Editorial del diario La Nación
Como parte del plan de reestructuración, el gobierno de la provincia de Chubut se plantea disolver el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable. La idea representa un claro ejemplo de cómo en política también se pueden sufrir retrocesos. En este caso se trataría de un repliegue de magnitud considerable, donde las actividades extractivas podrían encontrarse, de pronto, frente a la mayor de las flexibilizaciones: el ex Ministerio de Ambiente pasaría a conformar una sola estructura administrativa junto al Ministerio de Hidrocarburos y Minería. Resulta inevitable imaginar la operatoria de trabajo de un ministerio que, al mismo tiempo, promueve una actividad riesgosa y discutida históricamente por la sociedad y alberga bajo su mismo techo a la autoridad que debe controlarlo.
Es inviable afrontar un crecimiento con seriedad sin advertir que existirán presiones para el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales que podrían afectar sensiblemente el patrimonio provincial y, quizás, el bienestar de las futuras generaciones. Es por eso que será cada vez más necesario contar con una fortaleza institucional que permita un contrapeso adecuado para integrar la protección ambiental en todas las políticas del Estado. Para ello se requiere que la autoridad ambiental cuente con una jerarquía similar a la de los demás ministerios expresando así un verdadero compromiso político de la provincia con el desarrollo sustentable. Algo que difícilmente podrá cumplirse debilitándola o disolviéndola.
Proponer que la autoridad en materia ambiental tenga un papel débil no haría sino demostrar un errático interés del gobierno de Chubut para proteger sus recursos naturales y una belleza que ha convertido a esta provincia en mundialmente reconocida. Sería un error paradójico reducir la jerarquía de un área que reviste cada vez mayor importancia en el mundo. Está probado que en el siglo actual las inversiones no crecen por ausencia de exigencias ambientales. Ocurre lo contrario: una voluntad política clara en materia institucional ambiental no hace sino fortalecer el acercamiento de un sector empresarial genuino, que comprende la necesidad de un debate abierto y honesto sobre la gestión de los recursos naturales bajo un enfoque de respeto de los derechos individuales y colectivos.
Es cierto que Chubut tiene la imborrable experiencia de haber vivido en carne propia los efectos de contar con un procedimiento de toma de decisiones en materia ambiental de escasa transparencia y participación pública. El resultado ha llevado a la casi total confusión de la minería con la mala minería.
La presencia actual de gigantescos buques petroleros en las aguas del Golfo Nuevo y la aparición de manchas de petróleo en las costas en plena temporada de ballenas muestran el deterioro que ha venido sufriendo la cartera en los últimos años.
En un momento en el que se debe fortalecer a los organismos de control para otorgar verdaderas garantías de transparencia, reducir la jerarquía de la autoridad ambiental es hacerle lugar a lo coyuntural sobre lo trascendente. No ayudaría a una provincia que requiere, más que nunca, la llegada de inversiones genuinas. Sería un retroceso inexplicable.
La Nación