El máximo tribunal fallará este año sobre un planteo clave para el futuro de la economía sanjuanina.


Promesa. El presidente argentino estuvo en Barreal a comienzos de 2016 para anunciar beneficios al sector minero. Allí también le pidieron que revise la Ley de Glaciares.

La Corte Suprema de la Nación estableció la lista de causas que tratará con prioridad en 2019, entre ellas si corresponde que los jubilados que cobran altos niveles de haberes paguen el impuesto a las Ganancias, la enmienda a la Constitución de La Rioja, que habilitó la reelección del gobernador Sergio Casas y un tema de especial interés en provincias mineras como San Juan: el pedido de inconstitucionalidad que presentó la minera canadiense Barrick sobre la Ley de Glaciares.

Además, entre la decena de causas que resolverá con prioridad, figura un reclamo del diputado nacional Felipe Solá contra el decreto del presidente Mauricio Macri que autorizó a familiares de funcionarios a acceder al blanqueo de capital.

También, sin fecha, se prevén dos audiencias públicas dentro del primer semestre del año: una vinculada al fondo sojero que reclaman las provincias de Santa Cruz, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Tierra del Fuego y la otra por una demanda de la empresa ESSO a la Municipalidad de Quilmes por cuestiones impositivas.

En su acuerdo habitual de los martes, la Corte fijó además como prioridad el caso en el que la empresa minera Barrick Gold pidió que se declare inconstitucional la ley de protección de Glaciares. La norma tuvo varias idas y vueltas legislativas y es rechazada por el sector empresario. La polémica en torno a la Ley de Glaciares se debe a que, según los especialistas, puede arrojar interpretaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, pero también otras muy restrictivas que le generan aversión a los inversores. Eso se debe a que pueden hacer un desembolso muy grande que luego quede invalidado por la decisión de un juez que optó por tomar los puntos más duros de la norma.

El año pasado el Gobierno nacional salió a realizar una serie de consultas a fin de promover una modificación en el texto que ayude a las inversiones mineras, ya que según el sector empresario, un cambio en esa legislación podría destrabar inversiones por US$ 18.000 millones, pero al mismo tiempo genera resistencias de organizaciones sociales, de la oposición y dentro de la propia coalición de gobierno. Esa ronda de consultas quedó inconclusa, aunque sigue siendo un reclamo permanente de los empresarios del sector. El presidente Mauricio Macri ya había prometido en febrero de 2016, cuando visitó Calingasta para anunciar la eliminación de las retenciones al sector, que trabajaría sobre el tema, aunque hasta el momento la situación continúa de la misma forma

Diario de Cuyo