La exigencia mínima de residencia será de 3 años para poder trabajar en suelo santacruceño y no se podrá fijar residencia de los trabajadores en domicilios legales de las empresas, según pudo saber ADNSUR.


La Cámara de Diputados de Santa Cruz modificó este jueves la ley del “70/30” para trabajadores petrolero, pesqueros y  mineros, elevando la exigencia de residencia mínima a 3 años para quienes se desempeñen en esos sectores laborales, que hasta ahora es de 2 años. Además, se buscará evitar que las empresas puedan utilizar sus domicilios legales para fijar la residencia de sus trabajadores, lo que podría implicar una serie  de reacomodos para la mano de obra que fluye en la cuenca San Jorge.

La ley 3.141 fue modificada en su artículo 3, endureciendo las exigencias de residencia mínima para trabajadores que se desempeñan en la “Actividad Petrolera, Minera, Pesquera y todas otras actividades laborales”.

La norma establece una exigencia de que el 70% de la mano de obra contratada en la provincia sea residente permanente en la provincia, con una exigencia que hasta ahora era de un mínimo de dos años previos, extendiéndose a partir de este jueves a los tres años de residencia mínima, para ser considerados dentro de ese porcentaje.

Otro cambio de importancia se vincula con las sanciones que se aplicarán a las empresas que incumplan esta nueva norma, que además apunta a evitar que los trabajadores de otras provincias fijen el domicilio en su DNI que coincida con el domicilio legal de la empresa radicada en Santa Cruz.

En el petróleo se moviliza personal de Chubut hacia el norte santacruceño, pero además en el caso de la minería y la pesca pueden llegar desde otras provincias del norte del país, por lo que la normativa implicará un impacto en diversos sectores laborales, que deberán acondicionarse a la nueva normativa.

Según informó OPI Santa Cruz, también se modifica el régimen de sanciones a aplicar sobre las empresas que incumplan con la normativa. Según el proyecto presentado por la diputada Miryam Alonso (FPV-PJ), la multa será equivalente a “la sumatoria resultante de salarios brutos del personal afectado a la explotación en la jurisdicción objeto de inspección que no reúna los requisitos de residencia en la provincia de Santa Cruz”.

Esas compensaciones, que cobrará el Ministerio de Trabajo que hoy conduce Teodoro Camino, serán destinados a la creación del “Fondo para la capacitación y reconversión productiva de trabajadores y pymes santacruceñas”.

Adnsur.com.ar