Catamarca: La jurisprudencia Famatina

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Ya que los promotores de la minería se concentran sobre todo en los impedimentos legales que traban hasta el momento el desarrollo del proyecto Agua Rica, parecen adecuadas las analogías jurídicas.

Los acontecimientos demuestran que los obstáculos principales para el emprendimiento no son ni la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que anuló la aprobación condicionada del informe de impacto ambiental presentado por la empresa propietaria de los derechos sobre el yacimiento, ni la ordenanza municipal que prohíbe la minería a cielo abierto en la cuenca del río Andalgalá y sus adyacencias, ni el derrotero que puedan seguir algunos otros expedientes judiciales. Estos inconvenientes podrían salvarse, pero el problema medular es la oposición de la comunidad andalgalense a que Agua Rica se ponga en marcha por temor a los eventuales perjuicios ecológicos que precipitaría.

Tal oposición cuenta con significativos respaldos de movimientos ambientalistas de todo el país, que militan su causa con una eficacia inversamente proporcional a la demostrada por las autoridades en las maniobras tendientes a revertir el sentimiento antiminero que cunde en el Oeste.

Los precedentes jurídicos empalidecen ante los sociales. Andalgalá tiene uno emblemático y célebre a solo 300 kilómetros.

Tres multinacionales mineras y una compañía salteña habilitadas política y legalmente fracasaron sin atenuantes en sus intentos de instalarse en el Famatina riojano.

Las arremetidas vienen desde 2004. Pese al enfático apoyo del poder político, se rindieron sucesivamente sin coronarlas Barrick Gold, Shandong Gold, Osisko Mining Corporation y Midais, de Salta.

“El Famatina no se toca”: el triunfo de la consigna trascendió los límites de La Rioja y suma adeptos.

La jurisprudencia Famatina no ha sido aún invalidada.

Su vigencia cobra peso aplastante en Catamarca. Sintetiza el desafío central del Gobierno que viene en la provincia donde las facciones que reúnen consenso electoral mayoritario coinciden en postular la minería como política de Estado.

Conflicto reactivado

La cuestión minera no tuvo visibilidad en el debate electoral, no solo porque peronistas y radicales-macristas comparten la idea de que la actividad debe financiar el desarrollo de la provincia. Como también comparten lunares, el tiroteo en torno al tema acaso les hubiera acarreado más pérdidas que ganancias.

El último Gobierno del FCS es responsable de haber dilapidado los multimillonarios ingresos que Bajo La Alumbrera arrojó para el erario en el altar de la incompetencia, el desvarío faraónico y la corrupción lisa y llana.

La gestión peronista se caracterizó por la administración como mínimo dudosa de CAMYEN y la opacidad de los acuerdos celebrados con la empresa Yamana Gold, que retiene y especula con los derechos sobre Agua Rica a pesar de sus sistemáticos incumplimientos.

Durante la campaña, no obstante, estalló una controversia en Antofagasta de la Sierra por la pretensión de la empresa Livent, que extrae litio del Salar del Hombre Muerto, de entubar el río Los Patos para llevar agua a su yacimiento e incrementar su producción. La resistencia de los antofagasteños paralizó las obras.

El Gobierno logró bajarle el tono a la inconveniente disputa durante el período proselitista pero, despejada la incógnita electoral, la controversia minera volvió a ganar la agenda, con más energía.

El intendente electo de Andalgalá, Eduardo Córdoba, uno de los escasos ganadores de Juntos para el Cambio, planteó inmediatamente después de consagrarse su posición contraria a Agua Rica.

A su entender, no están dadas las condiciones para que se ponga en marcha. “Antes de la decisión que puede tener el intendente electo está la autodeterminación de los pueblos. El ciudadano andalgalense tiene mucho recelo a la actividad minera en la cuenca del río Andalgalá”, dijo, y recordó: “Tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impide toda acción de la actividad minera en la cuenca y una ordenanza del Concejo Deliberante que es clara y contundente sobre el mismo tema”.

Contaminación institucional

Minera Agua Rica, controlada por Yamana Gold, había jugado en la elección andalgalense muy fuerte, con financiamiento incluido, a favor del candidato del Gobierno, Miguel Morales. Horas después de las declaraciones de Córdoba, quedó en claro que las contaminaciones de las mineras no se circunscriben a lo ambiental y pueden extenderse a lo institucional.

El concejal Sebastián Almada, que estuvo dos años en su banca sin decir nada sobre la prohibición municipal de la minería a cielo abierto en Andalgalá, aprobada en 2016 por unanimidad en el Concejo Deliberante y promulgada sin modificaciones ni vetos por el intendente Alejandro Páez, advirtió de pronto sus inconvenientes y adelantó que impulsará su derogación.

Extraño apuro, el del edil. Se da cuenta de que es preciso derogar la norma, por inconstitucional, tres años

Después de su aprobación unánime, luego de que el intendente electo manifestó su postura antiminera y tras una campaña en la que el candidato de su sector recibió el apoyo de la empresa minera interesada en tal derogación.

Debe ser casualidad, aunque los andalgalenses, perros cascoteados, son más bien escépticos en lo que casualidades de este tipo se refiere.

Otra casualidad, o quizás distracción: en ningún tramo de la campaña los candidatos del Gobierno en Andalgalá difundieron su intención de derogar la ordenanza.

Violencia en la Puna

Más indicios de contaminación institucional se dieron a renglón seguido.

La fiscal subrogante de la Circunscripción Nº 3 con asiento en Belén, Verónica Saldaño, habilitó a la Policía para que, con la colaboración de Vialidad, levantaran los alambrados de la propiedad de una familia Morales en Antofagasta de la Sierra y abrieran un camino para el tránsito pesado de la empresa Livent.

Los Morales reaccionaron ante el atropello y cuatro miembros de sus miembros terminaron presos en Belén e imputados por usurpación y resistencia a la autoridad.

Lo raro es que los Morales no se oponían a que el camino de Livent pasara por su propiedad y solo pedían que les hicieran unos cercos para garantizar la seguridad de sus animales. No les cumplieron y las autoridades eligieron la prepotencia judicial para reducirlos.

El incidente desencadenó un escándalo sobre el que se pronunció, a favor de los Morales y en contra de la Justicia y la Policía, hasta el expremio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

En la controversia, el senador  de Antofagasta de la Sierra, Mario Carrizo, señaló que las parcelas que habitan los Morales son propiedad del fisco, circunstancia idéntica a la de prácticamente todo el departamento, en el que familias y comunidades originarias tienen la posesión pacífica de tierras desde hace añares, incluso siglos.

Quizás Livent y la fiebre del litio tengan que ver con este repentino celo por escrituras e hijuelas que se ha despertado en la Puna, pero los antofagasteños tampoco creen mucho en las casualidades y ya se sabe: una cosa es jugar con el coya y otra con las alforjas. Ahí está el acueducto en el río Los Patos paralizado para demostrarlo.

El cruce andalgalense y la represión a los Morales metieron fuego al conflicto minero, que bulle y se afianza referenciado en la jurisprudencia Famatina.

Conseguir la licencia social para la minería es la paradójica deuda pendiente de la provincia en la que se inició la actividad a gran escala en 1997 con Bajo La Alumbrera.

Es también la marca de un gran fracaso y el desafío quizás más arduo que enfrentará Raúl Jalil como gobernador.

El Ancasti