Mendoza: Qué hacemos con los recursos naturales

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Mendoza no tiene bien saldado el debate sobre qué hacer con los recursos naturales renovables y no renovables. El intento de reforma de algunas leyes trajo a escena viejas tensiones. Las normas que hay dan instrumentos, pero se requiere pericia política para poder generar una convivencia de posiciones y actividades.


Pablo Icardi       

ay conflictos que parecen atomizados; desperdigados y que no tienen conexión. Sin embargo todos responden a una misma inquietud que Mendoza no tiene saldada por completo: qué hacer y cómo administrar los recursos naturales. Desde lo recursos no renovables, como el petróleo y la minería; hasta los recursos renovables pero escasos y degradados, como el agua. Todos, además, parte de un sistema donde cada cosa tiene valor de mercado y, por ende, un interés económico que pone en tensión los intereses particulares con el interés colectivo.

El agua es escasa y tiene valor de mercado (un mercado en negro). La minería vuelve a aparecer como una actividad para ampliar la matriz productiva. La energía, hidroeléctrica y renovables, volvió a ser un negocio por el valor atado al dólar. El petróleo, por precio y necesidad, se vuelve a potenciar.

Mendoza tiene una base normativa que, en teoría, blinda y regula la administración de los recursos naturales. Incluso hay normas nuevas que deberían servir de herramienta para ordenar y evitar litigios. El Plan de Ordenamiento Territorial y los planes municipales que se están elaborando deberían ser la base de la política de cada zona.

Cornejo logró quitar de su gabinete una pelea que era habitual en otras gestiones entre quienes promovían actividades extractivas y quienes se oponían o tenían mucho recelo. Esa “armonía” prioriza el desarrollo de las actividades y algunas veces se confunden roles: quienes deben controlar, promueven. La Secretaría de Ambiente ha tenido un mejor desempeño cuando se avocó el cumplimiento de las normas, como ocurrió con la clausura de proyectos inmobiliarios que no tenían impacto ambiental aprobado y hasta reglamentando el fracking. No tanto cuando confunde su rol con el de promoción de las actividades extractivas, como el impulso a la reforma de la 7722. Antes, por ejemplo, es necesario que se fortalezcan los flacos mecanismos de control.

Mientras se debate qué hacer con los recursos naturales, hay una supervisión externa que parece invisible. Y no solo de parte de los empresarios que podrían invertir. Los archivos desclasificados de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos marcan a Mendoza por los recursos estratégicos que tiene. En realidad la mayoría de los informes de inteligencia que se producen en ese país apuntan a problemas políticos que viven los distritos y temas estratégicos. Los documentos a los que accedió MDZ que hablan de Mendoza tienen al petróleo y la minería como dos de los temas recurrentes.

Y no es nuevo. Desde la década del ’50 hay documentos que así lo refieren. El volumen de producción de petróleo, las áreas con más potencial, las destilerías y su producción, las minas de uranio y otros minerales y hasta los proyectos ferroviarios para transportar esos productos son parte de los informes detallados que se hacen. Incluso en los últimos años se prestó particular atención a la caída del proyecto Potasio Río Colorado.

El “buen vecino” y la necesaria pericia política

El intento de reforma de la ley 7722 trajo de nuevo a escena a la minería como eje de esas tensiones. En Mendoza, se ha comentado hasta el hartazgo, esa actividad ha generado más trabajo a abogados que a geólogos y hasta en el propio Estado hay más especialistas en litigios ambientales, que en control de las actividades. El Gobierno adhiere de manera culposa al intento de modificar la ley. Tanto, que intentaron, rozando el ridículo, que el Gobernador había enviado al subsecretario de Energía a dialogar con los legisladores oficialistas que lo proponen. Más allá de estar a favor o en contra, esa forma de relación con el tema no ayuda a transparentar el proceso para abordar el tema y hasta empaña el trabajo realizado por la misma Secretaría que elaboró una política minera que está cajoneada. Más si se tiene en cuenta que la gestión de Alfredo Cornejo se caracteriza por hacer ejecutivos los cambios que cree conveniente. 

Si un área puede restringir actividades económicas, como la minería y el petróleo, porque la comunidad lo decide, otras pueden creer lo contrario y ejecutarla. Claro que en todos los casos puede entrar en conflicto la “soberanía” para decidir y la idea del “buen vecino” que no perjudica a quien vive al lado. Pero la ecuación es más complicada. Los recursos naturales son propiedad de la provincia, que otorga concesiones, pero muchos de los controles, los apoyos y oposiciones son municipales; en una provincia donde los derechos comunales están atrasados en la normativa. En todos los casos, la conducción requiere una pericia política enorme que, a la vista de lo que se ve, aún no se alcanza.

En paralelo hay otros intentos de reforma que podrían afectar el manejo de los recursos naturales. Uno de ellos tiene que ver con el agua. Otro legislador de Unidad Ciudadana propone, a través de una ley, quitar las concesiones de agua a quienes no se reempadronen y tener la potestad de otorgarle esos permisos a otros campos que no tienen derecho de riego. Ese proyecto abriría el juego a un negocio enorme: los derechos de agua y pozos se venden en el mercado negro a millones de pesos. En realidad cotizan en dólares y ya han generado litigios enormes. El agua en Mendoza no solo es escasa. También es un bien que se negocia y que genera enormes especulaciones. Litigios entre privados y el Estado; demandas entre privados y acuerdos que no siempre están en los registros oficiales, son parte de una trama que se va a profundizar con la sequía.

La energía pasó a ser un bien escaso y necesario y, con el cambio en la política de precios, también un negocio. Mendoza recobró el interés, pues podría multiplicar la generación de energía y las divisas en los próximos años. Con un bien que cotiza en dólares, la generación de energía subió en el orden de prioridades. Por eso el Gobierno acentuó los reclamos por la potestad de las represas y leen la letra chica de todos los acuerdos para la ejecución de obras con la idea de garantizar el control de la energía. El agua en ese caso también es un bien clave.

El análisis del tema no tienen tantas respuestas por ahora, sino preguntas.¿Los recursos se guardan como una “caja de ahorro” para el futuro? ¿Se buscan alternativas de extracción sustentables? ¿Se apuran proyectos por la necesidad económica? ¿Se declaran intangibles para no tocarlos nunca?

Mdzol.com