Salta: Tratando de salir del atolladero

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Columna de Francisco Sotelo: Amplían las áreas protegidas y revisan la estrategia ambiental


El anuncio de Urtubey y Paula Bibini sorprendió a la producción.

Nadie sabía de la inminencia de los decretos que amplían la superficie amarilla y roja, y que invitan a Greenpeace a participar de los controles.

La primera impresión fue la de una victoria del ambientalismo.

La lectura de los decretos y las explicaciones informales dibujan otro panorama. En primer lugar, del millón y medio de hectáreas ahora protegidas, algo más de 900 mil son de bosques. Las otras 600 mil corresponden a otros paisajes. Y de las boscosas, los lotes fiscales 14 y 55 ocupan dos tercios.

Además, la convocatoria a las organizaciones ambientales incluye a Greenpeace y Vida Silvestre, pero hay otras (ProYungas, por caso) que no comparten con la estrategia de hostilidad a la agricultura ni aplauden el ordenamiento territorial que aquellas defienden en Salta.

Greenpeace no está en un buen momento. Además de las desventuras de su presidente, Martín Prieto, denunciado por acoso sexual por sus subordinadas, ahora la entidad descarga su furia contra quien fuera -en otros tiempos- su referente político más importante, el diputado porteño Juan Carlos Villalonga, uno de los impulsores de la ley de bosques.

La página digital de Greenpeace acusa a su exdirigente de haberse asociado con el empresario Alejandro Braun Peña, con inversiones en Salta, para hostigarlos con trolls. Y llevó la denuncia hasta el extremo de plantearla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (probablemente, esta comisión tenga cosas más importantes de qué ocuparse).

Pero Greenpeace tiene una herramienta persuasiva: sus campañas convencen a la población urbana de que la soja está desolando los bosques salteños. Es difícil rebatir los mitos. La soja, una oleaginosa hoy menos próspera que hace una década, es presentada como una construcción satánica.

La realidad y el sentido común muestran que la actividad agroganadera, orientada a la industrialización, es una de las pocas salidas para Salta. La otra fuente de trabajo, la minería, también sufre por estas campañas.

Salta está lejos de todo y los inversores extranjeros no sienten entusiasmo por poner su dinero en la Argentina. Perciben inseguridad jurídica.

Los dos decretos tratan de neutralizar las campañas ambientales desenfocadas y, al mismo tiempo, abrir un camino hacia la revisión a fondo del ordenamiento territorial, habilitar una parte sustancial de las cinco millones de hectáreas hoy inhibidas para producir carne y cereales, y aventar definitivamente al ambientalismo de tinte extorsionador.

No será nada fácil.

La política ambiental es jurisdicción de cada provincia, pero el ministro Bergman sigue imaginando al Chaco semiárido como si fuera el bosque de los Arrayanes. Y actúa en consecuencia. Las 32 fincas habilitadas y paralizadas lo dicen todo. Es cierto que el acuerdo de hace unas semanas pareció abrir un camino alternativo. Pero los resultados todavía no se vieron.

El mensaje del gobernador y la ministra mostró que no tienen el menor interés de confrontar con el fundamentalismo ecológico, pero tratan de crear un clima de transparencia para intentar un desarrollo racional guiado por el sentido común.

Bibini se hizo cargo de un ministerio que antes se llamaba “de Ambiente” y ahora, “de la Producción”. Le toca demostrar que es mucho más que un cambio de nombres.

El Tribuno