Sigue la cuenta regresiva para la asunción de Raúl Jalil como gobernador de Catamarca, y en el ambiente político crece la expectativa por conocer quiénes integrarán su equipo de colaboradores más cercanos. No se trata, hay que reconocerlo, de una inquietud general de la comunidad, pero sí en el amplio sector de la dirigencia oficialista, donde circulan constantes versiones sobre los nombres en que el actual intendente capitalino depositará su confianza. El propio gobernador electo adelantó que apostará por la continuidad de algunos de los funcionarios de Lucía Corpacci, y ese detalle alimenta la caldera de rumores, porque también se analiza quiénes puede dar el salto junto al mandatario desde la municipalidad a Casa de Gobierno, y quiénes pueden aparecer como flamantes incorporaciones.

Con la salvedad de que no se trata más que de especulaciones, puede consignarse que entre los propios aspirantes a funcionarios circulan -en grupos de WhatsApp- hipotéticos gabinetes, varios de los cuales parecen bastante cercanos al perfil que se espera de Jalil. De esta manera, por ejemplo, se menciona entre los que podrían tener continuidad a Guillermo “Joao” Andrada en Prensa, Rodolfo Micone en Minería (habría acercado posiciones en su reciente viaje a Australia, donde pudo compartir valiosas horas lejos del mundanal ruido, nada menos que con Lucía y Raúl), Daniel Zelarayán en Producción, Sebastián Véliz en Economía y Fidel Sáenz en Vivienda. En el caso de “Pocho”, el rumor más insistente es que quedaría al frente de un área más amplia que la que conduce ahora, y que a la Secretaría de Vivienda le añadiría el Instituto Provincial de la Vivienda como responsable directo, ya que quien ahora está al frente de ese organismo, Dante López Rodríguez, marchará al Congreso de la Nación para ocupar la banca de diputado que deja libre el electo intendente capitalino, Gustavo Saadi. Se menciona también a Hernán Martel como uno de los que pasará de la Muni a la Provincia, aunque sería como titular de Deportes, sitio que en los ocho años de corpacismo dirigió el electo senador capitalino, Maximiliano Brumec.

Entre los nombres “nuevos” que podrían desembarcar en el Gobierno se menciona a Alberto Kozicki como posible responsable del área de Servicios Públicos, que incluye el siempre arduo manejo de las empresas de agua y energía; Eugenia Rosales como conductora de un área de Innovación y Ciencia; Aldo Sarquís en Planificación y Desarrollo y Eduardo Niederle en Obras Públicas. Como se observa, no hay figuras descabelladas, sino reposicionamientos de técnicos que ya vienen trabajando con Raúl Jalil desde distintos espacios y asesorías. Los cargos a definir son muchos y la danza de nombres no se detendrá hasta que se tome juramento a futuros ministros, secretarios y subsecretarios. Prudencia ante todo, y quienes más lo tienen claro son los propios candidatos, porque hay muchos antecedentes de ilusionados que se apuraron a comprar el traje para la asunción y no lo pudieron estrenar.

Aunque parezca mentira, en esta especie de falso conflicto que se ha planteado entre la provincia y la Universidad Nacional de Tucumán por la explotación futura de Agua Rica (el arranque efectivo está previsto para 2025), hay catamarqueños que parecen ponerse al lado de los intereses de la alta casa de estudios. Ni más, ni menos. De otra manera no se puede entender que un sector muy importante de la prensa dedique generosos espacios a desarrollar posturas contrarias a los intereses locales y, para mayor asombro, lo hagan sin exponer fundamentos valederos que, efectivamente, los hay. La semana anterior, por ejemplo, se destacó con titulares sensacionalistas que la UNT rechazaba el acuerdo que alcanzaron YMAD y las empresas mineras para la explotación de la mina y la utilización de las instalaciones de Alumbrera para el molido y traslado de los minerales. En ningún momento, como correspondía hacerlo, sin omitir la información, se aclaró que el rechazo se trataba de materia jurídica estéril porque el acuerdo ya estaba sellado y se realizó en base a estrictas normas legales. Así es. La Ley de YMAD no deja dudas de ello. Dice, taxativamente, que “las resoluciones del directorio se tomarán por simple mayoría de votos” y que el quórum para deliberar “será de tres miembros”. Cuando se finiquitó el acuerdo, el 3 de octubre, la mayoría estuvo representada por el presidente del organismo y los dos directores de Catamarca. Fueron los tres votos que pusieron fin a la historia que, por pedido de los dos directores de la UNT, venía de postergación en postergación, a pesar que los cinco integrantes del mencionado directorio tenía firmada una acta de entendimiento desde el 24 de abril pasado.

Por lo tanto, que la Universidad de Tucumán respalde o rechace el acuerdo, como lo hizo, es exactamente lo mismo. Es como cuando una mayoría aprueba una ley en la Legislatura. La minoría puede quejarse y hacer todo el barullo que quiera, pero está impedida de rechazar el pronunciamiento de mayoría. Estas cosas, parte de la prensa no las aclaró y hasta permitió que, sin que surgiera una triste repregunta, se repitieran los mismos y remanidos latiguillos sobre la licencia social de la minería. Por ejemplo, un editorialista de radio Valle Viejo consideró a la decisión de los tucumanos como “una señal de alerta” y ni siquiera se preocupó de indagar con algún entrevistado por cuestiones elementales que tienen que ver con la información precisa.

El acuerdo alcanzado por Agua Rica, a referéndum de cuestiones vitales que debe resolver la Justicia, tuvo para la provincia un aliado impensado. Se trata del presidente de YMAD, el contador Luis de Miguel, un funcionario plenamente identificado con Mauricio Macri que votó a la par de los directores catamarqueños. Paradójicamente, cuando presidía YMAD el doctor Manuel Benítez, nombrado por el kirchnerismo, por lo general, el hombre votaba en sintonía con los directores tucumanos. De hecho, el “rechazo” reciente de la UNT, tiene una explicación muy simple. La casa de estudios quería que el acuerdo sobre las utilidades (no el uso de las instalaciones) de las mineras se hiciera YMAD, con lo cual tomaría una jugosa tajada adicional, en detrimento que se lo haga con CAMYEN, lo cual favorece a Catamarca. En síntesis, se trata de un juego de intereses que está más allá de mineros y antimineros.

El tema de la elección de autoridades de la Cámara de Diputados, cuya definición se aproxima, sigue sumando especulaciones. A la posible dupla Cecilia Guerrero-Augusto Barros para presidente y vice que, en términos de conocimiento y capacidad de la técnica legislativa, nadie pone en dudas, se suman varias alternativas. Una de ellas tiene como protagonista al electo diputado Ramón Figueroa Castellanos, a quien le tocó encabezar la lista del “Frente de Todos”. Otra alude a la figura de Verónica Mercado, de sólidos lazos con el poder santacruceño que sintetizan Cristina y Alicia Kirchner. Por último, casi sorpresivamente, se colocó en la línea de partida Daniel Lavatelli, quien apuntó a la necesidad de repartir el poder.

  El Esquiú