Mineras canadienses pueden ser juzgadas en Canadá por causas internacionales

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El testimonio de tres refugiados de Eritrea, que alegaron ante la justicia canadiense graves abusos a los derechos humanos cometidos por la empresa minera canadiense Nevsun Resources en una mina de oro, cobre y zinc en ese país, ha establecido una nueva jurisprudencia en Canadá tras una larga batalla legal.

Por Rufo Valencia |

amlat@rcinet.ca

El caso ha sido resuelto fuera de los tribunales después de que la empresa minera aceptó pagar como indemnización una cantidad no revelada pero «significativa» de dinero, según Amnistía Internacional.

En la demanda presentada ante las cortes de la provincia de Columbia Británica en noviembre de 2014 los ex trabajadores de la mina, Gize Yebeyo Araya, Kesete Tekle Fshazion y Mihretab Yemane Tekle, alegaron que la minera canadiense era responsable de haberse beneficiado de graves abusos como la esclavitud y el trabajo forzoso, además de la tortura y crímenes de lesa humanidad durante la construcción de su mina de cobre y oro en Eritrea.

En febrero de 2020 la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el caso podía ser litigado en las cortes de Columbia Británica a pesar de que se trataba de hechos ocurridos en África.

Los términos del acuerdo, que pone fin a años de disputas legales en tres continentes, son confidenciales, pero los defensores de los derechos humanos aseguran que el resultado de esta batalla legal tendrá consecuencias.

«Este acuerdo da testimonio del increíble coraje de los trabajadores mineros que denunciaron sus horribles experiencias de tortura, esclavitud y trabajo forzado mientras trabajaban en la mina… Con este juicio trascendental, estas personas ayudaron a allanar el camino para exigir responsabilidad a las corporaciones en el extranjero. Las empresas canadienses deben asumir la responsabilidad en caso de alegaciones de abusos de los derechos humanos asociados a sus operaciones, no sólo en suelo canadiense, sino en cualquier parte del mundo».

Ketty Nivyabandi, Secretaria General de Amnistía Internacional Canadá.

Para Tara Scurr, responsable de campañas de negocios y derechos humanos de Amnistía Internacional Canadá, se trata de un caso que sienta precedentes, ya que es la primera vez que se ha presentado ante una corte canadiense una demanda de abuso de los derechos humanos por las actividades de una empresa canadiense de extracción en el extranjero.

Para Scurr esta proceso judicial es ejemplo de que este tipo de casos pueden ser juzgados en Canadá y resultar en importantes acuerdos sobre el pago de indemnizaciones por parte de las empresas.

En un fallo histórico, la Corte Suprema de Canadá desestimó la apelación de Nevsun y permitió que el caso proceda en Columbia Británica, afirmando que el derecho internacional se aplicaba tanto a los Estados como a las empresas.

La Corte Suprema de Canadá también dejó en claro que las empresas pueden ser juzgadas en territorio canadiense sobre denuncias graves en otros países.

Durante el proceso, la minera Nevsun negó que la empresa o sus filiales hubieran reclutado a militares eritreos para construir la mina o suministrar mano de obra, y afirmó que los refugiados que presentaron la denuncia judicial no habían sido maltratados.

Por su parte, la Corte Suprema de Columbia Británica también rechazó los intentos de Nevsun que quería que el caso sea ventilado en Eritrea y no en Canadá.

Durante el proceso, que concluyó en un acuerdo de pago de indemnizaciones, los trabajadores describieron haber sido atados y golpeados, amarrados bajo un sol ardiente y abandonados durante horas, mientras ganaban unos 30 dólares al mes. No había licencia en caso de enfermedad y se enfrentaban a represalias que afectaban a sus familias si tomaban alguna licencia.

Las solicitudes de comentarios a la empresa Zijin Mining Group Company, una empresa china que adquirió Nevsun en 2018 por 1.900 millones de dólares, no fueron respondidas.

En declaraciones previas la minera canadiense Nevsun negó todas las acusaciones y dijo que planeaba «defenderse enérgicamente en los tribunales».

En su decisión de marzo, la Corte de Columbia Británica rechazó el argumento de la empresa de que los tribunales canadienses no pueden evaluar los actos soberanos de un gobierno extranjero, incluido el programa de servicio militar en Eritrea.

La Corte también señaló que el derecho internacional consuetudinario incluye normas fundamentales como la prohibición de la esclavitud, el trabajo forzado y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Según Amnistía Internacional Canadá, esta decisión fue importante porque, en los casos de presuntos abusos de los derechos humanos por parte de empresas mineras canadienses en el extranjero, los demandantes extranjeros se enfrentan a inmensos obstáculos jurídicos cuando intentan presentar demandas ante los tribunales canadienses.

Durante muchos años, dijo el organismo de defensa de los derechos humanos, los tribunales canadienses declinaron su jurisdicción para atender casos de abusos vinculados a empresas canadienses, dictaminando que esos casos debían ser más bien litigados en el país en que se produjeron esos presuntos abusos.

En países como Eritrea, que carecen de un poder judicial o una constitución independientes, es muy poco probable que una poderosa empresa extranjera pueda ser juzgada de manera justa y sin interferencias por violaciones de los derechos humanos, según Amnistía Internacional.

Fuentes: CBC / Y. Brend / Amnistía Internacional Canadá / Canadian Press / RCI

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