El presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza consideró que la retirada de los inversores del proyecto minero obedeció a la “falta de voluntad política” para impulsar esta iniciativa y responsabilizó directamente al gobernador Alfredo Cornejo porque “pidió consenso” para modificar la legislación vigente, “sin necesidad de hacerlo”, y el peronismo “se lo negó”.


Para el presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, Carlos Ferrer, la retirada de los inversores del proyecto minero San Jorge obedeció a la “falta de voluntad política” para impulsar esta iniciativa y responsabilizó directamente al gobernador Alfredo Cornejo porque “pidió consenso” para modificar la legislación vigente, “sin necesidad de hacerlo”, y el peronismo “se lo negó”.

Ferre consideró que la partida de Minera San Jorge “es la consecuencia de un cúmulo similar de acciones de los últimos diez años, donde han tenido no solo la mayor disponibilidad  financiera, sino también la apertura necesaria para adaptar el proyecto a la legislación vigente y no han tenido ningún tipo de respaldo de los gobiernos anterior ni actual”.

“La trastienda no es una cuestión técnica, sino que la política digita atrás de la razonabilidad técnica y toma las decisiones que les conviene desde el punto de vista política y no orientado al interés común”, apuntó Ferrer en diálogo con MDZ Radio.

En ese sentido, el titular de la Cámara de Servicios Mineros hizo una curiosa relación entre la caída de San Jorge y el problema de la reelección de los intendentes: “Cornejo había pedido consenso político para la modificación de las leyes mineras, pero el peronismo se negó porque el gobernador no dio consenso para la reelección de los intendentes”.

“Responsabilizo directamente al gobernador Cornejo porque es la cabeza del Poder Ejecutivo, y sabemos que es muy imperativo para las cosas que le interesan y no necesita consenso. Faltó su decisión política”, añadió.

Para Ferrer, la Mesa de Diálogo Minero habilitada desde hace un año por el Gobierno provincial resultó en un fiasco: “Según promesa del secretario (Emilio) Guiñazú y el ministro (Martín) Kerchner, iba a desembocar en una política de Estado minera para los próximos diez años, y no ocurrió”.

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