Catamarca: Cara y cruz, el naipe del agua

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Las empresas litíferas pagan por el uso del agua, cuando pagan, un canon insignificante frente a sus ganancias

Las características del negocio del litio, estrella del momento en el competitivo universo minero, imponen readecuar criterios para mejorar la inserción del sector público.

Detrás de las expectativas que se insuflan a la sociedad en tren de edificar consenso para la extracción del llamado “oro blanco”, está una realidad incontrastable: sus utilidades serán muy inferiores a las que arrojó la producción de oro y cobre en Bajo La Alumbrera y, por consiguiente, también serán significativamente inferiores los ingresos para el erario, con el desmedro adicional de que en este caso, al no estar asociado directamente el Estado a los proyectos, sólo se cobrarían regalías, sin participar de las ganancias.

Las empresas litíferas vienen navegando cómodas con hojarascosos anuncios de inversiones y promesas de generación de empleo que bien pueden interpretarse como maniobras de distracción para alejar del foco del debate el factor clave, que es el agua.

Resulta llamativo que las autoridades provinciales se deshagan en loas a holdings mineros como Livent por poner unos pesos en Catamarca mientras se abstienen de jugar la palanca hídrica para obtener mayores márgenes de ganancias para la Provincia.

El agua es indispensable para la explotación del litio, pero las empresas pagan por su uso, cuando pagan, cifras insignificantes en concepto de canon.

El control sobre el agua se yergue como elemento central para negociar las condiciones de explotación con las litíferas y, en tal marco, es absurdo que el Estado se resigne a unos cánones de miseria por algo que a las firmas privadas, que harán miles de millones, les resulta imprescindible. En resguardo del interés público, las cifras deben adecuarse al volumen del negocio, más aún cuando, como con el litio, genera tanto interés.

El canon por el uso del agua integra lo que se conoce como “regalías secundarias”, y su incremento resulta más necesario en cuanto se consideran las inversiones que el Estado tendrá que hacer para proveer a las explotaciones y su población de servicios e infraestructura como energía, agua potable y caminos.

Sin embargo, el tema no forma parte de la agenda de debate, ganada casi exclusivamente por las promesas de los puestos de trabajo que las actividades generarían, que son en términos generales insignificantes por mucho que se pretenda magnificar su importancia. Menean las firmas, ladinas, mientras llevan la discusión por los rumbos que les convienen, que contratarán catamarqueños e incluso, en el sumun de la generosidad, están dispuestos a capacitarlos.

Tamaña gauchada se les celebra con fervor mientras se evita calzarles los puntos por el uso del agua, por el que abonan migajas y se economizan, en contrapartida fortunas. Parece haber un temor excesivo a afectarles la angurria.

Y eso que el uso intensivo del agua y su impacto ecológico configuran el elemento principal en los argumentos contrarios a la minería, con absoluta razón.

Más avisados que los negociadores oficiales, los pobladores de las regiones en las que se extrae y extraerá el litio advierten que los empresarios que la juntan en pala pretenden conformarlos con chala ‘i choclo o, lo que es lo mismo, los tratan como idiotas.

Pero de ahí lo intenso de las controversias que suelen reventar en la Puna. Escasean los zonzos: si van a utilizar el agua, que paguen por ella lo que corresponde, que acá es ley que se juega con el coya pero no con las alforjas.

La retribución a Catamarca por el uso del agua en el negocio del litio es el naipe más poderoso que tiene la Provincia en la carpeta de las tratativas. Renunciar a jugarlo equivale a abdicar de una posición de fuerza para obtener mayores recursos y financiar políticas públicas en beneficio de la sociedad. Una insensatez, en definitiva, tan incomprensible como injustificable.

El Ancasti