Artículo realizado por Fabián Ruocco, especialista en medioambiente y energía, y Director Ejecutivo del CEDyAT.


El control de la contaminación, generada por las colas o desechos mineros provenientes de los complejos productores de uranio, constituye una de las realidades ambientales más preocupantes en las provincias de Mendoza, de Córdoba y también lo será en Formosa en cuanto se ponga en marcha la Nueva Planta de Uranio.

Esos pasivos ambientales no pasan desapercibidos ante los ojos de una sociedad más exigente y consciente de que el cuidado de los recursos naturales exige involucrarse y participar.

El derecho a la participación ciudadana es fundamental e inherente a nuestra Constitución Nacional, otorgando a la ciudadanía el derecho a opinar responsablemente y a ser escuchados por las autoridades públicas, de manera que las apreciaciones sean incluidas efectivamente en el proceso de toma de decisiones.

De esta manera, la participación ciudadana termina siendo una herramienta trascendental para la protección del ambiente, como así también para lograr el intercambio y la armonía entre la ciudadanía y el Estado, puesto que su principal objetivo es garantizar la comunicación entre los vecinos y las autoridades de manera eficaz y transparente.

Convocada por la Dirección de Protección Ambiental (DPA), dependiente de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, se realizó la semana pasada la Audiencia Pública con la presencia de más de 500 personas y alrededor de 80 oradores que dieron a conocer su posición ante la “Manifestación General de Impacto Ambiental” del proyecto de Remediación Ambiental del Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR). Un tema que no fue resuelto en 25 años.

Los mendocinos se han mostrado muy activos ante la convocatoria de la actual gestión provincial que busca solucionar esta postergada situación. En simultáneo, aún permanecen frescas en las retinas las imágenes con las terribles consecuencias de la tragedia de Brumadinho, en Brasil, que dejó como saldo 150 muertos, 182 desaparecidos, el río Paraopeba contaminado, un pueblo entero arrasado y cerca de un millar de personas que han sido evacuadas de las inmediaciones de dos presas del estado de Minas Gerais por temor a nuevos derrumbes.

En ese contexto de la minería regional, resulta de público conocimiento que la provincia solicitó en reiteradas gestiones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) la remediación ambiental de los residuos contaminantes que se generaron durante los años de operación de la planta y, cumpliendo con los procedimientos correspondientes previos a una Declaración de Impacto Ambiental.

La Ley Nacional N° 24804, que regula toda la actividad nuclear en Argentina indica que un Complejo Minero Fabril como el de Sierra Pintada, debe tener el mismo nivel de seguridad que una Central Nuclear. Cosa que no sucedió.

En el año 2011, se produjo un evento que consistió en la rotura de una membrana geo-textil que impermeabilizaba un importante dique destinado a confinar efluentes líquidos contaminados. Allí hubo un derrame de líquidos y este hecho fue catalogado por autoridades locales de CNEA como un “atentado o sabotaje”. Por ello tomó intervención el Juzgado Federal de San Rafael conjuntamente con el Fiscal Federal.

El otro episodio más complejo tuvo lugar en 2013 cuando se produjo un desborde de líquidos contaminados que llegaron al Arroyo El Tigre y posteriormente al Río Diamante. Este hecho fue detectado por inspectores de Irrigación, a través de la División Policía del Agua, derivando en una multa pecuniaria. Aquí cabe señalar, y de acuerdo a lo indicado por Irrigación en la citada Resolución, se intentó “ocultar” este evento por parte de la CNEA. El hecho derivó en una denuncia penal radicada en el Juzgado Federal de San Rafael, por parte del entonces Senador Nacional Ernesto Sanz conocedor de la problemática dado que fue intendente de dicha ciudad entre 1999 y 2003.

Cabe recordar, que el Complejo Minero Fabril San Rafael (CMFSR), primer eslabón del ciclo de combustible nuclear, operó desde mediados de los años 70 hasta 1997, obteniéndose durante dicho período 1600 toneladas de uranio. A mediados de los años 90 como consecuencia de los muy bajos precios del concentrado de uranio en el mercado internacional y los elevados costos internos, Sierra Pintada detuvo su producción.

Durante esos años, se generaron residuos producto de la actividad minera y de la concentración de mineral, producto de la extracción a cielo abierto del mineral de uranio. Durante estas actividades se fueron generando canteras agotadas, rocas estériles y mineral marginal -rocas con bajo contenido de uranio-.

Actualmente, en los huecos de las canteras ingresa agua de lluvia y subterránea que, al estar en contacto con zonas mineralizadas naturalmente, cambian su composición originando lo que se denomina agua de cantera. Una vez que el mineral fue extraído de las canteras, se procesó en la planta para separar el uranio de las rocas. Durante esta etapa se produjeron colas de mineral, precipitados -producto de la neutralización de los efluentes de planta- y desechos mineros.

Es decir, los residuos generados por la actividad de la planta de concentración de mineral, y en existencia en el Complejo son: las colas de tratamiento y los lodos de precipitación. La planta de concentración, durante su operación, también generó como residuo efluentes líquidos ácidos, los que eran neutralizados con cal y evaporados en diques impermeables.

En su propuesta ante los vecinos la CNEA expresó cómo se incluirían actividades para la remediación de 5.223 tambores con residuos que fueron generados en el complejo minero de Córdoba y que a fines de la década del 90 fueron traídos a San Rafael. Son residuos embalados en bolsas de plásticos y contenidos dentro de tambores de 200 litros, que fueron colocados en trincheras. El contenido total de uranio es de 14 mil kilos.

En esta Audiencia Pública, la Comisión Nacional de Energía Atómica, presentó a la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Mendoza, el proyecto “Manifestación general de impacto ambiental”. Para ello, explicaron que se actualizó el estudio de impacto ambiental y el dictamen técnico fue hecho por la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI) de la Universidad Nacional de Cuyo (UnCuyo) con la participación de técnicos y expertos de la Municipalidad de San Rafael, la Municipalidad de General Alvear, la Dirección de Recursos Naturales Renovables, la Dirección de Minería, el Departamento General de Irrigación y la Autoridad Regulatoria Nuclear.

Las medidas propuestas remiten a la aplicación de distintas tecnologías que permitirán minimizar la concentración de uranio, radio y arsénico en el agua de cantera y extraer el uranio existente que se encuentra dentro de tambores. Para ello, por un lado, se utilizará la planta de tratamiento, que se encuentra en el predio, y, por otro, se aprovechará la construcción de un moderno dique con un sistema de múltiples barreras que permitirá concluir con la primera etapa de la remediación de los pasivos ambientales.

Por ello, más allá del amplio reconocimiento y las buenas intenciones de las Audiencias Públicas en términos políticos, y su incorporación como instrumento obligatorio para la aprobación de proyectos susceptibles de dañar al ambiente en Argentina, sabemos que, algunos casos, presentan defectos y otras veces no resulta eficaz para integrar mejoras ambientales a las que aspiramos para las presentes y futuras generaciones. Ojalá que no sea este el caso.

Fabián Ruocco

Especialista en medioambiente y energía, y Director Ejecutivo del CEDyAT. Realizó el estudio de impacto Socio-Ambiental en la provincia de Córdoba para la modernización de la Central Nuclear de Embalse.

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