Los Apuntes del Secretario y la situación mendocina

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Lo que ocurrió en Mendoza con el proyecto que habilita la explotación minera es de una gravedad inusitada. Allí, con la venia del flamante gobernador Rodolfo Suárez –reemplazó el 10 de diciembre a Alfredo Cornejo, titular del comité nacional de la UCR-, peronistas y radicales procedieron a dictar una ley que no tiene parangón con ninguna otra parecida a lo largo de la historia argentina.

 El instrumento legal, que despertó las iras de los ambientalistas, habilita a utilizar químicos de alto poder contaminante, como el cianuro y el mercurio, para megaemprendimientos de oro, plata y cobre. Pero, además, permite que las empresas multinacionales del sector no presenten la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisito fundamental para ejecutar cualquier movimiento de tierra que pueda alterar el medio ambiente. Ni hablar de la minería, donde la DIA es más o menos como la portación del documento de identidad de cada ciudadano.

La medida, inconsulta y sujeta invariablemente a revisiones, solo se justifica por la situación de quebranto que, después de largos años de ajuste y recesión que han desembocado en la baja obligada de la recaudación, sufren la gran mayoría de las provincias argentinas. Sin embargo, ni siquiera esos padecimientos pueden llevar a extremos tan peligrosos como los que han propuesto los políticos mendocinos. Por ello, el Gobierno Nacional, a través del ministro del Ambiente, Juan Cabandié, salió a desligarse de los cuestionamientos. Señaló, sin atenuantes de ninguna naturaleza, que se trata de un “problema provincial” que no cuenta con el aval de la Casa Rosada. Queda claro que la política de alentar la minería que pregonó en campaña Alberto Fernández –al igual que antes lo hizo Macri- no fue bien entendida por lares mendocinos. El Jefe de Estado indicó que la actividad es fundamental para generar divisas, como lo hace Chile al otro lado de la Cordillera de Los Andes, pero aclaró hasta el cansancio que deben existir las condiciones previas relacionadas con la preservación del ambiente.

Con respecto al tema, provincias como Jujuy, San Juan, Santa Cruz o Catamarca han avanzado en la organización de la actividad minera como los países de avanzada. De hecho, por ejemplo, nuestra provincia es señalada en los foros mundiales como un atractivo para las inversiones y ello se debe a la organización legal que se ha consolidado en los últimos 20 años. No solamente está la experiencia de Bajo La Alumbrera, que no produjo contaminación, sino que se avanzó en las medidas de control que permiten extender la frontera minera hasta cercanías del macizo andino, donde varias empresas cumplen tareas de exploración del litio, un material estratégico que están reclamando los países más desarrollados del orbe. Hoy en día, hasta existen reglamentaciones exigentes para el uso de las ganancias mineras, las que nunca más podrán ser dilapidadas por irresponsables intendentes o gobernantes de toda laya que no comprendan que los recursos naturales no son renovables y, por lo tanto, sus ganancias deben ser empleadas en proyectos de desarrollo genuino.

El Esquiú.com