Catamarca: Inquietante mensaje de la Justicia

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Mala señal: la justicia de Catamarca avaló la conducta difamatoria de un ex legislador provincial.


La Justicia provincial ha desaprovechado una valiosa oportunidad para transmitir a la comunidad, a través de un fallo ejemplificador, que en Catamarca la ley tiene plena vigencia y debe ser cumplida. Por el contrario, ha convalidado la difamación gratuita e irresponsable de las personas como forma legítima de defender una opinión personal. Lo hizo el pasado viernes al absolver al militante político Pablo Ernesto Sánchez en una querella entablada en su contra por el presidente de Editorial Capayán SA, Silvestre Zitelli, quien fue injuriado por expresiones agraviantes publicadas en un espacio editorial del diario El Esquiú (“El Secretario”) el 12 de enero de 2017. Allí Sánchez había afirmado que salía en defensa de su “amigo” Armando Mercado a raíz de una nota periodística de EL ANCASTI sobre la coyuntura de la empresa minera YMAD. Y en tal misión, expresó lo siguiente: “El miserable dueño del Diario El Ancasti, Silvestre Zitelli, como no podía ser de otra manera y demostrando su cobardía, le quiere endilgar al ya fallecido Armando ‘Bombón’ Mercado los actuales problemas que tiene YMAD (…); este miserable comentario de este personaje nefasto, culpable entre otras cosas del aberrante paso de Taselli por la empresa de energía (…) Sinceramente lamentable empresario, cobarde e hipócrita, que sin el menor escrúpulo ataca a un muerto que sabe que no puede defenderse (…) En definitiva: por un lado, un hombre (Mercado) que hizo mucho por nuestra provincia, y por el otro, uno (Zitelli) que solo contribuyó a la mentira y a lo peor de la condición humana”. Además de los agravios, Sánchez incurrió en varias falacias que no vale la pena desmentir. Porque representan el mal menor.

Por supuesto que Sánchez podría haber defendido con alguna altura a su “amigo” Mercado sin caer en golpes denigrantes de la honra y la dignidad de terceros. Pero claramente nunca fue estilo. No lo hizo cuando fue diputado del FCS en los años de gloria del FCS, ni posteriormente cuando se pasó al FJV en la era kirchnerista. De hecho, la historia no lo va a recordar por sus aportes constructivos a la provincia. Sin embargo, el problema en Catamarca no son los Sánchez, sino los jueces que avalan sus conductas y les restituyen el arma para que sigan disparando contra cualquiera que les venga en ganas. En este caso fue el tribunal de la Cámara Penal Nº 2 presidido por Rodolfo Bustamante e integrado además por Marcelo Soria y Luis Guillamondegui. Los jueces no repararon en la gravedad de las expresiones agraviantes del ex legislador y por unanimidad resolvieron absolverlo de culpa. Y de ese modo consagraron la licencia plena para insultar en público y sin castigo alguno. La honra de los ciudadanos en esta provincia corre serio peligro con un Poder Judicial –o una parte de él- que renuncia a su deber de protegerla y garantizarla. Se trata de un auténtico retroceso en el Estado de Derecho. El honor, reconocido por la ley como un atributo primario del ser humano y un derecho fundamental de las personas, aquí es algo que bien puede ser obviado en un fallo.

En el proceso abierto por esta querella sucedió algo revelador: el propio Sánchez admitió su desmesura, intentó explicar sus motivaciones para decir lo que dijo y pidió disculpas a Zitelli ante el tribunal. Pero como no se retractó ni se arrepintió, la causa siguió adelante. Es decir, los jueces tenían claro que el acusado de injuriar había reconocido sus excesos, que para la ley configuran lisa y llanamente un delito, pero tampoco lo valoraron. Verdaderamente preocupa esta señal de la Justicia hacia afuera. Porque el derecho penal tiene una función comunicativa, que es llevar un mensaje de afianzamiento del derecho a la sociedad. Esto es, comunicar que con el castigo de las conductas ilícitas la gente puede confiar en la vigencia de la ley. De otra forma únicamente impera la anomia o, peor aún, la anarquía. Todavía existe, no obstante, una instancia judicial superior a la que es posible apelar en defensa del derecho vulnerado. Solo queda esperar que otros jueces asuman que una convivencia social sana y pacífica es imposible en Catamarca con la legitimación del escarnio público.

El Ancasti