Catamarca: Juez Cerda afirmó que «Si no hay licencia social no puede haber minería»

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Recibió a los asambleístas de PUCARÁ, que piden que resuelva el pedido por la suspensión del

El juez de Minas, Raúl Guillermo Cerda, recibió en la puerta del Juzgado a integrantes de la Asamblea PUCARÁ, quienes reclamaron por mayor celeridad en la presentación que se realizó y por la que se pide la suspensión del acueducto que se realiza en el río Los Patos (Antofagasta de la Sierra). El magistrado les dijo que se tratará con urgencia, pero aclaró que debe cumplir con los pasos formales y dar la oportunidad de defensa a la empresa Livent.

Asambleístas se concentraron en la puerta del Juzgado con pancartas para reclamar la suspensión de las obras. Cerda salió a recibirlos y se produjo un intercambio ordenado con la presencia de los medios de prensa.

Esta semana se conoció que el cacique de la Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano, Román Guitian, realizó una presentación en la Justicia para solicitar la paralización del proyecto del acueducto del río Los Patos. Los asambleístas respaldaron la presentación.

«En el documento que presentamos hemos adjuntado actas donde están las firmas del gobernador Raúl Jalil, que se ha reunido con los vecinos donde el actual Gobernador se comprometió a que no se iba a realizar el acueducto hasta que no se hiciera la audiencia pública. Esa audiencia pública no se realizó en ningún momento y sin embargo el Gobernador autoriza a que esta obra avance», planteó Manuel Fontenla, uno de los asambleístas.

Cerda les pidió que tengan la tranquilidad de que se atenderá con urgencia la presentación. «Si constatamos la irregularidad vamos a proceder como corresponde, ya lo hemos dicho, la licencia social es un requisito de la licencia general del ambiente, que la estamos aplicando y la vamos a aplicar sin dudar pero esperen que resolvamos la presentación», sostuvo.

El magistrado admitió que la empresa tiene una autorización para iniciar la obra. «Hemos concedido el permiso para que se haga el trabajo, si ahora se están cometiendo irregularidades y no han procedido conforme a los criterios de la ley, vamos a proceder y vamos a suspender, pero hay que darle el derecho a defensa a la otra parte», añadió.

Cerda no descartó la posibilidad de una inspección en la zona, pero fue contundente al señalar que debe garantizar el derecho de defensa, a partir de la notificación, la empresa tiene 15 días para responder. Además, le pidió a los manifestantes que regularicen una formalidad en la presentación legal. «Las comunidades son las primeras que tenemos que escuchar, si no hay licencia social indudablemente no puede haber minería, tenemos que tener ese consenso», explicó el juez.

Los asambleístas destacaron que el magistrado dio la cara. Sin embargo, anhelaron que el trámite no tenga tanta burocracia porque la obra ya tiene un 70% de avance.

«Lo que nosotros tratamos de transmitir es que no hay tiempo para eso por lo que avanzó la construcción del acueducto, la situación que pasa la comunidad, el hostigamiento por parte de los trabajadores de las mineras ya no podemos esperar más», expresó otra joven.

Señalaron que la irregularidad más evidente es que la Secretaría de Minería se había comprometido a realizar la audiencia pública y hasta ahora no se concretó.

«Lo que hay es una complicidad entre algunos actores políticos y empresarios que termina siendo perjudicial para la comunidad.

En el documento están todas las irregularidades, los propios técnicos de Minería reconocen que el impacto en la vega del trapiche va a ser irreversible. Entonces, cuando la ex gobernadora Corpacci fue a Antofagasta de la Sierra y le dijo a la gente que la vega que se había secado por culpa de la gestión anterior le mintió al pueblo porque en el informe de impacto ambiental que aprueba su gestión ya estaba eso, no hay manera de que no sean responsables», expresó otro de los asambleístas.

El Ancasti