La UIM, el CEM y otras entidades les pidieron a las autoridades de la Legislatura que traten de manera «urgente» los proyectos de modificación de la Ley 7722, que regula la minería metalífera en la provincia. Consideran que esta actividad «se encuentra literalmente prohibida» debido a los «excesos de la legislación vigente». Asimismo, agregaron que «a la fecha» no se han comprobado «los nefastos efectos anunciados» en relación al impacto ambiental en las provincias vecinas.


El Clúster Energético, integrado entre otros por la Unión Industrial de Mendoza (UIM) y el Consejo Empresario Mendocino (CEM), envió un documento a los jefes de los distintos bloques de la Legislatura para que aceleren el tratamiento de los proyectos de reforma de la Ley 7722.

«Solicitamos el urgente tratamiento de los proyectos de modificación de la Ley 7722, a fin de lograr la reactivación en el menor tiempo posible de los  demorados proyectos mineros que sin duda alguna potenciarán la actividad productiva de la Provincia e impactarán positivamente en la creación de empleos de alta calidad», plantearon.

En el documento, al que adhieren también varias cámaras empresarias y gremiales, además de organizaciones laborales y 149 empresas e instituciones, destacaron el caso chileno: «Chile es un ejemplo de cómo es posible desarrollar la minería y al mismo tiempo el sector agrícola«, además de otros argumentos.

Los seis factores para promover la minería metalífera, según el Clúster Energético

  1. El sector agropecuario reduce año a año su nivel de actividad y empleo, lo que impacta en la baja calidad de vida rural y profundiza la migración desde el campo a las ciudades.
  2. Las principales ramas industriales de Mendoza muestran una alarmante caída de todos los indicadores, salvo el de la capacidad ociosa que sube año a año.
  3. Solamente el turismo y algunas actividades nacientes, como las industrias creativas, pueden mostrar números positivos pero que de ninguna manera compensan la pérdida de los principales sectores ni, menos aún, generan empleos para los aproximadamente 8.000 mendocinos que, en promedio, cada año se incorporan al mercado laboral.
  4. Mayor actividad económica para la provincia de Mendoza, principalmente de pymes que proveen al sector, multiplicado los empleos calificados y bien remunerados que todo este entramado productivo implica.
  5. El posicionamiento de la Provincia de Mendoza como un centro de investigación, desarrollo e innovación en materia de producción e industrialización de minerales, de sistemas de control y prevención, de especialización de pequeñas y medianas empresas que salieran luego al mundo a vender sus tecnologías, productos y servicios.
  6. El aumento de los ingresos fiscales, que hubiera fortalecido la infraestructura social de los mendocinos y mejorado las condiciones en que se desenvuelve el resto de los sectores productivos. Mendoza contaría a esta altura con una infraestructura hídrica más completa y eficiente, que hubiera acrecentado ampliamente la frontera agrícola, de haber obtenido recursos provenientes de las regalías mineras.

Asimismo, el Clúster señaló que las «provincias vecinas han gozado y gozan de los beneficios del desarrollo» vinculados a la minería a gran escala, y agregan: «Sin que a la fecha se comprueben los nefastos efectos anunciados«, en referencia al impacto ambiental. «Hoy vemos cómo pymes de San Juan y Neuquén tienen crecimiento sostenido como proveedores del sector», agregaron

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