Catamarca: Los Apuntes del Secretario nos advierten sobre indicios de las amenazas que habría recibido un concejal de Andalgalá

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No hubo denuncia formal, pero existen claros indicios que un concejal andalgalense habría sido objeto de amenazas por su actuación pública. Hablamos de Sebastián Almada, quien fue criticado por algunos medios de intentar una movida entre concejales para derogar una Ordenanza que, por motivos carentes de toda seriedad, prohibió la actividad minera en la alta cuenca de uno de los ríos que riega las tierras andalgalenses. La idea del funcionario, por coherente que sea, no importa tanto como las denuncias sobre inconstitucionalidad, que son analizadas por la Corte de Justicia y pueden derribar una jugarreta política de tono menor a la que, en 2016, se prestaron todos los concejales, incluidos los que representan al peronismo. Como se sabe, sin estudio alguno en comisión, un buen día, en trámite express, aprobaron el instrumento legal basado en una copia de una Ordenanza similar que se debatió en el sur del país.

Independiente de las amenazas de muerte que habría recibido Almada, hay que decir las cosas podrían cambiar en el Concejo Deliberante de la “Perla” a partir del 10 de diciembre. Ya no estarán más cuatro puntales de aquella Ordenanza: José Luis “El Mono” Cativa, Ivanna Flores (esposa del intendente y diputado provincial electo, Alejandro Páez) y los peronistas Juan Guerrero y Gustavo Alvarez. A Almada, que mantuvo una conducta irreprochable en los últimos dos años, se le sumarán ahora los electos Angel Santillán y Laura Atencio, a lo que puede agregarse que algunos integrantes del bloque radical (lo integrarán José Luis Olaz, Maricel Maidana, Marcela Ignes y Agustín Brizuela) no estarían para nada conforme con lo actuado hasta aquí y, mucho menos, si existen amenazas impropias de los tiempos que corren. Por allí no pasa nada, pero de lo que estamos seguros que el organismo legislativo tendrá un funcionamiento distinto al que exhibió mientras gobernaba Páez.

RECUERDOS. Como lo hacemos habitualmente, incluimos en el final de los “Apuntes” los acontecimientos del pasado. El 25 de octubre de 1994 fue un día clave para el principal proyecto minero que se discutía hace 25 años, el Bajo la Alumbrera. El comité gerencial de la UTE, que formaban YMAD y las empresas, prestaba conformidad para encarar los estudios orientados a la construcción de un ducto que llevaría el material desde la mina hasta la estación Mitre de Tucumán y, desde allí, a los puertos del Atlántico. De esta manera triunfaban las negociaciones que llevaban adelante el menemismo con la empresaria Amalita Lacroze de Fortabat, propietaria del Mitre. El gobierno de Catamarca de la época, con endebles argumentos, prácticamente no ofrecía resistencia. Lo más que hicieron nuestros representantes en YMAD (Carlos María Correa y Luis Alvarez, director y presidente, respectivamente) fue abstenerse, sin reclamar los pactos previos para explotar la minería. Por ello, las fuerzas vivas de Andalgalá publicaron un documento en el que solicitaban a los poderes Ejecutivo y Legislativo iniciar de inmediato las acciones judiciales y legislativas pertinentes “que hagan a la necesidad de exigir el fiel cumplimiento del proyecto de factibilidad y explotación que sirvió de marco referencial a la firma de adjudicación del 27 de abril de 1994 en el Cine Teatro Catamarca”. Los firmaban Miguel Angel Curi, José Casarrubia (a cargo de la presidencia del Concejo Deliberante de Andalgalá) y Eloy Nicolás Chayle (concejal)

Desde la Secretaría de Minería de la  Nación, mientras tanto, el entonces titular del organismo, Daniel Meilán, decía “no nos podemos quedar con el ciento por ciento de la nada”. Obviamente, quería señalar que si el mineral no salía por Tucumán se caía el proyecto. Una clarísima extorsión que supo surtir muy buenos efectos.

El Esquiú