Catamarca/Editorial: Cómplices de los abusos

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Tal vez los mentores de los constantes atropellos que sufre la comunidad antofagasteña que se opone a la actividad minera, o a ciertos aspectos de la actividad minera, consideren que tienen garantizada cierta impunidad por la enorme distancia geográfica que existe entre la capital provincial, caja de resonancia de los temas centrales de la política y la economía local, y el departamento más alejado del Oeste catamarqueño.

Y aunque la lejanía pueda demorar el conocimiento público de las arbitrariedades que sufren particularmente integrantes de comunidades originarias o personas que apoyan con perseverancia y legitimidad la posición de resistencia, los hechos más temprano que tarde terminan saliendo a la luz pública. No por iniciativa de las instituciones de la provincia, que son más cómplices de los abusos que aliados de las víctimas, sino por las propias voces de los atropellados, que procuran justas reparaciones y cese de las persecuciones a partir de la difusión de los hechos a través de redes sociales o contactos informales con periodistas. Razonablemente, confían más en los medios de comunicación que en las autoridades provinciales de los tres poderes.

El último caso, conocido ayer, tiene como víctima a una docente que presta servicios en escuelas de El Peñón y de la Villa de Antofagasta y que forma parte de la comunidad Atacameños del Altiplano. Según denunció la organización ambientalista PUCARA (Pueblos catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), la profesora es perseguida por su postura en defensa del río Los Patos. El pasado miércoles, Reynoso fue notificada de un pre-sumario del Ministerio de Educación, que incluye la suspensión del cargo y sus haberes sin haber tenido derecho de defensa, a partir, según la organización, de «testimonios imprecisos y dudosos de personas involucradas con la empresa Livent» que explota el yacimiento del Salar de Hombre Muerto.

El episodio se suma a otros hechos que configuran una tendencia a fustigar y perseguir a los que cuestionan el accionar de la empresa minera. Un caso que cobró relevancia nacional fue la detención, durante el pasado mes de noviembre, de tres hermanos de apellido Morales que se opusieron a que se derribara un alambrado que delimitaba la propiedad familiar para que pasen camiones de la empresa minera.

En el conflicto desatado en Antofagasta de la Sierra por la licencia social del emprendimiento minero, la Justicia -en este caso fue la de Belén- parece jugar abiertamente a favor de los intereses de la empresa, propiciando incluso fallos que han sido cuestionados como arbitrarios, como la detención de los Morales. Ni el derecho a defender su propiedad tienen garantizado. La misma imputación puede realizársele a la Secretaría de Minería provincial y al municipio local, que en la controversia no han dudado en darles la espalda a las comunidades originarias.

Completa un panorama institucional adverso a los intereses de los grupos antimineros la inacción del Poder Legislativo, que pese a la centralidad política del problema no lo ha debatido en comisión, mucho menos en plenario de las cámaras.

Es decir, los tres poderes de gobierno del Estado han confluido en una peligrosa persecución de las manifestaciones antimineras, sin medir si se tratan, simplemente, de piquetes antojadizos que ocultan segundas intenciones o si son expresiones de legítima defensa de sus tierras.

El Ancasti