Catamarca: Sin margen de error

0
50

La organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) se movilizará hoy a la sede del Juzgado de Minas para presionar por la suspensión de los trabajos para el acueducto en el río Los Patos, en Antofagasta de la Sierra, solicitada por el cacique de la comunidad originaria Atacameños del Altiplano, Román Guitian.

El acueducto reconducirá agua para que la empresa Livent incremente su producción de litio en el Salar del Hombre Muerto.

Según Guitián y PUCARA, la obra carece de licencia social y el Gobierno de la Provincia y la firma minera se habían comprometido a pararla hasta que, en un debate con la participación de las comunidades afectadas, se determinara si continuaba o no. Esto, asegura, no se cumplió, y Livent avanza pese a la oposición de al menos parte de los antofagasteños.

Brasa en las manos del juez Guillermo Cerda, cuya decisión es clave: determinar si la expansión que se propone Livent, con pleno respaldo del Gobierno, cuenta con consenso social suficiente en la Puna de Antofagasta. Tales son los términos en que Guitián ha planteado el recurso.

El cacique anexó a su presentación “dos análisis críticos” que según dice demuestran “todos los errores del informe de impacto ambiental”, además de “17 irregularidades que la propia Dirección de Minería reconoce, las cuales convierten en ilegal, irregular y contra derecho la aprobación del proyecto”, y “un detallado análisis de las violaciones a los derechos de consulta pública, libre, previa e informada a la comunidad indígena y a los vecinos y vecinas”.

Para aquilatar el alcance del fallo que debe alumbrar Cerda basta remitirse a un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2016 hizo lugar a un recurso de amparo interpuesto por vecinos autoconvocados de Andalgalá en contra de Minera Agua Rica y ordenó confeccionar un nuevo informe de impacto ambiental para el proyecto de explotación del yacimiento Agua Rica, debido a que el que había presentado había sido aprobado en 2009 por la Secretaría de Minería en forma “condicionada”.

El tribunal consideró que, al habilitar el informe de este singular modo, la Provincia “admitió la existencia de problemas ambientales que la empresa debía solucionar antes de iniciar los trabajos para explotar la mina» y le dio la derecha a los ambientalistas, quienes argumentaban que la aprobación era ilegal «porque ni la legislación nacional ni la provincial admiten que se apruebe un emprendimiento bajo la condición de que la empresa minera, en forma previa a iniciar los trabajos, subsane las objeciones y observaciones formuladas por la misma provincia».

La sentencia suprema llegó tras una ardua pelea judicial. Los autoconvocados habían radicado la presentación en Catamarca en 2010. La Corte local la rechazó en 2012 y de ahí fueron en queja a la de la Nación.

El pronunciamiento de los miembros del tribunal mayor incluyó términos muy duros contra sus colegas catamarqueños.

“La decisión de la Corte  local de no  considerar los fundamentos de  la actora tendientes a demostrar que la resolución 35/09, en cuanto aprobó el Informe de  Impacto Ambiental en forma condicionada, era manifiestamente ilegal y  arbitraria y que, en  consecuencia, el  amparo resultaba ser la vía idónea para cuestionar este aspecto de  la pretensión y evitar así un  daño inminente al medio ambiente, no constituye un  acto jurisdiccional válido con arreglo a  la  doctrina de  esta Corte en  materia de  arbitrariedad de  sentencias, por lo que corresponde su descalificación”, argumentaron.

En criollo: el rechazo al amparo en Catamarca fue arbitrario según la máxima autoridad judicial del país.

El cacique Guitián da el primer paso en la senda judicial contra Livent. Vaya a saber hasta dónde insiste, pero el párrafo que la sentencia final contra Minera Agua Rica dedica a la Justicia provincial debe pesar sobre el ánimo de Cerda.

Su margen de error es nulo, si no quiere precipitarse en un papelón.

El Ancasti