Denuncian a China ante la ONU por la violación a los derechos humanos en 18 proyectos de América latina

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Se trata de un informe de 21 ONG de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil y Ecuador que será presentado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos; alertan sobre graves denuncias en proyectos financiados por los chinos


Los proyectos de millonarias inversiones que realiza China en América Latina estarán bajo una severa evaluación el próximo 6 de noviembre en las Naciones Unidas y la perspectiva parece demoledora para el gobierno de Xi Jinping: un total de 21 organizaciones de la sociedad civil presentarán una evaluación sobre 18 proyectos financiados por los chinos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú donde se muestra que existe un “incumplimiento sistemático” de la obligación de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.

El informe se presentará en el Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de China que tendrá lugar el próximo 6 de noviembre en Ginebra ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, que es donde se evaluará si el gobierno de Xi Jinping cumple con una serie de convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos en otras latitudes.

Según este informe elaborado por 21 ONG de diferentes países de América latina, el financiamiento chino se ha tornado en un factor determinante para la vigencia de los derechos humanos en América latina ya que entre 2009 y 2017, los préstamos chinos a la región alcanzaron USD 145.000 millones, sobrepasando los del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Para 2017, la inversión directa china alcanzó un acumulado de USD 113.6 mil millones.

Entre las observaciones más relevantes que expondrán ante la ONU estas organizaciones civiles se destaca que los proyectos en América latina muestran una violación a los derechos humanos en cuanto a los siguientes puntos: no se efectúan consultas previas a las comunidades para el desarrollo de un proyecto; no existe una protección a la vivienda digna y la tierra de quienes participan en los proyectos, no hay parámetros de trabajo digno, existen en muchos casos un avasallamiento a los pueblos originarios y no se desarrollan actividades en ambientes sanos.

Entre los 18 proyectos evaluados en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú se destacan 7 proyectos mineros, 6 proyectos petroleros y 5 proyectos hidroeléctricos además del caso argentino que contempla la intención de establecer una central nuclear con tecnología exclusivamente china. Todo estos proyectos están operados por 15 consorcios de Beijing que tienen una plena participación estatal además del apoyo de 6 bancos chinos.

En todos estos casos el informe de las 21 organizaciones civiles denuncia que se afectan a 15 territorios indígenas; 12 corresponden a la región amazónica, 11 proyectos están enclavados en áreas naturales protegidas y 5 estan ubicados en zonas de patrimonio cultural de la humanidad declarados por la Unesco.

Desde Argentina, María Marta Di Paola, directora de Investigación de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) expresó que “los resultados encontrados en los proyectos de China tanto en nuestro país como en el resto de la región son devastadores tanto por los daños a las comunidades locales como a la naturaleza”.

El caso argentino

En el informe que se presentará ante la ONU para el caso de la Argentina se analizó el proyecto de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz pero también los proyectos petroleros en Vaca Muerta de empresas chinas que cambian permanentemente de nombre y el plan de inversión de Xi Jinping para la construcción de una central nuclear que se está negociando con Mauricio Macri para tener listo el acuerdo antes de la cumbre del G20.

“En todos estos proyectos de China en la Argentina y en otros países de la región vemos que hay un patrón sistemático de avasallamiento de los derechos de las poblaciones y de las áreas protegidas”, remarcó Di Paola.

El capítulo argentino del informe que se presentará en la ONU sobre el caso de inversiones chinas en América latina también señala los problemas de falta de insumos hospitalarios que hay en la zona de la construcción de represas en Santa Cruz por el hecho de dar prioridad a los operarios del proyecto de las hidroeléctricas, el acceso a agua potable en la localidad de Luis Piedra Buena, el impacto en el medio ambiente, el retaceo de información oficial sobre el proyecto de la central nuclear con tecnología china exclusiva y el perjuicio que están sufriendo los pueblos indígenas tanto en Vaca Muerta como en la zona de las represas.

También se alerta que las represas en el Río Santa Cruz en Argentina que tienen una inversión de USD 4.7oo millones (la más grande inversión china fuera de China en el sector hidroeléctrico) se encuentra enclavada en la mayor concentración de hielo (fuera de la Antártida) en el hemisferio Sur.

“Todo esto demuestra una falta de compromiso de China con el ambiente y el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la región”, añadió la directora ejecutiva de FARN.

Además, el informe de este grupo de 21 ONG señala que después de casi 10 años de haber experimentado una ola masiva de financiamiento chino en América Latina, cabe preguntarse: ¿Qué consecuencias ha tenido este financiamiento en la vida de las comunidades donde se desarrollan los proyectos?

“Las empresas y los financistas chinos han vulnerado los derechos de los pueblos indígenas de muchas formas. Su presencia sólo ha traído más destrucción y tristeza justamente a quienes debemos la protección de los bosques que todavía están en pie”, señala Karla Sessin de la agrupación Proteja Amazônia en Brasil. En el caso de la hidroeléctrica de São Manoel en Brasil, operada por la china Three Gorges, se han destruido dos espacios sagrados de fundamental valor cultural para los pueblos indígenas Munduruku, Kayabi y Apiaka. Mientras que en Bolivia y Ecuador, tres pueblos indígenas en aislamiento están siendo amenazados por las operaciones de China Petroleoum Corporation Company, Sinopec y China National Petroleum Corporation.

En Perú, donde las empresas chinas dominan la extracción minera, las comunidades afectadas por la operación de China Minmetals Corporation en Las Bambas han vivido, por más de dos años, bajo repetidos estados de emergencia sin poder ejercer sus derechos a la libre asociación, libre tránsito y libre expresión. Los estados de emergencia también han sido medidas populares en los proyectos chinos en Ecuador y Brasil. Lo que dejó un triste saldo de media docena de personas fallecidas en los enfrentamientos con militares y policías en Ecuador y Perú; así como centenares de personas criminalizadas por la defensa de sus derechos.

Tanto los préstamos como la inversión directa china se han concentrado en la construcción de infraestructura energética y de transporte, y en proyectos de extracción de recursos naturales, ambos sectores ambiental y socialmente sensibles.

“Estas tendencias se van a profundizar en el futuro, dado que China ha comprometido millonarios fondos para la región y que conjuntamente con los gobiernos, ha acordado una serie de compromisos de inversión”, sostiene Marco Antonio Gandarillas del Centro de Documentación e Información de Bolivia.

Para Sofía Jarrín del Centro de Derechos Económicos y Sociales en Ecuador, “la cooperación bilateral no puede darse a expensas de los derechos humanos y ambientales de las comunidades a quienes justamente se pretende servir con los proyectos.” Jarrín explica que según los principios de derecho internacional en materia de derechos humanos “China está obligada a respetar los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas por sus inversiones en donde quiera que se encuentren”.

“Las empresas que han invertido en nuestros países se han aprovechado de la debilidad de leyes nacionales y de la complacencia de los gobiernos de turno. Pero al fin del día, en el contexto global, la responsabilidad no es sólo de esas empresas o de los gobiernos nacionales, sino también de los Estados a los que responden esas empresas. Es por ello que el EPU de China es una oportunidad crítica para que China nos escuche, asuma responsabilidad y cambie”, señala Julia Cuadros, miembro del Consejo Directivo de CooperAcción en Perú.

Finalmente, el informe sostiene que China debe incorporar los principios, convenios y tratados de derechos humanos en sus estrategias, políticas, planes y proyectos de inversión en América Latina, y establecer mecanismos que garanticen su implementación.

También se alertará ante el grupo de revisión de la ONU que China deberá ratificar el Convenio 169 de la OIT ante la violación al trabajo digno en muchos de los proyectos; realizar exámenes de debida diligencia en derechos humanos durante todo el ciclo del proyecto; establecer medidas de acceso a la justicia y la reparación de las víctimas, y abandonar los proyectos en que se siguen violando leyes nacionales e instrumentos internacionales de derechos humanos.

Para el grupo de estudio sobre el financiamiento e inversiones chinas en América latina, “la relación ganar-ganar y la cooperación Sur-Sur entre China y América Latina, por el momento, está sólo en los discursos de los políticos”.

Entre los que forman parte de este estudio que se presentará ante la ONU se encuentran el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES, Ecuador), el Centro de Documentación e Información de (Bolivia), CooperAcción (Perú), y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina) y el Colectivo Proteja Amazônia (Brasil).

Todas estas denuncias se presentarán en la ONU para la evaluación anual sobre derechos humanos que hacen los estados miembros a través de un mecanismo abierto a la sociedad civil. El EPU fue concebido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2006 y en este caso podría constituir una oportunidad para que China cumpla con los derechos humanos en los países donde tiene inversiones, establezca obligaciones extraterritoriales y realice una rendición de cuentas de sus empresas.

Fuente: infobae.com

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