Lupa nacional sobre el cierre de minas y la gestión de residuos

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Son las principales líneas de trabajo que abordan para homogeneizar en el continente. Hacen guías de aplicación y serán de adhesión voluntaria.


En conjunto. Las buenas prácticas para la industria minera apuntan a contemplar las necesidades de todos los actores tanto empresas, comunidades y autoridades gubernamentales.

Recientemente se anunció ante medios nacionales la intención del gobierno argentino de impulsar la adhesión a un nuevo protocolo de Buenas Prácticas Públicas en el sector minero, con el fin de homogeneizar condiciones para el desarrollo sustentable de los recursos en el continente. Según pudo constatar CUYO MINERO al respecto desde fuentes oficiales, las principales líneas de trabajo estarán centradas en el desarrollo de un Régimen de Cierre de Minas y de un Régimen de Gestión de Residuos Mineros, ejes que tendrán consonancia con la elaboración de un programa para el fortalecimiento institucional de las capacidades de fiscalización ambiental de autoridades de aplicación, la elaboración de lineamientos estratégicos para la gestión social de la actividad y la maximización de sus beneficios a nivel local y de un programa para fortalecer el conocimiento que la comunidad educativa posee de la actividad minera.

Asimismo se hará hincapié en la participación en equipos interministeriales para la implementación de convenios y estándares internacionales, tales como el Convenio de Minamata sobre gestión de mercurio, los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, entre otros.

Según precisó Juan Biset, subsecretario de Sustentabilidad Minera, se lleva adelante la elaboración de guías de buenas prácticas en base a las mejores experiencias locales e internacionales, apuntan a contemplar las necesidades de todos los actores del sector, es decir, empresas, comunidades y autoridades gubernamentales de competencia local y federal.

“Las guías de buenas prácticas no constituyen documentos de carácter regulatorio, por lo tanto los lineamientos establecidos en éstas no son obligatorios ni exigibles a los actores de la industria. No obstante, la aplicación voluntaria de estas recomendaciones es deseable y será promovida fuertemente desde esta Secretaría mediante la articulación de diferentes acciones”, explicó Biset.

Asimismo y de acuerdo a la fuente, la intención es que Argentina y varios países de la región puedan lograr que este protocolo sea vinculante y rija en todos los países de Latinoamérica que adhieran al documento. Esta visión se ve reflejada en el Nuevo Acuerdo Federal Minero (NAFM), el cual afirma que “el desafío radica no solamente en lograr que ocurra y se desarrolle la minería, sino en cómo se desarrolla la misma, para asegurar que sea en favor de la transformación positiva de las regiones y de nuestra sociedad, optimizando sus beneficios y minimizando sus riesgos”.

 

 

 

El acuerdo fue presentado la semana pasada por el gobierno de Macri ante la Comisión de Minería del Congreso Nacional, luego de un año y medio de búsqueda de consenso entre las provincias, más de nueve meses de revisiones y ajustes sobre el texto final. En junio de 2017 este acuerdo fue firmado por el presidente y por 17 gobernadores. Recientemente se sumó La Rioja y todavía quedan firmas pendientes de provincias como San Luis, Tucumán y Chubut, que son algunas de las que cuentan con leyes que prohíben la minería en sus territorios.

>> El caso CAEM

El año pasado la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) realizó una propuesta similar mediante el lanzamiento del programa “Hacia una minería sustentable” (HMS), una apuesta que busca el fortalecimiento de las buenas prácticas en la industria a partir de indicadores que, en el marco del programa, permitirán determinar quiénes operan responsablemente y quiénes no. En 2017 se buscó la adherencia de las empresas que integran la CAEM, lo cual fue voluntario. Las empresas adheridas serán fiscalizadas por un panel independiente y los miembros de las comunidades de interés locales durante los primeros tres años y a finales del cuarto año, un verificador externo garantizará la transparencia y credibilidad.

Diario de Cuyo