La Cámara Federal confirmó procesamientos en causa por derrames en una explotación minera en San JuanLa Cámara Federal confirmó procesamientos en causa por derrames en una explotación minera en San Juan

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Lo resolvió la Sala II, con la firma de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia. La medida alcanza a los exfuncionarios Sergio Lorusso, Jorge Mayoral y Beatriz Domingorena Lea la resolución de la Justicia.


Poder Judicial de la Nación

CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL – SALA 2

CFP 10049/2015/6/CA3

Sala II – CFP 10049/2015/6/CA3

LORUSSO, Sergio G. y otros s procesamiento

Juzgado 7 – Secretaría 14

///////////////nos Aires,  10 de julio de 2018.

VISTOS: Y CONSIDERANDO:

I.

Que las presentes actuaciones se elevaron a

conocimiento   del   Tribunal   en   virtud   de   los   recursos   de   apelación

articulados por las defensas técnicas de Beatriz Domingorena -a cargo del

Dr. Bienvenido Rodriguez Basalo-, Jorge Omar Mayoral -a cargo de los

Dres. Diego Palombo y Martín A. Magram- y Sergio Gustavo Lorusso -a

cargo del Dr. Alex Zlatar-, contra la decisión adoptada por el Sr. Juez de

grado cuya copia se encuentra agregada a fs. 1/32 de este incidente, y a

través de la cual se dispuso el procesamiento de los nombrados en orden a

su responsabilidad en el hecho calificado como infracción al artículo 248

del Código Penal, y se dispuso trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir

la suma de un millón de pesos -respecto de Domingorena- y dos millones

de pesos -en relación a Mayoral y Lorusso-.

II.

En Dr. Rodriguez Basalo sostuvo que el auto

recurrido no cumple con los parámetros de fundamentación establecidos

por el artículo 123 del Código Procesal Penal de la Nación, a la vez que

entendió que la imputación dirigida a su asistida soslaya que no compete a

la Secretaria de Ambiente de la Nación el poder de policía   minero y

ambiental sino a la jurisdicción local toda vez que el emprendimiento no

excede los límites interprovinciales. Señaló que la emisión de un certificado

de   aprobación   del   sistema   de   manipulación,   transporte,   tratamiento   y

disposición final de elementos comprendidos en la ley 24.051 no puede

asimilarse al ejercicio de actividad de control alguno sobre el modo en que

se lleva a cabo la actividad minera. Cuestionó en segundo término la

significación   jurídica,   afirmando   que,   en   última   instancia,   sólo   podría

formularse un reproche en los términos del artículo 249 del Código Penal.

En último término, se agravió del monto del embargo fijado.

A   su   turno,   los   Dres.   Palombo   y   Magram

también   cuestionaron   la   falta   de   motivación   del   pronunciamiento,

señalando que los elementos colectados resultan insuficientes como para

sostener la participación de Mayoral en el hecho imputado.   Junto a la

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omisión   de   considerar   prueba   de   descargo   ofrecida   por   la   parte,

argumentaron que solo la visión sesgada y genérica de los sucesos explican

el reproche que se le ha dirigido, basado en una errónea consideración de

las obligaciones a cargo de la Secretaría de Minería. Tras examinar las

exigencias típicas de la hipótesis penal endilgada, concluyen que, en todo

caso y conforme se encuentran planteadas las cosas, sólo podría entenderse

configurado el supuesto del artículo 249 del Código Penal. Finalmente,

expusieron sus agravios en punto a la suma fijada en concepto de embargo.

El Dr. Zlatar cuestionó el procesamiento anclado

en lo que entiende es un erróneo razonamiento del magistrado, tanto en lo

que hace a la existencia del hecho como al carácter delictivo y participación

criminal   de   su   asistido,   introduciendo   la   inconstitucionalidad   de   la

invocación y utilización de prueba producida en otra causa penal en la que

Lorusso no ha sido parte. Junto a argumentos orientados a exponer las

concretas atribuciones derivadas del cargo que desempeñaba el nombrado,

se expidió en punto a los motivos por los cuales considera que no existen

elementos que indiquen el actuar doloso que exige el artículo 248 del

Código Penal.  Por último, aludió a la presencia de vicios que invalidan el

monto discernido en concepto de embargo.

III.

Durante los días 12 y 13 de septiembre de

2015 en el desarrollo de la explotación minera que la empresa Minera

Argentina Gold lleva adelante en la zona de Veladero, provincia de San

Juan,   se   produjo   el   derrame   de   1072   m3   de   solución   cianurada   a

consecuencia de la rotura por congelamiento de una de las válvulas de

venteo   en   el   circuito   PLS,   alcanzando   el   derrame   la   cuenca   del   rio

Potrerillos en razón de haberse encontrado abierta la compuerta ubicada en

el canal de desvío, impidiendo ello que el producto drenara hacia la pileta

de contingencia.

A partir de lo resuelto por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, la investigación a cargo de esta sede ha quedado

ceñida a la determinación de la eventual responsabilidad de los funcionarios

públicos que, a cargo de las áreas con competencia específica en la materia,

no dieron cumplimiento a las leyes dictadas en protección del ambiente

como espacio necesario para el desarrollo y continuidad de la vida,  siendo

estas la Secretaría de Minería -a cargo por entonces de Mayoral-,   la

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable -Lorusso- y la de una de

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sus dependencias, la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y

Prevención de la Contaminación -Domingorena-.

IV.

Es   bajo   el   escenario   descripto   que

corresponde   adentrarse   en   el   examen   de   las   responsabilidades   penales

atribuidas a los imputados, debiendo remarcarse que, tal como se señaló en

el apartado precedente, el reproche no encuentra en el derrame su causa

sino -sólo a partir de allí- en el modo en que el Estado Nacional, a través de

los funcionarios a cargo de las dependencias específicas, se encontraba

implementando las políticas ambientales cristalizadas legislativamente para

prevenir o minimizar los riesgos ambientales que derivan, en el caso, de la

explotación minera.

En   este   punto,   y   en   respuesta   a   puntuales

cuestionamientos de las defensas, se ha de dejar aclarado que si bien la

empresa   Minera  Argentina   Gold   SA    desarrolla   la   explotación   en   la

provincia de San Juan -circunstancia que define primariamente el ámbito de

competencia   de   las   autoridades   locales-,   la   naturaleza,   extensión   y

magnitud del emprendimiento -que extiende sus efectos más allá de los

límites de dicha provincia-, como así también el hecho que los residuos

peligrosos generados eran transportados fuera de la provincia de San Juan

-incluso durante el año 2015, conforme surge de fs. 3157/64 del expediente

70-385/2003 que corre por cuerda-,  tornan operativos los procedimientos

-y, como se verá, los controles- expresamente asignados a las autoridades

nacionales por el artículo 1° de la Ley 24.051.

Ello,   además,   sin   soslayar   lo   señalado   en   el

informe glosado a fs. 2777/89 que da cuenta de la vinculación de Minera

Argentina Gold SA con la explotación que se lleva adelante en la zona de

Pascua-Lama, en el marco de un proyecto binacional con la República de

Chile.

Es sobre dicha base que habrán de examinarse

las responsabilidades atribuidas.

IV.a-  Jorge Omar Mayoral

Los elementos colectados permiten sostener, con

la certeza propia de esta etapa, el pronunciamiento incriminante seguido.

En   primer   lugar,   es   dable   señalar   que   las

funciones de Mayoral, por entonces Secretario de Minería, se encontraban

contempladas en la Ley 24.196 de Actividad Minera, la cual instituyó a la

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la cuestión, extremo que -frente a las particularidades del emprendimiento

ya referidas-, evidencian su responsabilidad en el hecho atribuido.

IV.b-

Sergio Gustavo Lorusso

El nombrado se desempeñaba como Secretario

de  Ambiente   en   el   período   objeto   de   imputación   y,   como   tal   y   de

conformidad   con   las   previsiones   de   la   ley   24.051   y   su   Decreto

reglamentario 831/93, era el encargado de, entre otras cosas “

entender en la fiscalización de la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos

” -artículo 60, apartado “c” de la citada ley-.

En   ese   marco,   y   pese   a   lo   señalado   en   su descargo, se encuentra suficientemente acreditado que durante el tiempo que   desempeñó   su   función   omitió   ejercer   el   deber   de   contralor normativamente   previsto   y   expresamente   reconocido   en   las   diversas intervenciones de las áreas respectivas.

Recuérdese que conforme  las previsiones  del

artículo 60 de la ley citada, competía a la Secretaría a su cargo no sólo la

fiscalización aludida, sino además “…

  1. d) Entender en el ejercicio del poder

de policía ambiental, en lo referente a residuos peligros, e intervenir en la

radicación de las industrias generadoras de los mismos…”-.

Asimismo,   en   el   Decreto   reglamentario   n°

831/93,  expresamente   se   consignó   “

Sin   perjuicio   de   las   competencias

establecidas en el artículo 60 de la ley, la Autoridad de Aplicación está

facultada para: 1) Ejercer por sí o por delegaciones transitorias en otros

organismos,  el  poder  de  policía  y  fiscalización  en  todo  lo  relativo  a

residuos peligrosos y a toda otra sustancia contaminante del ambiente,

desde la producción hasta la disposición final de los mismos…

” -conf.

Artículo 60-.

Pese a lo manifestado en su descargo, conforme

lo   establecido   por   el   artículo   1°,   apartado   2°   de   la   citada   norma

reglamentaria, en el caso dicha función debía ser ejercida por la Secretaría

de Ambiente en tanto se trataba de “

…residuos que, ubicados en territorio

de una provincia, deban ser transportados fuera de ella, ya sea por vía

terrestre,   por   un   curso   de   agua   de   carácter   interprovincial,   por   vías

navegables nacionales o por cualquier otro medio, aún accidental, como

podría ser la acción del viento y otro fenómeno de la naturaleza…

”.

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Repárese que, ya en el mes de mayo de 2003, a

requerimiento de la Delegación San Juan de Delitos Federales y Complejos,

el entonces Director Nacional de Gestión Ambiental respondió que Minera

Argentina Gold SA había solicitado su inscripción en el Registro Nacional

de Generadores y Operadores de Residuos Peligrosos para realizar “

la

actividad de transporte interjurisdiccional de ciertos residuos peligrosos

generados hacia plantas de tratamiento y/o disposición final habilitadas

por esta autoridad de aplicación nacional

”, agregando que si bien no

contaban con el poder de policía y fiscalización para habilitar la generación

de los residuos “

Este organismo, si cuenta con el poder de policía de

fiscalización y control para intervenir ante la actividad de la empresa de

generación,   almacenamiento   transitorio,   manipulación,   transporte   y/o

disposición final que se lleven a cabo en el ámbito administrativo de la Ley

24.051,   su   Decreto   reglamentario   831/93   y   normas   complementarias,

exigencias que asimismo han sido internalizadas en la provincia de San

Juan mediante la Ley 6.665

”.

En   rigor,   en   el   certificado   emitido

primigeniamente y en su posterior renovación -fs. 306 y 554 del expediente

70-385/2003- expresamente se consignaba que “

Esta Secretaría, en su

carácter   de   Órgano   de   Aplicación   de   la   Ley   24.051   y   sus   normas

reglamentarias y complementarias, tiene la facultad de ejercer el poder de

policía que la normativa legal le adjudica, disponiendo las inspecciones

que considere pertinentes, y en las oportunidades que estime necesario

”.

Sin perjuicio de lo expuesto, no existió de parte

de   Lorusso   medida   alguna   orientada   a   verificar   el   modo   en   que   la

explotación minera era llevada a cabo, sin que el limitado tiempo en que

desarrolló la función -entre los meses de marzo y diciembre de 2015- sean

una salvaguarda a la imputación que se le ha dirigido.  Repárese que, al

inicio de su mandato, la empresa Minera Argentina Gold SA llevaba tres

años   sin   contar   con   el   correspondiente   Certificado  Ambiental  Anual,

habiéndose   acreditado   que   durante   ese   periodo   no   solo   continuó

desarrollando   su   actividad   sino   que   además   efectuaba   el   transporte

interjurisdiccional   de   residuos   -conf.   fs.   3157/64   del   expediente   70-

385/2003-.

En ese contexto, y sin perjuicio de eventuales

responsabilidades concurrentes -las cuales no son objeto de examen por

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parte de esta jurisdicción a tenor de lo resuelto por la Corte Suprema de

Justicia de la Nación en Fallo CSJ 4861/2015/CS1 del 5 de mayo de 2016-,

la   decisión   que   dispone   el   procesamiento   de   Lorusso   en   orden   a   su

responsabilidad en el hecho

prima facie

calificado como infracción al

artículo 248 in fine del Código Penal será homologada.

IV.c- Beatriz Domingorena

En razón del cargo de Subsecretaria de Control

y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación -dependiente

de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación-,

correspondía a la imputada dar cumplimiento a las disposiciones de las

leyes 24.051 y 25.675.

Pese   a   ello,   se   encuentra   suficientemente

establecido que, en lo que atañe a la explotación llevada adelante por

Minera  Argentina   Gold   SA,   Domingorena   no   ejecutó   las   leyes   cuyo

cumplimiento le incumbían.

Veamos.   Tal como reconoce su defensa, y ha

sido desarrollado en el apartado precedente, la competencia del área a su

cargo estaba dada, precisamente, por el carácter interjurisdiccional de la

gestión de los residuos peligrosos que la actividad minera genera.

Su afirmación en punto a que la emisión del

certificado ambiental no implicaba ejercer algún tipo de poder de policía

sobre la explotación, soslaya que, en base a ello y conforme estableció el

Decreto 831/93 -reglamentario de la Ley 24.051-   “

Sin perjuicio de las

competencias establecidas en el artículo 60 de la ley, la Autoridad de

Aplicación está facultada  para: 1)  Ejercer por sí o por delegaciones

transitorias en otros organismos, el poder de policía y fiscalización en todo

lo relativo a residuos peligrosos y a toda otra sustancia contaminante del

ambiente, desde la producción hasta la disposición final de los mismos…

-conf. Artículo 60-.

Es   precisamente   en   ese   marco   que,   tras   la

solicitud de inscripción y los periódicos pedidos que Minera Argentina

Gold   SA.   efectuaba   en   su   carácter   de   generador   de   residuos   cuyo

tratamiento y/o disposición final se llevaría a cabo fuera de la provincia de

San Juan, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable otorgó la

referida autorización -conf. fs. 6/8 y 204/5 del expediente 70-385/2003.  De

hecho,   en   el   certificado   emitido   primigeniamente   y   en   su   posterior

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renovación   -fs.   306   y   554-   se   consignaba   expresamente   que   “

Esta

Secretaría, en su carácter de Órgano de Aplicación de la Ley 24.051 y sus

normas reglamentarias y complementarias, tiene la facultad de ejercer el

poder de policía que la normativa legal le adjudica, disponiendo las

inspecciones que considere pertinentes, y en las oportunidades que estime

necesario

”.  Dicha leyenda fue luego excluida de aquellos que obran a fs.

1016 y 2298-.

Fue precisamente en dicho marco de actuación

que se realizaron diversas inspecciones en el lugar  de la explotación,

abarcando   la   mina   propiamente   dicha,   el   taller   de   mantenimiento,   el

lavadero de camiones, la planta de proceso, el valle de lixiviación y el patio

de residuos peligrosos, entre otros sectores  -fs. 558/63, 1019/20, 2761/70-.

Sin embargo, diversos informes técnicos elaborados en relación a Minera

Argentina Gold SA en los que se asentaban las observaciones y falencias

que   debían   ser   solucionadas   por   la   citada   empresa   para   obtener   la

renovación de su Certificado Ambiental Anual, no fueron atendidos -conf.

  1. 2983/6, 3128/35,   3167/8-.     Particularmente,   el   último   informe   se

presentó pocos días antes de producirse el derrame que motivó el inicio de

estos actuados, y en él se sugirió además la realización de inspecciones

in

situ

del establecimiento “

para evaluar lo declarado en el expediente

”.

Aún así, no existió de parte del área a cargo de

la imputada actuación alguna orientada a que la empresa regularizara su

actividad, debiendo recordarse que el último Certificado Ambiental Anual

otorgado a Minera Gold SA fue expedido el 10 de febrero de 2011 -con

vencimiento el 10 de enero de 2012 -conf. Resolución SAyDS n° 4738,

glosada a fs. 2400-, pese a lo cual continuó desarrollando su actividad sin

inconvenientes y disponiendo los residuos peligrosos  fuera de la provincia

de San Juan.

De lo expuesto se deriva la razonabilidad del

criterio incriminante seguido por el

a quo

, cuya fundamentación y respaldo

-lejos   de   hallarse   ausente,   como   pretendiera   la   defensa-,   habilita   la

homologación de lo decidido.

En punto a los montos fijados en concepto de

embargo,   recurridos   por   las   defensas   técnicas,   debe   decirse   que   la

mensuración efectuada por el magistrado de grado se ajusta a las pautas

contenidas en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación, en

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tanto se han justipreciado razonablemente  las sumas correspondientes a las

tasas, honorarios y restantes gastos procesales, sin soslayar la necesidad de

resguardar fondos para atender un eventual reclamo patrimonial.

De   allí,   y   sobre   la   base   de   las   personales

intervenciones que en el hecho han tenido, las sumas de dos millones de

pesos impuestas a Mayoral y Lorusso y la de un millón de pesos fijada a

Domingorena, serán homologadas.

Es en virtud de lo expuesto que corresponde y

por ello el Tribunal

RESUELVE:

CONFIRMAR

la resolución que obra en copias

a fs. 1/32 de este incidente en todo cuanto decide y ha sido materia de

apelación

Regístrese, hágase saber y devuélvase.

MARTIN IRURZUN

Juez de Cámara

LEOPOLDO BRUGLIA

Juez de Cámara

LAURA VICTORIA LANDRO

Secretaria de Cámara

Cn: 41253 Reg: 45674

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