Una mala noticia recibieron las administraciones provinciales el pasado martes de las bocas del asesor presidencial Gustavo Lopetegui y del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Los funcionarios señalaron que la represa Portezuelo del Viento, que se construirá en Mendoza, será licitada con el esquema tradicional y no a través del régimen de Participación Público-Privada (PPP). El anuncio fue la oficialización de la decisión del gobierno de suspender todos los proyectos que tenían esta forma de financiación.


El régimen de PPP era una de las pocas herramientas con la que contaba la administración nacional para ejecutar obras en un contexto de ajuste y fuertemente recesivo. Se sabe el impacto virtuoso que tiene la activación de la obra pública sobre todos los indicadores de la economía, y, como contrapartida, los efectos negativos de su paralización. Las provincias habían recibido como promesa de los funcionarios nacionales, incluso como contraprestación al voto positivo de los legisladores a proyectos clave para el oficialismo, entre ellos el propio Presupuesto 2019, la realización de diversas obras de infraestructura en sus territorios. Hoy esa promesa difícilmente se cumpla, salvo que el panorama de la economía argentina cambie sustancialmente. En definitiva, fue un apoyo por nada a cambio.

Es que la suba del riesgo país, que alcanzó esta semana su nivel más alto desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre de 2015, describe el diagnóstico que el establishment tiene de la marcha de la economía argentina: una creciente vulnerabilidad financiera que ahuyenta a los inversores privados, la pieza clave del esquema PPP. En esta situación, ni las empresas privadas pueden conseguir financiamiento en condiciones razonables, ni el sector público colocar bonos en el mercado para cancelar los avances de obra.

El Gobierno nacional tenía intención de financiar mediante el régimen PPP alrededor de 40 proyectos de infraestructura por más de 21.000 millones de dólares en las áreas de energía, minería, transporte, comunicaciones, tecnología, agua y saneamiento, vivienda, salud, justicia y educación. Entre ellos figuraba, al menos en la planilla anexa denominada “Participación Pública- Privada (PPP) Contrataciones de obras que pueden incidir en ejercicios futuros”, la obra del Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo que está proyectado para levantarse en el departamento Santa María, en el límite con Tucumán.

La gran mayoría de estos 40 proyectos no podrá realizarse, al menos en el corto y mediano plazo. Solo unos pocos podrán encararse en la medida en que el Gobierno decida destinar algunos recursos para ejecutarlos con el esquema clásico de financiamiento exclusivamente estatal.

De modo que el panorama recesivo que se proyectaba para este año podrá agudizarse al fracasar el método de financiamiento de obras de infraestructura con aporte privado.

En el caso del Norte argentino, de no mediar algún cambio de estrategia o sorpresiva mejora en la economía, el ya de por sí paupérrimo Plan Belgrano está condenado a reducirse prácticamente a la nada. Y la promesa a los gobernadores por el apoyo a leyes clave, defraudada nuevamente.

El Ancasti