Tandil: “Si desde la Minera San Juan acuden a la justicia, no tengo dudas que resolverá a favor de la explotación”

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Para Néstor Auza esta va a ser una historia de no nunca acabar si no se ponen de acuerdo Municipio y Gobierno provincial sobre las reglas de la actividad. “Hacen falta intermediarios”.


En un panorama que en cierta manera, aunque a menor escala, reedita la discusión por la activación de una cantera el exsenador Néstor Auza memoró aquellos tiempos de presentación y tratamiento de la Ley de la Poligonal como “complicados”. Si bien el redactor de la Ley de Paisaje Protegido Tandil desconoce el contenido expreso y los términos de la disposición otorgada por la gobernadora María Eugenia Vidal a los empresarios solicitantes de la reapertura de la actividad en el predio del Cerro de la Virgen, supone que se basa claramente en el Código Minero, que dice que las minas son bienes privados de la Nación y de las provincias, según el territorio en el que se encuentren. A su vez, dijo entender que la zona donde se ubica la cantera en cuestión tiene una especie de protección local, que no es precisamente el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), porque este no alcanza a los inmuebles rurales. “Me parece que de aquí surge fundamentalmente la disputa”, estimó en conversaciones con El Eco Multimedios.

En el marco del debate que gira en torno a este asunto, supuso que el intendente Miguel Lunghi debe estar evaluando qué le conviene, si negarse o no al pedido de reactivación, o negociar algunas alternativas con la Gobernadora.

“No me cabe ninguna duda que este tipo de pedidos se pueden volver a presentar”, dijo y trajo a colación que en la introducción que sustentaba la decisión a la Ley de la Poligonal habían previsto la realización de estudios destinados a la identificación de otras posibles áreas de explotación. Esto se hizo pensando en un Polo Minero en Tandil, tema en el que se había avanzado mucho junto con el Gobierno provincial. Es más, tal como indicó Auza, el borrador original de la ordenanza planteaba en el artículo 16 la alternativa de un período de dos años donde desde Provincia tenían que estudiar y proponer acciones alternativas para explotación y producción minera, pero ese punto fue eliminado finalmente.

Insistió con que la minería es propiedad del Estado nacional y provincial, además de ser una actividad que oficia de equilibrio entre el medioambiente, la producción y el bienestar de la gente. En ese sentido remarcó que la única razón concreta que hubo en aquel momento para actuar sobre una Ley de Poligonal fue que prácticamente la ciudad se había metido dentro de las canteras, o viceversa, por falta de normativas que previeran esta historia a lo largo del tiempo.

“Me parece que va a haber una disputa permanente”, analizó, y puntualmente en este caso sostuvo que si el dueño de la Minera San Juan llegara a la justicia, no le cabe duda que esta resolverá a favor de el para que realice la explotación. En el nivel de escalera jurídica, aún existiendo en el orden local una determinación, no puede competir con el Código Minero Nacional, ya que es la Ley madre de cómo y a quiénes se habilita.

Para Auza esta va a ser una historia de no acabar si no se ponen de acuerdo Municipio y Gobierno provincial sobre las reglas de la actividad. Agregó que además de todo esto existe el Programa Público Privado (PPP) que apunta a las obras priorizadas y estratégicas de infraestructura, sobre todo en caminos y rutas, y necesita imperiosamente de los recursos mineros para poder llevarse adelante. Es en este marco de prioridades donde y como actúa la Gobernadora permitiendo la explotación de canteras.

Falta de esfuerzos

“Hemos logrado en una sola Ley tres determinaciones fundamentales como son el medioambiente, la producción y los trabajadores”, mencionó, destacando que después sufrió avatares de todo tipo para dejarla de lado, “pero fue impenetrable lo que se hizo gracias a todo el trabajo hecho”. En este sentido aseveró que no se puede seguir trabajando en zonas grises.

Manifestó que si en aquel momento de presentación del proyecto de la Poligonal se hubieran hecho estudios que correspondieran a áreas de explotación, los mismos hubieran llevado a habilitar o no segmentos mineros en el distrito tandilense.

“Todo quedó ahí y las políticas son cambiantes”, deslizó, por consiguiente las visiones de los que gobiernan también varían. Algunos promueven más la protección del medioambiente y otros la explotación para el trabajo y las riquezas, en este caso para el desarrollo de rutas.

Nuevamente aseguró que hoy, en este tire y afloje, la interpretación jurídica favorece claramente a la empresa teniendo en cuenta las normativas existentes. Advirtió que el eliminado artículo 16 les hubiese permitido avanzar en la definición de políticas concretas, donde Tandil además podría haber asegurado que las zonas que buscaba proteger tuvieran un sustento calificado, normativo y legal y no fueran cambiados en base al “buen entender de los gobiernos de turno”.

Falta de intermediarios

Para Auza aquella Ley debería haber sido solo el principio de la definición de toda una estrategia en explotación minera, para un producto primario de Tandil que no hay que dejar de lado. Por supuesto que para lograr algunas cuestiones medioambientales a veces hay que resignar otro tipo de definiciones, analizó, pero de todas maneras la reflexión del exsenador apuntó una vez más a que desde el Municipio necesitan reunirse con Provincia para definir una clara estrategia en común. Desde este punto de vista, la falencia vendría por la falta de intermediación. “El Gobierno de Lunghi siempre se caracterizó por no tener intermediarios, ni siquiera con los intendentes vecinos”, dijo, sosteniendo que el Intendente está tan seguro de sus políticas que abandona la interrelación que debe existir. A colación recordó que en sus épocas de funcionario “iba y venía” con noticias sobre la ordenanza tanto para el Municipio y la Provincia, como para la sociedad y el periodismo.

En esa época había que disputar espacios con toda la presión que ejercía el apoyo jurídico que tenían las firmas, los mismos empresarios y los emprendimientos similares que habían en distintos lugares de la provincia y que creían que si desde aquí se avanzaba en una ley iban a quedar también involucrados. Lo veían como el principio del fin para la producción minera. Además, aseguró que había una clara presión que resultaba de la sociedad y el periodismo local.

El Eco