El sector privado, alerta a la seguridad jurídica para reinyectar la inversión minera

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En el último año, la minería en Argentina se vio expuesta a sucesivos reajustes en torno a las políticas y las reglas fijaas para este tipo de industrias, situación que aligeró la tendencia de crecimiento visible hasta 2016 y las expectativas de los empresarios que volvían a poner su mirada en el país. En medio del creciente clima eleccionario, hoy los privados mineros avanzan cautos a la espera de mayor estabilidad e incentivos en la previa de un 2020 en el que podrían acontecer nuevos cambios.


La estabilidad jurídica y fiscal es una de las demandas más reiteradas por el sector minero en la Argentina. Las retenciones, su posterior quita a partir de 2016 y el retorno, con vigencia hasta fines de 2019, que anunciara el gobierno nacional el pasado septiembre, han provocado una cierta inestabilidad en el ritmo de la actividad y el ánimo de los inversores, quienes a pesar de contar con un dólar más competitivo y alguna serie de beneficios en lo tributario y dentro de la ley de promoción de inversiones aún no manifiestan la voluntad necesaria por dinamizar la llegada de capital al país. Para los mineros, la seguridad jurídica es el «cuello de botella» para refundar el crecimiento desde las etapas más tempranas, y por ello una de las principales preocupaciones a futuro.

Aunque se espera que este escenario sea transitorio, la política de estado centrada en la reducción del déficit y las exigencias que le competerán a la Argentina dentro del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) generan dudas respecto a cuál será el modelo de desarrollo del país para los próximos años y las posibilidades que puedan abrirse para la activación de proyectos mineros, especialmente en materia de exploración, una necesidad urgente no sólo a nivel local, y también en aquellos proyectos ya factibilizados que deberán salir a fondearse. A esto se suma el clima político, que si bien trasciende a la actividad en algunas oportunidades, frente a un año electoral tan reñido como el actual puede llegar a retrasar la reactivación minera, al menos hasta que el panorama resulte más claro y conveniente.

Para aquellos emprendimientos en etapas de construcción y producción, los privados tendrán por delante estos desafíos, que mostrarán cuán competitivos son sus proyectos, pero se abren nuevas aristas de interés como el acceso a la infraestructura y la logística. En sintonía, en su último paso por la Argentina y de visita en Catamarca, el referente mundial del mercado del litio, Joe Lowry, respondió al ser consultado sobre si se deberían fábricas de baterías en el país: «Si tuviera que dar una opinión, no me inclinaría por hacer esas cosas, sino más bien en usar los recursos disponibles para mejorar la infraestructura y el desarrollo de los proyectos con los que cuentan. El verdadero valor de Argentina está en su potencial minero y lo estratégico de esos recursos para el futuro».

Otro punto que se halla en el eje de la cuestión minera es la homologación de la política nacional y su consiguiente impacto interno y externo. Si bien existe un retroceso en cuanto a lo que fue el 2016 con respecto al marco económico y jurídico, condición que ralentizó los beneficios que comenzaba a generar la actividad puertas para afuera, han sido bien recibidas las gestiones provinciales y la dirección de la cartera minera nacional, en sus dos últimos mandatos, en relación a lo avanzado dentro del Acuerdo Federal Minero y la adopción de estrategias conjuntas de promoción a la actividad. La sinergia entre las provincias mineras y las compañías ha ido en aumento en el último tiempo, mejorándose el acceso a la información y dotando a la matriz de un mayor orden respecto a la ejecución de las políticas.

En esta línea, también serán de importancia las mejoras en relación al desarrollo comunitario y la comunicación de la actividad. En el país, provincias con amplias posibilidades de participación en el ámbito minero aún no han definido su posición y continúan generándose tensiones sociales y económicas en torno a la potencial activación de la industria en estas regiones. Trabajar sobre estas áreas será clave a futuro, al igual que la revisión de la legislación respecto a los glaciares, que influye de forma directa en provincias con una profunda tradición minera como el caso de San Juan.

Asimismo, el sector empresario no deja de prestar atención a las tendencias globales, con algunos commodities que han tendido a la baja en el último tiempo y una fuerte presión en los mercados, aunque es visible un mayor entusiasmo que en períodos anteriores para casos como el cobre y los minerales estratégicos emparentados con la reducción de emisiones de carbono, una de las tendencias a las que cada vez más se alinean los grandes jugadores. Esto podrá reorientar las proyecciones al mediano plazo, favoreciendo la puesta en marcha de distintos proyectos en Argentina que ya muestran señales de interés en todo el mundo.

En materia minera, si un proyecto es sólido y viable desde su origen, seguramente pueda sobrepasar toda problemática relacionada a su coyuntura y logrará arribar a la instancia de construcción y producción con mayor facilidad. Desde esta fórmula, en el panorama de la minería argentina se observa que pese a este escenario fluctuante y temporal que marcará la agenda del 2019, podrán darse avances de peso en proyectos avanzados desde lo geológico y financiero, y que la tendencia estará puesta en el litio y algunos casos puntuales de la denominada “gran minería”. Del upstream al downstream se han dado muestras de solidez para avanzar en el posicionamiento del litio como un recurso indispensable en el paradigma energético de los próximos años, y la revolución de las baterías y los autos eléctricos está llamada a ser un factor de transformación a escala mundial, con Argentina como protagonista productivo y una demanda que podrá aumentar al 21% de forma anual.

Panorama Minero