Mendoza: Las batallas legislativas, políticas y culturales que ya empezó Suarez

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En el sector minero han comenzado a crecer las expectativas respecto del panorama que se le puede presentar a la provincia para el caso de que la Legislatura, finalmente, reforme algunos aspectos de la 7.722.

Por: Marcelo Torrez

@MarceloTorrez

Rodolfo Suarez sorprendió este martes cuando, a muy pocas horas de haber asumido la Gobernación, decidió el envío a la Legislatura del proyecto de reforma de la ley 7.722, la misma que hasta hoy prohíbe el uso de sustancias químicas tóxicas en la actividad minera metalífera. No resultó ser un acto administrativo más.

El texto, ya oficial, ha sido una señal fuerte del nuevo gobernador en varios sentidos: uno de ellos fue la confirmación de lo que anunciara durante la campaña electoral cuando se transformó en el único candidato que dijo sin tapujos que promovería la discusión sobre la minería sin tabúes; el otro resultó ser el cumplimiento de un compromiso que asumió con el peronismo, cuyos líderes –entre ellos Anabel Fernández Sagasti y un representante de los intendentes– le reclamaron que fuese él, como gobernador y el oficialismo en su conjunto, los que asumieran el costo, si se quiere, de hacer ingresar un proyecto de ese tipo para discutirlo abiertamente en las cámaras legislativas. Y eso fue lo que terminó por suceder ayer bien temprano; o, dicho de otro modo, fue el primer paso necesario para abrir un debate que puede transformarse en lo más caliente que tendrá la política para el arranque del 2020.

La reactivación de la economía para que se terminen de perder empleos es el objetivo que tiene en mente la nueva administración. En eso están enfocados los ministros, particularmente Enrique Vaquié, de Economía y Energía, particularmente y Lisandro Nieri, de Hacienda y Finanzas. La minería será uno de los caminos que tomará Suarez, conociendo, sin embargo, que, aun destrabando de inmediato el bloqueo de la 7.722 para darle auge a la actividad, los primeros resultados podrían ser algo más o menos visibles dentro de los próximos cuatro o cinco años.

Lo propio sucedería con el impacto del inicio de las obras de Portezuelo del Viento, las que, si todo marchase sin problemas, es decir con un proceso de licitación y de adjudicación sin inconvenientes, podrían estar comenzando allá, a fines del año próximo, y se extenderían durante cinco años.

Pero, ayer mismo, en Economía y Energía se trabajaba también en la posibilidad de adelantar una serie de licitaciones de áreas petroleras que el gobierno de Alfredo Cornejo había previsto que se realizaran en el segundo trimestre del 2021, para llevarlas adelante en los meses de junio y julio del 2020. Mientras, Nieri ha comenzado a concentrarse en mejorar el funcionamiento del Fondo para la Transformación y Crecimiento, de Mendoza Fiduciaria y de Cuyo Aval, todos instrumentos financieros que podrían unificarse y ser parte, en breve, de lo que será el nuevo banco provincial, confirmado por el propio Suarez en el discurso de toma de juramento en la Asamblea Legislativa del lunes.

En el sector minero han comenzado a crecer las expectativas respecto del panorama que se le puede presentar a la provincia para el caso de que la Legislatura, finalmente, reforme algunos aspectos de la 7.722. “Somos prudentes y cautos”, confesó Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, más aun, luego de que, en varias oportunidades, dos o tres proyectos, terminados y listos para comenzar a ser explotados, fueron frenados por diversas razones, especialmente por la presión de sectores ambientalistas que se han negado sistemáticamente al desarrollo de la actividad, incluso con proyectos que se encontraban encuadrados en la ley que ahora Suarez busca que la Legislatura modifique.

Son alrededor de 20 emprendimientos los más avanzados de lo que se considera el mapa minero provincial. Si la nueva ley que modifique a la 7.722 surgiera relativamente rápido, serían cuatro los emprendimientos que la cámara minera considera que podrían estar más o menos avanzados para comenzar con su explotación. De todas maneras, llevaría alrededor de cuatro o cinco años que dieran sus primeros resultados. Si fuese así, Rodríguez aventuró que los cuatro proyectos dejarían alrededor de 1.200 millones de dólares, en conjunto. De ese total, entre 53 y 57 por ciento quedaría en manos del Estado, incluyéndose allí el 3 por ciento de regalías que tributan las compañías. Los cuatro proyectos, en funcionamiento se aclara, insumirían en su etapa de construcción del yacimiento entre 20 y 30 mil empleos entre directos e indirectos, los que disminuirían, claro está, en las etapas de explotación y producción propiamente dichas.

De ese impacto se habla en el sector y es lo que, en verdad, Suarez quiere salir a comprobar de una buena vez. Antes deberá asegurar y garantizar que el Estado que el lunes ha comenzado a administrar será un férreo y duro fiscalizador de la actividad minera y de las mineras. Una discusión que recién por estas horas está arrancando, pero comenzando al fin, para develar si Mendoza es una provincia que puede darse discusiones de este tipo y de fondo, o no. Así de simple.

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