Mendoza: Vuelve a menearse la minería como posible salida al desastre económico

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Desde Malargüe se está impulsando una fuerte cruzada provincial para ser exceptuados de las restricciones.

Por: Marcelo Torrez

@MarceloTorrez

Más que por las necesidades de un departamento y de su reclamo justo y comprensible de que se le permita explotar sus recursos naturales para generar riqueza para que su propia gente pueda vivir del producto de lo que tiene y desarrollarse sin la obligación de depender de las limosnas provinciales o nacionales, la minería en Malargüe –y quizás en el resto de la provincia– podría ser viable en un futuro no tan lejano por el impacto brutal y apocalíptico que la pandemia del nuevo coronavirus provocará en la economía. Una ironía, podrían agregar unos, luego de que el gobierno de Rodolfo Suarez encarara al comienzo de su gestión una modificación a la ley antiminería, la famosa 7.722, y a la que inmediatamente debió renunciar por aquel bullicioso reclamo social en su contra que se levantó desde varias regiones de la provincia.

Pero, lo cierto es que el intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda –acuciado por las dificultades económicas y financieras de su departamento, tanto que por primera vez en su historia no recibiría regalías petroleras, la principal vía recursos, por la caída de la actividad– ha comenzado a impulsar fuertemente una cruzada provincial para que el departamento sea exceptuado de las restricciones a la minería porque no tiene cómo financiar el Estado. Tan justo y de sentido común que cualquiera en su sano juicio lo entendería. Pero, en Mendoza, las cosas no son tan justas y de sentido común como cualquier foráneo y extranjero pudiese imaginar de la tierra del Mendoexit.

Ojeda pretende que, como en Malargüe existe licencia social para explotar la minería, se avance y se efectivice una modificación a la ley 7.722 que avale la puesta en marcha de los emprendimientos que allí se han proyectado. Pero, aunque parte de la dirigencia política, quizás la mayoría, más los empresarios mineros reunidos en la cámara que los agrupa están detrás de la iniciativa apoyándola públicamente, también concuerdan en su inviabilidad. Para ello, debiese modificarse íntegramente la ley, como se intentó con la malograda norma 9.209, que, así como vio la luz en un santiamén, se murió tras las manifestaciones populares en su contra. Es decir que la opinión mayoritaria de los expertos –también de los propios interesados– es que para que exista minería en Malargüe la actividad tendría que estar permitida en toda la provincia, por la simple razón de que los yacimientos son provinciales y las cuencas de los ríos, para el caso de los que surcan el territorio malargüino, las comparte o bien con San Rafael o bien con General Alvear, departamentos que se han manifestado contrarios a la explotación de la minería metalífera o a gran escala. Lo de Ojeda no sólo es la expresión de un deseo de cumplimiento necesario para mejorar la calidad de vida de los malargüinos, también, lo sabe en su intimidad, es impracticable.

Los mineros, además de todo aquello, teorizan y exploran otras razones por las cuales no se le permitiría a Malargüe –en tiempos normales– desarrollar a pleno su potencial. Una de ellas es la posible tasa de éxito, también a gran escala. “Quienes están en contra, como en los departamentos en donde no existe el potencial minero, se verían perjudicados por un Malargüe altamente beneficiado por la comercialización de su propio potencial”, afirman. También agregan que si hoy existe una suerte de revolución con el Mendoza Activa (el programa de incentivación económica lanzado recientemente por el gobierno de Suarez), que podría beneficiar a unas 10.000 personas con ingresos de 3.000 pesos, lo de la minería es comparable con nada. “Unos 600 millones de dólares de inversión en un solo proyecto, más de 3.000 empleos y sueldos de una escala superior”, comentan.

Pero, en el Gobierno, y también en el sector de los empresarios, apuestan a las necesidades extremas que dejará expuesta la salida de la pandemia. Cuando todo termine, es probable que la minería vuelva a ser tenida en cuenta por las urgencias sociales y económicas, más que por otra cosa. Y no sería de extrañar que se avance en algún programa o plan de concientización y de información a nivel oficial que busque aclarar los aspectos desconocidos de la minería sustentable y que su práctica se pueda llevar adelante asegurando y garantizando el cuidado del ambiente y del agua.

El último informe que relevó el potencial minero de la provincia data de mediados del 2019. Allí se afirma, con valores de los commodities del año pasado, que Mendoza posee un valor bruto en mineral aproximado de 349.000 millones de dólares. Sólo la construcción de los yacimientos, antes de su explotación, generaría 130.000 empleos entre directos e indirectos y, una vez en producción, emplearían a casi 39.000 trabajadores, 9.800 de manera directa y otros 29.000 de manera indirecta. El estudio, además, asegura que el potencial minero de la provincia es diez veces superior a las reservas de petróleo conocidas en el territorio y que sólo los primeros seis proyectos más avanzados le proporcionarían a Mendoza más de 25.000 empleos en cinco años, entre la construcción de los yacimientos y para la etapa de producción.

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