¿Hasta qué punto es bueno dejar librado el desarrollo de los pueblos a las decisiones de las compañías?, ¿Por qué las instituciones intermedias son usadas para simular colaboración?.


Por Andrea Polizzotto

Cuando se habla de derechos, siempre habrá valoraciones para uno y para otro lado.

Pero quien defiende nuestros derechos cuando hay temor reverencial y sometimiento económico?

Cuando los derechos de un pequeño prestador de servicios son avasallados y vapuleados por grandes corporaciones, cuando los aportes comunitarios y el desarrollo de los pueblos no son prioridad, cuando las cámaras e instituciones intermedias son usados para fines personales, cuando no hay un verdadero control, porque el estado no puede estar en todos lados, y la corrupción y las personas han perdido por completo la ética y la dignidad.

Porque cuando pierden con la palabra y la inteligencia no les da, cuando los supera la realidad, la mentira y la difamación es el único camino que ven posible.

Porque no son emprendedores, son mercenarios que compiten robando ideas, porque no les basta con la  retribución de sus trabajos, deben robar lo que debe llegar a los demás, compiten con los privados haciendo uso y abuso de la información y el lugar que ocupan.

Por suerte, no todos en la comunidad estamos ciego y sordos. Porque los recursos se cortan siempre de abajo hacia arriba, porque quienes pierden siempre son los débiles, los mansos, los que no hacen más que buscar el bien común y dignificar la actividad con su trabajo.

La dignidad es inherente al ser humano, por eso el trabajo es digno. Cuando personas de bien hacen su trabajo con pasión, ese trabajo es digno, la minería será una actividad lícita y digna, cuando esté dirigida y representada por personas dignas.

Pero cuando piratas oportunistas, difamadores  que subestiman a la comunidad, hacen sus manejos, ninguna retribución es justa y suficiente, y la minería pasa a ser demonizada por la comunidad.

Siempre van por más, la avaricia de llenar, lo que no puede con orgullo y dignidad de trabajos de autoría personal, hacen que sus necesidades sean ilimitadas, y lo serán siempre.

La inteligencia y la dignidad es lo único que da satisfacción y justa compensación, el resto son solo palabras repetidas, discursos aprendidos, en lugares y frente a personas que desconocen la verdad.

Información hay mucha, y esta para ser usada. Quien omite no miente, solo espera la oportunidad para que esta sea eficaz.

Muchos temas hay que preocupan hoy, el entorno, el medio y las personas. Pero la seguridad y el control, no pueden dejar pasar hechos concretos, hay ojos en todas partes, y si todos tenemos una boca para hablar, no olviden que además tenemos dos ojos y dos oídos que escuchan y ven el doble de lo que pueden decir.

En la actualidad, el reto del cambio climático es el mayor problema medioambiental que enfrenta la comunidad internacional. Este fenómeno, además de ser un reto medioambiental, es también un claro reto social y económico que afecta al disfrute de los derechos humanos en su totalidad.

De ahí se puede inferir que, de dos derechos protegidos, e igualmente valorados como son el derecho al medio ambiente y el derecho al desarrollo, debe surgir un contrato social, donde se vean reflejados y protegidos los intereses y necesidades de cada parte, no podemos ver solo la posición del ambientalista o la posición del pro minero o industrial.

Lo que hay que ver es el interés y necesidad detrás de la posición de cada uno, debiendo el estado intervenir a través de reglamentaciones, de presupuestos mínimos a los fines de lograr la paz social y que cada ciudadano dentro del ámbito social y geográfico donde le toca desarrollarse pueda hacerlo en plenitud de sus derechos y garantías, pero sobre todo tratando de acordar con cada comunidad, ayudarlos, educarlos, informarlos, y luego de contar con toda la información necesaria, ayudarlos a tomar la mejor decisión y evaluar cuál es la mejor alternativa al acuerdo negociado entre estado y comunidad, y poder actuar en consecuencia.

El estado no puede avasallar los derechos de una comunidad, pero tampoco puede dejar desvalida, solo por satisfacer a unos pocos, el consenso y licencia social debe surgir de la comunidad toda, debidamente protegida e informada, con información cierta y veraz, que no sea tendenciosa.

Dentro de los derechos del hombre y del ciudadano en cada comunidad, se encuentra también el derecho al agua.

Sabemos que el agua es un bien escaso, y al mismo tiempo imprescindible para la vida de seres humanos y ecosistemas. La situación actual de este recurso es muy preocupante: según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable segura. Por ello, y debido a la importancia que tiene el agua potable para los seres humanos, es vital el reconocimiento y garantía del derecho humano a disponer de agua potable.

La Declaración de Derechos Humanos Emergentes reconoce el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento cuando afirma que todos los seres humanos y todas las comunidades tienen derecho a vivir en condiciones de dignidad.

Pero cuando hablamos del agua, hablamos también de procesos, de energía, y la industria en todas sus formas está presente, de ahí que no podemos garantizar un derecho sin dejar de priorizar otros que ayudan a su garantía como es el derecho al desarrollo.

Y la minería con actividad productiva, usa en sus procesos, también el agua, pero sin minería no podríamos obtener un sinfín de elementos que también son vitales para el hombre.

Es por ello que cuando hablamos de medio ambiente, del agua y de la minería no debemos olvidar que todos son importantes en menor o mayor medida para lograr el bienestar y desarrollo del hombre en comunidad.

Pero el estado debe, en todo momento intervenir regulando, protegiendo  e incentivando, y también apoyando la producción y el desarrollo, y el desarrollo, con cuidado del medioambiente y  responsabilidad social, con el medio en el cual se desarrolla, siempre cuidando al más débil.

Un estado ausente o desinteresado, tampoco sirve, y no sería estado de derecho, ya que la propia Constitución Nacional, en su  Artículo 124, establece que: “Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.

Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”.

Y junto a este artículo está el Artículo 41 CN que reza: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. El estado debe controlar que se cumpla también este punto.

En todos los artículos referidos a los recursos naturales y medio ambiente, existe la obligación por parte de las autoridades de legislar al respecto y hacer cumplir la ley.

Cuando hablamos de licencia social, no debemos ser facilistas, el estado se debe involucrar, buscar consenso y acuerdos comunitarios, es más fácil decir que se arreglen solos.

El estado debe intervenir positiva y activamente, controlar y exigir a las Compañías, en un trabajo conjunto y acordado con cada una de las comunidades en que ambos derechos constitucionales, de un ambiente sano y equilibrado y derecho al desarrollo, se encuentren en pugna, a los fines de poner luz y llevar la paz social a cada rincón de la nación.-

Hace varios años que vengo trabajando que las comunidades locales, tanto del departamento Iglesia, como Calingasta y en menor medida Jáchal. He visto con mucha pena que los tres actores principales de la comunicación y defensa de la actividad, han equivocado el camino, algunos por acción y otros por omisión.

Muchas veces dije que, la comunicación para que sea eficaz, debe ser precisa, veraz y oportuna, si alguno de esos componentes falla, ha fallado la comunicación. Y si no sabemos comunicar lo que hacemos, y si ocultamos información o directamente no comunicamos, la duda y la incertidumbre se apoderan de la comunidad y comienzan a tejerse un sinfín de supuestos que es casi imposible parar.

Las comunidades locales nos necesitan cerca, necesitan que las compañías que van a instalarse en su comunidad se acerquen a ellos, que se presenten, que se comprometan, que conozcan su gente, sus nombres y hasta sus costumbres, que los ayuden a crecer y desarrollarse, pero la ayuda debe ser sostenida, sino es una condena al fracaso, nadie puede planificar ni crecer sin seguridad financiera, y si los abandonan cuando se les da la gana, porque no le cierran sus ganancias, no hay sustentabilidad posible, es todo una trampa.

Ahora pasaran a ser los nuevos vecinos, y como pasa cuando nos mudamos y llegamos a un nuevo barrio, debemos presentarnos, decirles nuestros nombres, contar quienes somos y que hacemos, Y DECIR LA VERDAD, lo demás vendrá con el tiempo y la familiarización.

Cada comunidad tiene una idiosincrasia y forma de ser diferente, usos y costumbres, necesidades y hasta entornos geográficos diferentes. Lo que deben estas compañías hacer es, acercarse a cada comunidad en la que van a actuar, y comunicar, interactuar, por ahí lo que necesitan no es dinero, no es asistencialismo, quieren que los ayuden a progresar, quieren capacitación y trabajo, quieren que sus hijos no emigren cuando terminen el colegio por falta de oportunidades, quieren que preserven su hábitat, quieren tantas cosas que no son dinero, intereses y necesidades detrás de las posiciones, la compañías debería acercarse y saber mirar. Es necesaria una escucha activa de cada comunidad.

Si van a trabajar en defensa de algo, sería bueno que expresen claramente su misión, visión y objetivos, quizás así entendamos que se trata de una causa justa, y entonces podamos ayudar.

Tanto las compañías como las comunidades tendrán sus posiciones y sus intereses, respetables ambos. Es más, comparto el derecho de todo ser humano y toda comunidad, para su supervivencia, al agua potable y al saneamiento, a disponer de energía y de una alimentación básica adecuada, y a no sufrir situaciones de necesidad. Toda persona tiene derecho a una vida digna, a un suministro eléctrico continuo y suficiente y al acceso gratuito a agua potable para satisfacer sus necesidades vitales básicas.

La minería como actividad productiva, usa en sus procesos, también el agua, pero sin minería no podríamos obtener un sinfín de elementos que también son vitales para el hombre.

Y con esto aclaro que, no estoy ni a favor ni en contra de nadie, creo que, debería ser cada compañía y el estado, quienes intervengan positiva y activamente en un trabajo conjunto y acordado con cada una de las comunidades en que ambos derechos constitucionales, de un ambiente sano y equilibrado y derecho al desarrollo, se encuentren en pugna, a los fines de poner luz y llevar la paz social a cada rincón de la nación.-

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