Catamarca/Llamativa indiferencia: La política del Estado boliviano en torno al litio se sostiene a pesar de la traumática crisis…

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La política del Estado boliviano en torno al litio se sostiene a pesar de la traumática crisis institucional que atraviesa ese país. Consiste en procurar la mayor participación posible del sector público de Bolivia en las utilidades obtenidas por la extracción del llamado “oro blanco” y, lo más importante, lograr que se procese en la misma Bolivia.

Para esto cuenta con la firma estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), cuyo gerente, Juan Carlos Zuleta, dijo que «es importante para la comunidad internacional saber que la ley boliviana dice que el litio debería ser extraído y procesado por bolivianos, y ahora estamos acá para cumplir la ley».

Se trata de un representante del Gobierno interino que desplazó a Evo Morales con procedimientos polémicos, en el marco de un conflicto que divide a la sociedad boliviana. No obstante lo virulento de la refriega con el sector del ex presidente, que refugiado en la Argentina timonea para el retorno a través de elecciones, el funcionario ratificó la continuidad del proyecto de construcción de una planta de litio con una capacidad de 15.000 toneladas anuales, que debería estar terminada para fines de este año y operando a máxima capacidad en uno o dos años más.

Bolivia, subrayó, no firmará acuerdos de corto plazo con empresas extranjeras, aunque tengan mayor desarrollo productivo para ingresar al país y ayudar a impulsar la producción local, pero buscará profundizar los conocimientos bolivianos en materia de litio y trabajará con asesores especializados a nivel internacional.

Quedó en suspenso, eso sí, la constitución de una empresa mixta para producir hidróxido de litio e hidróxido de magnesio entre la YLB y la alemana ACI Systems, pero se explora otro con una firma de capitales chinos, Xinjiang TBEA. En el convenio con la empresa alemana, la estatal se reservaba el control del 51% del paquete accionario.

Sobre el contraste entre la línea seguida por Bolivia para obtener provecho de su litio y la del Estado catamarqueño, este diario viene informando desde hace más de un año. En diciembre de 2018, el ministro de Energía de Evo Morales, Rafael Alarcón, dijo: “Estamos comenzando una nueva era en la minería, trabajando para ser socios, no para entregar nuestros recursos naturales, de manera tal que la industrialización la podamos lograr en el país”.

Por esa época se destacó también la decisión del gobierno de la provincia de Jujuy, que había celebrado acuerdos con capitales privados para asegurarse un 12% de las utilidades por la extracción de litio en la provincia y, lo más importante, la participación como socio en una planta de fabricación de baterías de litio por medio de la sociedad del Estado Jujuy Energía y Minería (JEMSE).

En Catamarca, mientras, la estatal CAMYEN, creada y financiada con el específico propósito de participar del negocio minero, se mantiene obstinada al margen de la fiebre del litio, ante la que se alzan, para colmo, severos obstáculos en términos de licencia social. Las gestiones que otros estados realizan para participar de las utilidades de la explotación y generar condiciones para que el mineral se procese en sus territorios tornan esta prescindencia particularmente llamativa. En lo que se refiere al litio, Catamarca solo percibiría lo que le toque en términos de regalías y gabelas como los derechos por el uso del agua.

Más curiosa resulta la indiferencia en cuanto se refiere el antecedente de Bajo la Alumbrera. En la explotación de ese yacimiento la provincia fue asociada a través de YMAD, y lo que recibió por lo que le tocaba por las ganancias triplicó la renta de las regalías.

Por otro lado, no se ha planteado siquiera la posibilidad de que el litio extraído pueda ser procesado en territorio catamarqueño, como se haría en Bolivia y Jujuy. Esto redundaría en la creación de empleo de calidad y genuino, al tiempo que multiplicaría los ingresos.

Teniendo una herramienta idónea como la CAMYEN, no se entiende por qué no se aplica una política más ambiciosa y agresiva para insertar al Estado en el boom del litio.

El Ancasti