Mendoza: El miedo a la minería en la calle, por Eddy Lavandaio

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El geólogo, miembro de la Asociación Geológica de Mendoza, repasa los episodios que llevaron a temerle a la actividad minera y analiza el accionar político en cada uno de ellos.

En los últimos 14 años publicamos numerosas notas en las que explicamos de qué manera se estaba inculcando a niños, adolescentes y adultos la imagen de una actividad minera absolutamente dañina para el ambiente, para la población y hasta para la economía provincial.

Está perfectamente documentada la presencia de activistas encargados de esa tarea en escuelas primarias, colegios secundarios, uniones vecinales, cámaras empresarias y clubes, combinando charlas presenciales con periódicos y panfletos que describían y mostraban las terribles consecuencias que iban a padecer las poblaciones si se instalaba una mina metalífera en la zona (diario Los Andes, 09/09/05 y 06/11/06).

Los actores políticos, en su mayoría, fueron funcionales a esas actividades (diario UNO, 01/04/12). Veremos algunos ejemplos.

El 8 de setiembre de 2005 se sancionó la Ley Nº 7.422 ampliando el Área Natural Protegida Laguna Diamante para impedir la exploración de un prospecto de cobre en el arroyo Papagayos, un objetivo hipócritamente omitido en el texto de la ley. Por su parte, el Subsecretario de Ambiente, Gustavo Morgani, con mas sinceridad que los legisladores manifestó que iban a ampliar las áreas protegidas en torno a otras reservas naturales con la intención de desalentar la explotación minera (Diario UNO, 08/09/05).

En la misma época se estaban factibilizando tres proyectos de minerales metalíferos que podían entrar en producción en el corto plazo: Don Sixto (oro y plata), San Jorge (primer proyecto de oxidados de cobre) y Sierra Pintada (reapertura – uranio). Con el objetivo real de impedir la concreción de esos tres proyectos, en el 2007 se sancionó la Ley Nº 7.722 (B.O. 22/06/07) que prohibió usar en cualquiera de las etapas de la actividad minera las tres sustancias que se requerían en las plantas de procesamiento de esos tres proyectos: cianuro, mercurio y ácido sulfúrico.

No cabe ninguna duda que la ley se hizo para impedir esos proyectos pero otra vez la hipocresía politica cambió el objetivo real por el de tutelar el recurso hídrico.

En el Espacio de Diálogo, organizado durante el Gobierno de Cornejo, la Asociación Geológica de Mendoza demostró públicamente las falacias con que se redactaron las leyes Nº 7.422 y 7.722. Con argumentos fehacientes se puso en evidencia que esas leyes no se hicieron para cuidar el agua y que el agua de Mendoza se contaminó y se sigue contaminando en muchos lugares sin que nuestros políticos impidan o prohíban a las actividades que provocan la contaminación. Ni funcionarios ni legisladores pudieron desmentir nuestros argumentos.

Algunos políticos «bancaron» avisos publicitarios en pasquines antimineros, otros fueron a solidarizarse públicamente con las comunidades que, en base a la información recibida de los activistas, se oponían a la actividad minera, y hubo otro, mas audaz, Francisco Pérez, que decidió mostrarse como más antiminero que los demás llamando a conferencia de prensa antes de las elecciones para informar que había pedido a sus legisladores que voten en contra del proyecto San Jorge (diario MDZ, 24/08/11).

Tal vez para reforzar la tarea, en el 2012, la UNCuyo editó el «Manual del Cuyún» para uso de maestras y maestros en el que las únicas referencias a la minería inducían a ubicarla como un potencial peligro.

Ciertos políticos tomaron a su cargo la prédica antiminera, como el Intendente de San Carlos, Jorge Difonso, que, entre otras cosas dijo a su pueblo «buscan pasar de un modelo productivo a uno extractivo»…»es preciso quitar el agua que utilicen todas las actividades para que la minería pueda funcionar» (Diario El Sol, 30/07/14), o la Diputada Graciela Cousinet que dijo… «Que los mendocinos decidan si quieren tener minería o viñedos» (diario MDZ, 24/08/16)

También vale la pena recordar que la Cámara de Diputados de Mendoza le dio un premio al Director del Portal Informativo de la Universidad Nacional de Cuyo por informarle al mundo, a través de internet, que el derrame de la mina Veladero envenenó el agua de Jáchal (Unidiversidad, 06/01/16) cuando todos los estudios (Naciones Unidas, Obras Sanitarias y Dirección de Hidráulica) demostraron que fue una información sin fundamento, calificada como «un fraude» por el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas, como «un invento» por el presidente de GEMERA y extrañamente desmentida en un informe publicado por Los Andes el 11/10/15. El accidente fue una verdadera vergüenza para una empresa que había acreditado Normas ISO 14.001 pero la contaminación se produjo solo en las cercanías de la mina y no hubo ningún desastre ambiental como se informó en Mendoza.

En suma, los actores políticos colaboraron de una u otra manera para fomentar la reacción de la gente en contra de la minería y después, con gran cinismo, salieron a decir que acá no hay licencia social.

Fueron 14 años. Los niños y adolescentes ya son adultos, y no son pocos los que incorporaron en su acervo cultural el miedo a la minería. En ese lapso, desde las autoridades y las políticas educativas nadie se encargó de explicarles a esos niños y adolescentes que la minería es una actividad imprescindible para sostener el desarrollo de nuestra sociedad, porque todo lo que tenemos y usamos se hace con minerales que producen los mineros.

En esos 14 años, lo que al principio pudo ser una oposición generada por la desconfianza y el temor hacia una actividad desconocida, se fue transformando en una ideología basada en un miedo creciente, hasta llegar al convencimiento de que hay que luchar por esa ideología en la que el enemigo a vencer es la minería. El propio Gobernador Suárez, en su conferencia de prensa, hizo notar que el Valle de Uco no tiene posibilidades de realizar actividades mineras porque toda su cordillera está bajo el régimen de áreas naturales protegidas y, sin embargo, una parte de su población se movilizó en contra de esas actividades. Así son las luchas ideológicas. No importa si el enemigo a vencer está lejos o cerca. Lo importante es derrotarlo.

Llegamos al 2019

Durante el 2019, al igual que en los años anteriores, los funcionarios del Gobierno de Cornejo en todo momento ratificaron el estricto respeto por la legislación vigente y en particular por la Nº7.722.

En el corto lapso de unos cuatro meses, los principales candidatos a gobernador anunciaron que estaban dispuestos a desarrollar una minería sustentable. Se llevaron a cabo las elecciones y una vez designado y puesto en funciones el nuevo Gobernador, en forma casi inmediata, el 20 de diciembre, la misma Legislatura que durante 14 años se encargó de cultivar la antiminería y de premiar noticias falsas sobre accidentes mineros, sancionó y promulgó la Ley Nº 9.209 modificando la esencia misma de la Ley Nº 7.722, que estaba hecha a propósito para impedir la minería en Mendoza.

Tal como era de esperar, los grupos antimineros salieron y se instalaron en la calle realizando numerosas y ruidosas manifestaciones diarias, no exentas de algunos desmanes y amenazas, exigiendo volver a la ley 7.722.

Dejando de lado a los activistas irracionales que se sienten realizados liderando protestas, la reacción de la mayoría de los manifestantes puede considerarse absolutamente lógica y honesta, porque, desde el punto de vista político y social, durante 14 años se estuvo «sembrando» y cultivando el miedo a la minería en la población y estas concentraciones callejeras de los últimos días son simplemente la «cosecha» obtenida después de tan prolongada siembra. Además, si durante tanto tiempo les prometieron no tocar esa ley es lógico que se sientan defraudados.

Finalmente, el 27 de diciembre, ante la continuidad de las manifestaciones, el Gobernador Suárez anunció en conferencia de prensa la derogación de la Ley 9.209 y la vuelta a la 7.722.

Qué hacer en el futuro

El entramado de la sociedad tiene muchos y variados componentes, pero la vida en una democracia representativa está signada por las decisiones políticas y los políticos, funcionarios y legisladores deben asumir la responsabilidad que les corresponde al respecto.

Si ahora los actores políticos creen que es necesario imitar a los países desarrollados y sumar la minería a la economía de Mendoza, deben hacer un «mea culpa» por lo que hicieron en los últimos 14 años y comenzar a hacer la tarea que no hicieron en ese mismo lapso.

Hay que informar al pueblo sobre lo que es la minería y lo que puede aportar a la economía provincial, exponiendo datos concretos sobre las limitaciones y normativas que la regulan y sobre las autoridades responsables de hacerlas cumplir, con el objeto de ir reemplazando el miedo por la esperanza en la creación de nuevas fuentes de producción y trabajo. Esta tarea no se podrá hacer si no hay una decisión política de llevarla a cabo.

En las escuelas y colegios de la provincia debería dejar de inculcarse a los alumnos que la minería es dañina y empezar a enseñar sobre la importancia que tiene la utilización de minerales en nuestra vida diaria. Esto también requiere de una decisión política que involucre a la Dirección General de Escuelas porque es en ese marco donde los niños y los jóvenes se educan aprendiendo lo que les enseñan los maestros y los profesores.

Esta tarea debería conformar un programa de información para llevarlo a cabo en todos los ámbitos sociales y educativos, y nuestros funcionarios y legisladores deberían ser protagonistas, tanto en su preparación como en su implementación, con el asesoramiento científico y técnico que sea necesario, para que sea seria y objetiva.

Los temores a superar

Los miedos son muchos y se indujeron durante largo tiempo. La información que se proporcione en adelante a través de los ámbitos de gobierno debería dirigirse a superar todos los temores. Solo a modo de ejemplo vamos mencionar algunos de los «miedos» que hay que superar, en particular los de los productores agrícolas.

1.- Miedo a perder la mano de obra para las cosechas. Este es un temor muy comprensible porque la cosecha es la culminación del ciclo productivo y depende en gran medida del trabajo de los cosechadores. La minería moderna contrata para sus plantas permanentes a mineros con experiencia y a chicas y muchachos jóvenes sin experiencia que hayan terminado el colegio secundario. Este perfil del trabajador minero, en líneas generales, no coincide con el de los cosechadores, de modo que la agricultura no perdería su mano de obra.

2.- Miedo a que la minería los deje sin agua para regar. Este temor no debería existir en Mendoza porque acá no es nada fácil conseguir una concesión de agua que se otorga por ley, siempre y cuando haya un informe del Departamento General de Irrigación que demuestre que hay agua disponible. En caso contrario el pedido de concesión se rechaza. En consecuencia no hay ninguna posibilidad de que la minería le quite el agua a la agricultura.

3.- Miedo a que las cantidades de agua disminuyan drásticamente. Esto se relaciona con el punto anterior. El DGI ha estimado de manera general que, en caso que se desarrollen algunos proyectos mineros, habrá una asignación no mayor del uno por ciento del agua disponible (Plan Agua 2020). Ese porcentaje es insignificante con respecto al uso agrícola pero suficiente para desarrollar varios proyectos mineros.

4.- Miedo a la contaminación. En los 22 años que lleva cumplidos la minería metalífera moderna de nuestro país solo se han contabilizado dos derrames de concentrado en el mineraloducto del Bajo de la Alumbrera, que fueron remediados en forma inmediata, y el ya descripto derrame de la mina Veladero que, habiendo sido el peor accidente, tampoco produjo daños en la cuenca. Estos accidentes, además de servir para la estadística, también sirven como experiencia útil para evitar que vuelvan a ocurrir.

5.- Miedo a los grandes accidentes. Acá corresponde informar que mas del 90% de los accidentes mineros que produjeron consecuencias ambientales importantes en el mundo se originaron por fallas o roturas en los denominados «diques de colas» que son los depósitos que contienen los residuos de las plantas de procesamiento con cierto porcentaje de agua. En los últimos años, y con gran repercusión periodística, hemos conocido los accidentes en las minas brasileras Samarco y Corrego do Feixao que produjeron graves consecuencias por la cantidad de víctimas fatales y la destrucción de bienes, viviendas e instalaciones. En ambos casos los diques eran de construcción antigua y de un diseño que ya fue prohibido en varios países porque no ofrecen ninguna seguridad. En la Argentina no se han construido diques de ese tipo y en algunos casos, como el del proyecto San Jorge, se incorporó la última tecnología disponible que es el depósito de las colas en pasta que solo acumula sólidos que permanecen estables en su lugar de disposición final.

6.- Miedo a la competencia. La introducción de una nueva actividad en una región provoca cierta desconfianza a las preexistentes como la ganadería y la agricultura. Este temor debe descartarse porque la nueva actividad demandará bienes, servicios e insumos para su funcionamiento y con esa demanda incrementará los negocios de muchas PYMEs en el lugar. Por ejemplo, si se incorporan mil empleados en una mina habrá mil familias que demandarán alimentos y esos alimentos significarán la oportunidad de mayores ventas para la ganadería y la agricultura.

7.- Miedo a las enfermedades. En la provincia de Catamarca, cuando estaba en producción la mina Bajo de la Alumbrera, circularon rumores, panfletos y notas periodísticas que vincularon a la minería con ciertas enfermedades o padecimientos tanto de seres humanos como de animales. Ante la enorme difusión que tuvieron, el Gobierno decidió contratar a la Fundación Centro de Estudios Infectológicos para que estudiara todos los casos descriptos. Las conclusiones fueron terminantes. No se encontró ninguna vinculación entre la actividad de la mina y la salud de la población.

8.- Miedo a los controles. Muchas veces hemos oído a disertantes de la antiminería decir «acá los controles no funcionan». Lamentablemente no hemos oído a funcionarios ni legisladores que hayan explicado si hay controles y de qué manera funcionan en resguardo de las comunidades. En esto nadie puede reemplazar a los actores políticos porque es de exclusiva responsabilidad de los gobernantes a través de sus autoridades de aplicación y de sus medios oficiales de difusión.

Estos son solo algunos de los temores instalados, tal vez los mas importantes, y es necesario trabajar para superarlos con información seria que abarque los aspectos científicos, tecnológicos, legales, sociales, ambientales y económicos. Esto solo será posible si nuestros políticos, funcionarios y legisladores toman la decisión política de ir en esa dirección y no en la dirección contraria como lo hicieron en los últimos 14 años. Lo que está en juego es ampliar la matriz productiva sumando nuevas fuentes de producción y trabajo a la economía tradicional que ayuden a disminuir la desocupación y la pobreza.

Eddy Lavandaio
Geólogo Matrícula COPIG 2774A
Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza

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