Catamarca: La Fiscalía Federal desestimó denuncias contra la empresa estatal CAMYEN

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El fiscal Federal Santos Reynoso, desestimó denuncias presentadas en 2016 contra Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN), la empresa minera estatal de la Provincia de Catamarca, en una causa por presunta defraudación contra la Administración Pública.


Todo comenzó con la denuncia formulada por el entonces interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Defensa y Justicia de la Nación.

Quien actuó como interventor fue Héctor Lostri, cuestionado exfuncionario del gobierno porteño.

En aquella presentación se señalaron supuestas irregularidades de CAMYEN, que en caso de ser reales hubieran configurado un acto de defraudación y estafa en perjuicio del Estado nacional, ya que se cuestionaban esencialmente precios, rendiciones de cuentas y comercialización de rodocrosita, en un yacimiento andalgalense, Minas Capillitas, que por un convenio firmado entre Nación y Catamarca fue puesto en manos de CAMYEN por Fabricaciones Militares.

Las acusaciones más graves vinculaban a la empresa CAMYEN con el mercado negro para la venta de la piedra, lo cual dio lugar a una amplia y extensa investigación.

En ese marco, fueron allanadas oficinas de la empresa estatal catamarqueña, se tomaron testimonios a artesanos, y se indagó hasta el último detalle.

CAMYEN abrió sus puertas en esa etapa, respondió a todos los oficios e incluso su presidente, Daniel Issi, se presentó espontáneamente para aportar la información que se requiriera.

Al cabo de todo este proceso, la Fiscalía descartó una conducta delictiva y elevó al juez un dictamen en el cual sugiere el archivo de la causa, puesto que no se encontró ningún ilícito.

Citarán a empresarios

En otra causa que se encuentra en Fiscalía Federal, trascendió que serán citados 28 empresarios en el marco de una investigación abierta por supuestos hechos de corrupción en la adjudicación de obras de viviendas a empresas de construcción, durante la gestión de Eduardo Brizuela del Moral.

Esta investigación parte de acusaciones del empresario Jorge Marcolli, quien involucra en el hecho al ac-tual Ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, quien sin embargo no era funcionario al momento de los hechos que menciona.

Cómo sigue

Presentada la denuncia en septiembre de 2016, la causa quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien a pedido del fiscal federal Eduardo Taiano remitió las actuaciones al Juzgado Federal de Cata-marca.

Aquí se abrió una extensa investigación a cargo del fiscal federal Santos Reynoso, quien concluyó con el dictamen de desestimación.

Ahora ese dictamen queda en manos del juez Federal Miguel Ángel Contreras, quien puede adoptar una decisión coincidente o distinta a la del fiscal.

Hasta anoche, de acuerdo con lo que pudo averiguar El Esquiú.com, la empresa CAMYEN no había recibido notificación alguna.

“No existió delito…”, la conclusión de la investigación

El dictamen de la Fiscalía Federal rebate cada aspecto de la denuncia contra CAMYEN, hasta descartar por completo las maniobras endilgadas.

Un punto muy cuestionado era el de las bonificaciones que, según el denunciante, eran para facilitar la comercialización en negro de rodocrosita, pero tras una profunda investigación se señaló que “dichos descuentos y bonificaciones se manejan como una política comercial al igual que cualquier empresa que vende sus productos, que conforme surge de las actas de Directorio se fundamentan o en la cantidad de material en stock, variables económicas, facilitar la venta de piedra de calidad inferior, etc; prueba de ello surge por ejemplo del Acta de Directorio N° 35 de fecha 19/03/2014 en el que se acordó un descuento del 20 por ciento de rodocrosita de baja calidad en base a que en el mes de febrero la producción de rodocrosita se vio afectada por la escasa potencia de la veta y la muy baja calidad de la misma llegando a representar el 64,30 por ciento de la producción total mensual. En definitiva las bonificaciones realizadas por CAMYEN SE no resultan arbitrarias, pues se fundamentan en variables económicas, comerciales, etc. comunes a cualquier empresa que lucra con la enajenación de bienes o servicios y ello no fue prohibido por la Dirección de Fabricaciones Militares, en conclusión no considero que se erijan en medios defrauda-torios para perjudicar patrimonialmente a la Dirección de Fabricaciones Militares en lo que al canon pactado refiere”.

Por último, en cuanto a lo expresado por el denunciante que cerca del 70 por ciento de las ventas se concentran en los mismos clientes, Fiscalía considera “que dicha circunstancia no constituye ilícito alguno pues uno de los objetivos de CAMYEN SE consiste precisamente en vender el material extraído y obviamente lograr mayores ingresos económicos, por lo que si alguna empresa compra grandes cantidades del producto y no habiendo estipulación alguna que imponga determinada cantidad a vender, no verifico la existencia de irregularidad alguna susceptible de reproche penal”.

Se llega así al Dictamen que sostiene: “Por todo lo expuesto precedentemente este Ministerio Público Fiscal considera que en la causa del rubro, no existió delito, atento que los hechos endilgados no configuran ilícitos penales, conforme lo detallado en el presente dictamen, como así también por razones de celeridad y economía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional, considero oportuno solicitar a VS disponga la desestimación de la presente denuncia…”.

Las acusaciones

El origen de la causa se remonta a septiembre de 2016, cuando el interventor de la Dirección de Fabricaciones Militares, Héctor Lostri, denunció al ex funcionario Santiago Rodríguez por el supuesto “vaciamiento” del yacimiento de Minas Capillitas.

Lostri involucró a Catamarca y a la empresa estatal CAMYEN con una serie de acusaciones en las cuales indicaba que CAMYEN favorecía el tráfico ilegal de rodocrosita.

Para ello, se puso en duda la naturaleza y aplicación del sistema de subsidios implementado por la empresa catamarqueña, sugiriendo la existencia de vínculos con el mercado negro.

En conjunto, comenzó a hablarse de maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio de Fabricaciones Militares, lo cual implicaría una estafa directa en contra de Estado nacional, hecho que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

En su momento, estos cuestionamientos y presentaciones impactaron incluso en el acuerdo firmado en 2015, para la extensión de la relación entre CAMYEN y Fabricaciones Militares por 10 años más, situación que más tarde se subsanó.

La denuncia tenía un segundo tramo, que aludía a supuestas irregularidades en circuito de comercialización de la rodocrosita, poniendo bajo la lupa a los principales clientes y la mencionada política de subsidios.

Efectivamente el directorio de CAMYEN estableció una política diferenciada para beneficiar a los artesanos andalgalenses.

La gente de Andalgalá que trabaja la rodocrosita recibe un 20 por ciento de descuento sobre el precio oficial de la piedra, pero no se trata de una irregularidad ni una maniobra oscura, sino de un modo de apoyar a los artesanos catamarqueños. Así se demostró en la investigación realizada por Fiscalía Federal.

La idea de llevar a cabo acciones que impulsen y fortalezcan a pequeños artesanos es parte de los principios fundacionales de CAMYEN, así como actúa para la jerarquización de proveedores y producto-res mineros locales en todos los aspectos. Es precisamente la razón de la existencia de una firma estatal en el área de minería, que ratifica la política de Estado y posiciona a Catamarca de un modo distinto en las negociaciones en que debe intervenir.

Este método, en conjunto con todas las acciones de la empresa, fue tomado como modelo en diferentes puntos del país.

Quién es Héctor Lostri, el hombre que denunció a CAMYEN

Un embajador muy cuestionado

¿Quién es el hombre que señaló a CAMYEN para denunciar millonarias estafas, fraudes y vaciamiento de Minas Capillitas? Su nombre es Héctor Lostri, y actualmente se desempeña como embajador argentino en Paraguay.

Lostri fue nombrado en enero pasado embajador “en comisión”, porque es un cargo que necesita para la designación de su titular la aprobación del Congreso de la Nación, y el Parlamento nacional actualmente está en receso.

Su nombramiento en el espacio diplomático fuera del país generó múltiples cuestionamientos, ya que Lostri no tiene un historial muy favorable en sus distintos pasos por la función pública.

Hasta julio del año pasado fue titular del área de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa de la cartera castrense, en reemplazo de Eduardo Zuain, quien fue removido del cargo ese mismo mes.

Eso ocurrió precisamente después de su escandaloso paso por Fabricaciones Militares.

Lostri había sido puesto en Fabricaciones Militares por el gobierno de Mauricio Macri para “poner en orden los desmanes ocasionados por la administración anterior”, a cargo de Santiago Rodríguez. Sin embargo, nada de esto sucedió.

Fabricaciones Militares se convirtió, durante la intervención de Lostri, en protagonista de controvertidos actos, y el mayor escándalo de su gestión vino de la mano de la contratación por un millón y medio de pesos a la consultora SVGV SA, de Ignacio Viale del Carril y su hijo “Nacho”, nieto y productor de Mirtha Legrand.

“Gasto más en cortar el pasto”, justificó entonces el gasto el ahora diplomático.

La contratación consistía en un servicio de asesoramiento a la dirección de Fabricaciones Militares sobre la repercusión en los medios de comunicación de la imagen pública de la empresa y sus directivos, según la orden de compra, por la que se anticipaba el pago de casi quinientos mil pesos del total. En una empresa deficitaria, con problemas de abastecimiento de materias primas, falta de pago a proveedores, nunca se vio el resultado de ese asesoramiento. A cambio, saltaron a titulares más de un centenar de despidos.

Pero los antecedentes más cuestionados de Lostri se remontan a su actuación como funcionario porteño durante la gestión Macri.

El 1 de febrero de 2016, lejos de ser sobreseído por la Justicia, Lostri evitó ir a juicio oral en una causa en la que se lo investigaba por llevar a cabo negocios inmobiliarios personales desde su cargo de subsecretario de Planeamiento Urbano.

El macrismo admitió el hecho, resuelto finalmente gracias a una “probation”.

En 2013 Lostri fue denunciado además por incumplimiento en los deberes de funcionario público tras consentir la demo-lición de un edificio histórico en la avenida San Juan 2820.

Lostri, que aparece además como uno de los aportantes a la campaña presidencial de Macri con $ 60.000, fue denunciado por legisladores porteños como un “operador de negocios inmobiliarios”.

Queda ahora en manos de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación aprobar los pliegos de un embajador designa-do, que carga con una probation por corrupción y que dejó sumergida en una crisis profunda a la única fábrica de armas, explosivos y químicos del Estado.

El brazo ejecutor de la política minera

El dictamen que quedó en manos del Juez Federal para desestimar la denuncia que pesaba sobre CAMYEN, no hace otra cosa que confirmar y reafirmar lo que se sostuvo a nivel oficial desde el origen mismo de la empresa estatal, tanto desde el punto de vista técnico como político.

La empresa cumple con la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y de producción y para ello es necesario invertir en mejorar las condiciones de la mina (Minas Capillitas).

CAMYEN es el brazo ejecutor de la política minera impulsada con la gestión de Gobierno de Lucía Corpacci, que permite la participación del Estado en los proyectos mineros (puesta en valor de Cerro Atajo y Agua Rica) generando mayores beneficios para la Provincia. Es la única empresa estatal con propiedades y en producción, por lo que los fondos aportados son inversiones genuinas para el futuro de la minería.

CAMYEN, la empresa estatal catamarqueña, es destacada por el propio Gobierno nacional como la herramienta genuina que tiene el Estado para participar en la producción de los proyectos mineros y obtener mayores beneficios sin incrementar impuestos o cargas para las empresas.

Este tipo de denuncias, que la Justicia desestimaría, no son más que acciones que perjudican a la actividad minera en general no solo en la provincia, sino en el país, porque crean dudas, generan zozobras y obedecen solo fines e intereses políticos particulares, al carecer de argumentos legales y sustento técnico.

Hubiese sido muy bueno para todos los catamarqueños que este tipo de empresas fueran creadas en el momento que Catamarca abrió las puertas a la gran minería, porque las ganancias hubiesen sido mayores para Provincia y los catamarqueños gozaríamos de mayores beneficios en general.

De todas maneras, se dejó en claro que los organismos locales que deben controlar a la empresa CAMYEN lo hicieron a pesar de la denuncia realizada en su momento.

Fue la construcción de la nueva minería que requirió de nuevas herramientas y así nació CAMYEN, con el acompaña-miento de todas las fuerzas políticas en la Legislatura.

Fue creada con un capital de 5 millones de pesos en 2012 y fue la ejecutora de la recuperación de las 17 minas de Cerro Atajo, con una significativa inversión en exploración de su socia Minera Agua Rica.

“A quienes nos cuestionan este contrato y la administración de Minas Capillitas, aparte de garantizarles la información requerida, les pedimos que pongan el mismo empeño y tono de voz en explicarles a los catamarqueños porqué esto no se hizo antes, porqué se intentó enajenar estos patrimonios que este gobierno debió recuperar para todos los catamarqueños”, dijo en referencia a CAMYEN la Gobernadora ante la Asamblea Legislativa

El Esquiú