La Asociación del Personal Superior de YCRT pidió un amparo ante el riesgo de que el gobierno nacional decida el cierre o privatización del complejo energético minero.


La Asociación del Personal Superior de Yacimientos Carboníferos Fiscales radicó una acción colectiva de amparo ante la Justicia laboral en defensa de sus fuentes de trabajo en los yacimientos de Río Turbio (YCRT), “amenazados de extinción por la actual gestión empresarial”, dependiente del gobierno nacional. La presentación judicial solicita que se adopte “una medida cautelar que impida la amenaza de cierre o privatización de la explotación minera y de sus valiosas instalaciones accesorias”. La entidad fundamenta la urgencia en “la situación de falta de pago de los créditos de la AFIP, que se encuentran en ejecución judicial y que pueden derivar en una obligada presentación concursal o la quiebra de YCRT”. Según  sostuvo Eduardo Barcesat, que asumió la representación letrada de la asociación de profesionales, “esta acción de amparo podría configurar un caso piloto para proteger las fuentes de trabajo amenazadas por las políticas económicas del actual Gobierno Nacional, que llevan al cierre de toda actividad industrial y, muy especialmente, a las empresas del Estado que aún se mantienen en pie”.

Los yacimientos carboníferos de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, vienen amenazados de desaparecer desde el cambio de gobierno nacional, en diciembre de 2015, pese a que su explotación y desarrollo formó parte de una política de abastecimiento energético multimodal e integrado que llevó, incluso, a plantear la construcción de una central eléctrica que debía ser alimentada por el carbón extraído de la mina. La usina termoeléctrica quedó inconclusa faltando apenas una porción menor de la obra civil para su puesta en marcha –según lo que repasa la misma presentación judicial aludida– , “obrar inexplicable teniendo en cuenta las actuales carencias de energía eléctrica que atraviesa el país”.

El mismo escrito advierte que, de cumplirse “la amenaza de extinción de su actividad, ya sea con el propósito de privatizar a precio ruinoso, o de cerrar la actividad minera, dejaría inermes y desamparadas a tres localidades de la provincia de Santa Cruz, cuya población depende fundamentalmente de dicha actividad extractiva”. Además de la mina y la central termoeléctrica, el complejo también está integrado por el transporte ferroviario que atraviesa el territorio provincial hasta el Océano Atlántico, y las instalaciones para el transporte marítimo del carbón.

La acción de amparo tiene por objeto, además, “proteger la titularidad jurídica del pueblo argentino de dichas riquezas y recursos naturales, conforme lo establecen los Pactos Internacionales de Naciones Unidas, de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son las normas de mayor jerarquía del derecho internacional de los derechos humanos”.  Y agrega que, “atendiendo que la Constitución Nacional, en su art. 124, establece el dominio originario de las provincias sobre las riquezas existentes en su territorio, se recaba del Juzgado se cite, como tercero interesado, al gobierno de la provincia de Santa Cruz”.

Página 12