Santa Cruz: Comenzó el primer juicio oral por desvío de fondos en Yacimiento Carbonífero Río Turbio

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El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain y el detenido ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, comenzaron a ser juzgados hoy por el supuesto desvío de fondos destinados a la construcción de un camino que nunca se realizó.


El debate oral se inició ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que tiene su sede en el Palacio de Justicia porteño, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal que intervino en la investigación del hecho, Carlos Stornelli.

“Tengo por cierto y probado” que los acusados “tomaron parte, respectivamente, en la sustracción de fondos públicos de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos”, sostenía el requerimiento fiscal de elevación a juicio que se leyó hoy.

Los imputados están acusados de desviar “cincuenta millones de pesos, sin justificación o causa jurídica alguna, a la empresa Fainser S.A., a través del pago de tres cheques, dos de ellos librados el día 30 de noviembre y el restante el 9 de diciembre de 2015”, según se sostuvo en la audiencia.

Durante la instrucción del caso se determinó que la firma Fainser, entonces de Lascurain, recibió el pago de 50 millones de pesos que debían destinarse a construir una ruta en las cercanías del Yacimiento, para facilitar el tránsito en la región, pero que no se hizo.

El contrato suscripto por Fainser con la Municipalidad de Río Turbio implicaba la realización de la llamada Avenida de los Mineros, de 7 kilómetros de extensión, que debía unir a esa ciudad con la vecina 28 de Noviembre, como parte de las obras para mejorar el acceso al yacimiento.

El presupuesto asignado a toda la obra era de 500 millones de pesos, pero la firma investigada llegó cobrar solo el adelanto de obra de 50 millones, según quedó determinado en la investigación radicada ante el juzgado de Luis Rodríguez.

Junto con Lascurain y el detenido Pérez Osuna, hoy también comenzaron a ser juzgados el ex coordinador de Yacimientos Carboníferos Río Turbio Miguel Ángel Larregina, al diputado provincial Horacio Mazu y al ex asesor de YCRT Juan Marcelo Vargas.

Al ser indagado, Lascurain reconoció el cobro, dijo que lo gastó en la contratación de personal y en la preparación inicial de los trabajos, pero sostuvo que después todo el proyecto quedó en la nada y la suma no fue reintegrada.

Los jueces del TOF 7, Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero, juzgarán a los acusados, en una investigación que formó parte de la causa central por defraudación en YCRT, por la cual fue detenido en octubre de 2017 ex ministro de Planificación Julio De Vido.

En relación a la causa central, el fiscal Stornelli pidió hoy enviar a juicio oral a De Vido, y a otros 18 procesados, por un supuesto multimillonario desvío de fondos para la reconversión del Yacimiento YCRTS, ubicado en la provincia de Santa Cruz.

En un requerimiento parcial de elevación a juicio oral entregado por Stornelli al juez Rodríguez, se pidió juzgar a De Vido; a Pérez Osuna, al también ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y al ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, entre otros procesados, según el escrito al que accedió Télam.

Según el fiscal, la maniobra defraudatoria comenzó en enero de 2008 con la “ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional” a través del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPLAN) para manejarlos en la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz.

“Se ha probado que el perjuicio a las arcas del Estado nacional ascendió, cuanto menos, a la suma de ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil pesos, que constituyó el lucro indebido procurado por los intervinientes y los partícipes, importe que se compone de los montos efectivamente abonados con fondos del Tesoro Nacional por YCRT a la FRSC y la Fundación en concepto de ‘gastos administrativos’ derivados de los convenios específicos investigados en este sumario”, sostuvo el fiscal. (Télam

Grupo La Provincia