Catamarca/Depuración en marcha: Una fortuna. Raúl Cipolleti, de arca, calculó que las deudas por canon minero superan los $500 millones

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El anuncio de que la Agencia de Recaudación Catamarca comenzará a fiscalizar el canon minero se inscribe en una política general tendiente no solo a depurar el padrón sino también, y sobre todo, a reformular el sistema de adjudicación de concesiones y control.

Cualquiera sea la opinión que se tenga sobre el sentido de las modificaciones que el Gobierno quiere introducir en el Código de Minería, es incontrastable que cambiarlo es necesario. El Ministerio de Minería calculó las deudas por cánones impagos en más de 107 millones de pesos, concentrados en solo cinco manos.

Raúl Cipolletti, director del ARCA, atribuyó esta situación al “accionar tardío o la inactividad de quienes tienen la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que claramente surgen de las concesiones otorgadas”. El tiro va dirigido al Juzgado del Juzgado de Minas.

“En la búsqueda de cumplir con la finalidad que por ley de creación se le asigna a la ARCA, hemos detectado un problema grave en materia de recaudación del canon minero. Esto activa el proceso decisorio para reencauzar la situación y lograr la regularidad mediante la intimación al pago de deudas y la declaración de la caducidad de los pedimentos o concesiones según corresponda”, advirtió el funcionario.

El juez de Minas, Guillermo Cerda, explicó en una oportunidad que, transcurrido determinado plazo, las concesiones en mora caen “de hecho”, pero para que caigan “de derecho” es preciso que alguien las reclame. Recién entonces se inicia el proceso de desadjudicación.

“De facto” no se tradujo en “de jure” salvo casos muy excepcionales, pues el Juzgado de Minas no activó de oficio para cobrar los cánones o declarar vacantes las concesiones en infracción y la autoridad Minera, por su parte, hizo poco y nada para estimular un proceso de ese tipo.

Omisiones combinadas y concurrentes, en definitiva, habilitadas por defectos legislativos, devenidos acaso del anacronismo.

Esta abulia de la autoridad pública fomentó la especulación más allá del terreno específicamente minero.

La falta de controles sobre el padrón minero fomentó la especulación incluso en terrenos ajenos a la minería.

Permanecer como propietario de un pedimento sin abonar un peso al fisco por tal derecho tiene el beneficio obvio de proceder al pago de lo adeudado recién en caso de que apareciera algún interesado en invertir en el área. Incluso, el cómodo poseedor del pedimento podía incluir la deuda en el precio acordado para la transferencia.

Esta maniobra es solo una de las que podían o pueden desarrollarse siendo propietario de pedimentos mineros. Hay varias más.

Una de ellas, muy habitual, es la posibilidad de importar utilitarios y maquinaria pesada exentos, dado el régimen minero, de aranceles. Esto permitía a los especuladores adquirirlos a un precio muy inferior al de plaza para luego alquilarlos o venderlos. Un fraude liso y llano perpetrado al amparo de la inacción para discriminar entre especuladores y legítimos interesados en la minería como tal.

Con las declaraciones del titular de ARCA, la Provincia pasa a la ofensiva. Minería alega que tomar la facultad de otorgar los pedimentos, uno de los ejes de la reforma del Código Minero, le permitirá actuar con mayor agilidad en el cobro del canon y la declaración de las vacancias. La opción judicial, de todos modos, siempre está abierta.

Ese es el objetivo de mediano plazo. En lo inmediato, hay una fortuna en juego.

“Esta fiscalización preliminar recién comienza, pero con la información que todavía estamos recabando podemos referir un total que supere los 500 millones de pesos en deudas de canon minero. Esta es una suma de extraordinaria importancia que podría financiar bienes que demanda la comunidad como por ejemplo una represa, una ruta provincial pavimentada completa, un puente, o varios hospitales para el interior de la provincia”, se entusiasmó Cipolletti.

El Ancasti