La investigación en la UNT también involucra a los acusados Sacca, Venturino y Cudmani. Será la primera vez que un ex rector rinda cuentas ante la Justicia sobre el manejo de fondos, en este caso de origen minero.


El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) puso en marcha el procedimiento para debatir las presuntas irregularidades con fondos de la actividad minera detectadas en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) durante la gestión del ex rector Juan Alberto Cerisola. El órgano dio el primer puntapié el viernes, al comunicar a los acusados la integración del estrado y citarlos para tomar contacto con las pruebas. Lo mismo hizo el TOF respecto de los supuestos delitos de lesa humanidad cometidos contra el conscripto riojano Alberto Ledo en esta provincia, y atribuidos al ex jefe del Ejército kirchnerista, César Milani, y al ex militar Esteban Sanguinetti (se informa por separado).

En ambos juicios orales intervendrán los mismos jueces: Gabriel Casas, Carlos Enrique Jiménez Montilla y Jorge Abelardo Basbus. Este último participa del proceso con la calidad de camarista subrogante debido a que el TOF funciona desde fines de 2018 con dos integrantes por la jubilación de Alicia Noli. Tras el cumplimiento de los actos de preparación de la fase oral y pública, Cerisola se sentará en el banco de los imputados junto a tres de sus colaboradores en la Universidad: Luis Sacca, Olga Cudmani y Osvaldo Venturino. Todos ellos han de rendir cuentas por la parte que, según la pesquisa, les cupo en el presunto manejo anómalo de las utilidades que la UNT recibió de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) entre 2006 y 2009. Las denuncias calculan que ingresaron $ 340 millones o U$S 85,5 millones, según la cotización de hace una década. Se trata del primer enjuiciamiento de posibles hechos de corrupción asignados a la máxima autoridad de la casa de altos estudios que fundó Juan B. Terán en la historia centenaria de esa institución.

La fijación de la fecha de la audiencia dependerá de los planteos y propuestas de prueba que formulen las partes, quienes disponen de 10 días hábiles a partir de la notificación para formalizar sus presentaciones. Aunque el TOF imprimió celeridad al proceso que el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, elevó a juicio el 18 de diciembre, el trámite de la causa en general fue lento y complejo. El origen de esta investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, se remonta a la denuncia penal que el arquitecto Ramón Eudal presentó en 2010 (ver “Momentos estratégicos del expediente”).

Durante la pesquisa habría quedado acreditada la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta contra la administración pública y de incumplimiento de los deberes de funcionario. Los hechos investigados comprenden la ejecución de trece obras y refacciones; las colocaciones financieras de fondos provenientes de YMAD y la disminución del porcentaje de utilidades que debía recibir la UNT.

Entre otros hallazgos, el fiscal advirtió que los acusados habrían optado por una elevada exposición al riesgo sin un rendimiento que justificara tal decisión como contrapartida, y habrían hecho depósitos elevados a plazos largos en instituciones financieras de “menor nivel” y a tasas similares a las obtenidas para inversiones de menor cuantía en instituciones bancarias de primer nivel. Al respecto, habrían pasado por alto la obligación de solicitar una opinión a la Tesorería General de la Nación y habrían concretado depósitos millonarios sin llamar a licitación pública obviando normas de aplicación obligatoria.

Brito consideró que la defensa de los intereses de la UNT en YMAD se habría visto perjudicada por la falta de control de la porción de utilidades que le correspondía: 40% entre 2006 y 2008, y 20% a partir de ese año -el porcentaje disminuyó en virtud del convenio firmado por el propio Cerisola, que dio por cumplida la obligación original de YMAD-. Las utilidades repartidas antes y después de 2008 nunca habrían alcanzado los porcentajes estipulados. En cuanto a las obras ejecutadas, y siempre según el fiscal, las autoridades habrían dictado órdenes y resoluciones contrarias a la ley, actos que facilitaron irregularidades en la adjudicación de los trabajos y el pago de erogaciones no previstas. La pesquisa corroboró la omisión de la licitación pública y el pago de sobreprecios del orden del 194%.

La conclusión del juez federal que controló la investigación en la UNT

“Del análisis de todos los elementos de prueba incorporados a la investigación (del uso de los fondos mineros) resulta prima facie que los imputados en los respectivos ámbitos de su competencia -con capacidad de decisión- infringieron dolosamente sus deberes de garantes de la preservación del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán e irrogaron un perjuicio millonario al erario”, expresó el juez federal N°2, Fernando Luis Poviña, al elevar la causa a juicio. La resolución fue emitida el 18 de diciembre de 2018.

Momentos estratégicos del expediente

1- 2010: el arquitecto Ramón Eudal pide a la Justicia Federal que investigue el manejo de fondos mineros en la UNT. Luego denuncian la Sigen y Oscar López.

2- 2014: el fiscal Carlos Brito pide las primeras indagatorias. En julio de 2016, el juez Fernando Luis Poviña procesa a los coimputados.

3- 2017: la Cámara Federal de Apelaciones confirma los procesamientos. Un año más tarde, Poviña cierra la investigación y la eleva a juicio oral.

Autor

Irene Benito

LA GACETA