Desde El Ancasti sostienen que “Avanza el frente antiminero”

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La rendición del gobierno mendocino, obligado por una movilización popular a derogar modificaciones a su ley minera que habilitaban el uso de sustancias tóxicas en la actividad, robusteció el frente antiminero y abrió una fisura en el oficialismo nacional.

En la edición de ayer se informó sobre tres legisladores nacionales kirchneristas de Chubut que se diferenciaron del presidente Alberto Fernández y se expresaron en contra de la minería. En la Fiesta de la Fruta Fina, posaron con carteles con las leyendas «No a la mina» y «No es no”, junto al intendente de la localidad de El Hoyo, Pol Huisman, el diputado Santiago Igón, de La Cámpora, y los senadores Alfredo Luenzo y Nancy González, quienes reforzaron esta exposición con referencias en sus respectivas cuentas de Twitter, como para que la difusión del pronunciamiento no quedara restringida a Chubut.

Fernández había destacado hace poco la explotación de oro y plata y el desarrollo de la minería en la meseta chubutense. Sin embargo, la rebelión del trío de legisladores nacionales de su palo se suma a la de varios legisladores provinciales y a la de los intendente de Trelew, Adrián Maderna, y Madryn, Gustavo Sastre,

La reacción de la casta política en Chubut marca el quiebre que significó Mendoza.

Allí, las controvertidas modificaciones a la ley minera habían sido sancionadas en las dos cámaras legislativas por mayorías rotundas, conformadas por radicales, macristas, peronistas y kirchneristas. Tan sólido consenso parlamentario cedió ante la reacción social y al gobernador Rodolfo Suárez no le quedó más alternativa que recular.

El precedente cuyano, que tuvo fuerte repercusión nacional, avivó a la dirigencia. Por genuina convicción o por especulación electoral, la antiminería cobra fuerza en el terreno parlamentario.

La evolución de la controversia es un problema de primer orden para la Casa Rosada, que considera al desarrollo de la minería y la inversión en el sector puntales casi indispensables para revertir la crisis y munirse de dólares. Obtener la licencia social se hace cada vez más difícil.

No se trata de un problema legal.

El amplio consenso logrado para las reformas de la ley en Mendoza fue finalmente papel mojado y el Gobierno de Suárez se vio obligado a abrir el debate. Vale decir: los legisladores mendocinos, representantes teóricos del pueblo, que no delibera ni gobierna si no es a través de ellos, no interpretaron la opinión de sus supuestos representados.

En el terreno jurídico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó a las autoridades catamarqueñas y a la empresa Minera Agua Rica a elaborar un nuevo informe de impacto ambiental sobre el yacimiento Agua Rica, en Andalgalá, con la indicación explícita de que se le dé participación a la comunidad porque el primero, con el que se pretendió avanzar, había sido aprobado en forma defectuosa.

Los inconvenientes, de tal modo, son estrictamente políticos. La antiminería arraiga en sectores sociales cada vez más amplios, por diferentes motivos, y sin el acuerdo de las sociedades es utópico el desarrollo de la actividad.

La jurisprudencia más pesada, sin embargo, no es jurídica.

Este diario la consignó a propósito de los obstáculos que se ciernen contra Agua Rica: el caso Famatina.

Quince años de maniobras combinadas del poder político riojano y las más poderosas corporaciones mineras internacionales han resultado infructuosos contra la resistencia de las comunidades aledañas a Chilecito, que encontraron solidaridad en todo el país y exportaron la taquillera consigna “El Famatina no se toca”, replicada en escenarios y manifestaciones de todo el país, cambiando de localidad, cerro o glaciar cuando es necesario.

Ningún genio del marketing ha conseguido éxito similar.

El Ancasti