Buscando la licencia social

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Editorial del diario El Ancasti


Si la minería no es visualizada aún como una herramienta de desarrollo en la Argentina es porque la sociedad, en particular las comunidades en las que existen yacimientos en explotación, no han logrado advertir, por el escaso impacto económico que dejan los emprendimientos, sus beneficios, o porque entienden que los presuntos perjuicios ambientales que ocasiona son mayores que aquéllos.

Respecto del impacto económico, la responsabilidad es de la dirigencia política –nacional, provincial o local-, que no han sabido negociar mejores ingresos o invertir adecuadamente los recursos que la minería deja en materia de regalías o de ganancias, si el Estado participa de alguna manera en el negocio. Catamarca es un claro ejemplo de cómo miles de millones de pesos recaudados por ambos conceptos no lograron modificar el entramado productivo provincial, ni generar desarrollo sustentable a partir de la inversión en infraestructura pública.

La otra parte del problema que enfrenta la minería para lograr la licencia social es la cuestión ambiental. La licencia social es la aprobación, tácita o explícita, que la minería tiene como actividad económica en una comunidad. Por lo tanto, es la sociedad la que la otorga, basada en las creencias, opiniones y percepciones que tiene respecto de la actividad.

Con el propósito de que la minería sea una actividad que cuente con el consenso social necesario para que se expanda como oportunidad de negocio para los inversores privados y de desarrollo para las comunidades en donde se inserta, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros -CAEM- está desarrollando en el país el programa “Hacia una Minería Sustentable”, que fija estándares internacionales de calidad y control para garantizar una actividad minera responsable, transparente y confiable. Argentina es el primer país en América Latina en sumarse a este programa, creado por la Asociación Minera de Canadá, país pionero en la materia.

La iniciativa cuenta con indicadores precisos para transparentar, ante la sociedad, las buenas prácticas mineras que cada proyecto debe desarrollar, con estrictos controles externos de los que participan las organizaciones de las comunidades. Además, los resultados de las mediciones y estudios que se hagan deben ser públicos y accesibles online.

La supervisión de los proyectos debe estar a cargo de un panel consultivo interdisciplinario, independiente y voluntario, compuesto por miembros de distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo organizaciones académicas, ambientales, ONG y representantes de las comunidades, entre otros. En Catamarca Agua Rica ha decidido sumarse a este programa.

Si bien es cierto que no se puede pensar en el desarrollo productivo de Catamarca sin la minería, también lo es que difícilmente ésta pueda desplegar toda su potencialidad si no cuenta con la licencia social. Es de esperar que la implementación de buenas prácticas para una minería ambientalmente sustentable logre despejar las dudas que la comunidad tiene sobre este tipo de emprendimientos.

El Ancasti