican que en el primer estudio de impacto ambiental de la minera Yanacocha SRL, no se informó que se obtendría mercurio como subproducto y que se utilizaría arsénico en proceso de lixiviación de oro. En Mount Polley, investigaciones oficiales, determinaron que el terreno no era apto para la construcción de ese dique, de lo que la Knight Piesóld se desvinculó rápidamente mediante un comunicado de prensa diciendo que desde 2011 ya no prestaba servicios para Imperial Metals, por lo que el diseño del dique no podía considerarse original de esa consultora.

Knight Piésold es un “holding” internacional que presta servicios para los sectores de minería, energía, petróleo e infractuctura en todo el mundo, sus productos son variados, y van desde la consultoría técnica, servicios financieros, evaluación de impacto ambiental, hasta la gestión de permisos estatales.

Si el nombre aún suena desconocido, Knight Piésold, cuya única oficina en Argentina se encuentra en la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, es quien junto con la consultora Jaime Lande y Asociados, resultó adjudicataria en febrero de 2016 de los contratos con la empresa estatal mendocina Emesa, para realizar estudios preeliminares geológicos y ambientales en relación a la construcción de la represa Multipropósito “Portezuelo Del Viento” sobre el río Grande.

Ley de Glaciares.

Pero hay todavía más sobre esta consultora, que en su página web se muestra como una empresa moderna con altos estándares éticos y de calidad, responsabilidad social y compromiso ambiental. Esta vez tiene ver con Veladero, Pascua Lama y la Barrick Gold, nombres que dejaron de pertenecer exclusivamente al ámbito ambiental y productivo, y se han metido en el debate político.

Knight Piesold fue quien realizó para la Barrick la Evaluación de Impacto Ambiental. En su informe, establece que ambos proyectos mineros están asentados sobre ambiente glaciar y periglaciar, lo que a la postre y con la sanción de la Ley de Glaciares, resultaría un obstáculo para el proyecto, ya que la ley expresamente lo prohíbe. Pasaron años y todavía hoy la ley tiene dificultades en su aplicación, debido a las demoras en el relevamiento de la de glaciares en nuestra cordillera, tarea a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), un instituto doble comando de Conicet que tiene su sede operativa en la provincia de Mendoza.

A mediados del año 2016, la Asamblea “Jachal No se Toca”, denunció irregularidades en la confección del listado de Glaciares presentes en la zona de la cordillerana de San Juan para favorecer la explotación de Pascua Lama. Entre otras cosas, destacaron un posible conflicto de intereses, porque ex trabajadores de la Knight Piésold ahora formaban parte del Ianigla. “Puede que sea una simple coincidencia, pero como reza el dicho, “piensa mal y acertarás”, no se puede ignorar el poder de lobby de las corporaciones mineras y los intereses económicos en juego. Una regulación de la minería que contemple el desarrollo económico con inclusión social, sustentabilidad ambiental y verdadero federalismo, nos es debida en nuestro país, pero es claro que no puede esperarse de la mano del actual Gobierno Nacional”, reflexionó la joven ambientalista.

La Pampa no irá a Malargüe

La Pampa no estará presente hoy en la audiencia pública sobre Portezuelo del Viento que se hará en Malargüe. Es una decisión que sintoniza la postura crítica que la provincia ha tenido desde un principio contra la represa y la forma en que Nación y Mendoza avanzan hacia su concreción.

En la última reunión del comité técnico del Coirco, Mendoza informó oficialmente de esta audiencia e invitó al comité de cuenca a partir en ella. La convocatoria disparó una intensa discusión entre quienes estaban de acuerdo con viajar a Malargüe y quienes no. La discusión se inclinó a favor de Mendoza merced a los votos de Buenos Aires y Río Negro.

La Pampa, a través del procurado Hernán Pérez Araujo, se opuso tajantemente a la participación por entender que hacerlo significa legitimar una metodología que ha cuestionado desde el principio por lesionar lesiona los intereses de las restantes provincias de la cuenca, pese a que las otras jurisdicciones no dimensionan la gravedad del riesgo.

De hecho, La Pampa exigió que si alguna de las jurisdicciones concurre a Malargüe, lo haga a título personal y no en nombre del comité de cuenca, precisamente por esa falta de consenso sobre la participación.

En el debate por la construcción de Portezuelo del Viento, ha sido La Pampa la provincia que más reclamó por contar con estudios técnicos y ambientales serios y abarcativos de toda la cuenca, y no limitados al ámbito territorial de Mendoza. Merced a esa insistencia, el Coirco convocó a dos universidades nacionales, la de La Plata y la del Litoral, para realizar ese estudio, el que aún está en etapas administrativas.

Por su parte, el gobierno pampeano ya encomendó a la Universidad Nacional de La Pampa que designe el equipo de trabajo que hará de “contraparte” de ese estudio y analizará con precisión minuciosa su desarrollo metodológico y las conclusiones que se alcancen

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