Surgió una opinión, hace dos semanas, que pasó un tanto desapercibida para los medios locales, incluido El Esquiú.
Se refería a la actividad legislativa y la puso al aire la diputada radical Verónica Rodríguez de Calascibetta.
Dijo, como al descuido, "pasamos el 70% de las sesiones con homenajes y declaraciones. La producción legislativa es muy poco sustentable".
Si uno hace un recuento de lo actuado durante la actual gestión, a cargo de Fernando Jalil, no puede menos que coincidir con Verónica. La producción legislativa no solo es poco sustentable. Es, sin eufemismos de por medio, paupérrima. Y no tiene la culpa Jalil, al fin y al cabo un diputado más entre 41 que fueron elegidos por el pueblo para que legislen, no para que distraigan a la plebe con "homenajes y declaraciones".
Que ninguno de ello, salvo honrosas excepciones, asuma el rol para el que fueron elegidos es, ciertamente, preocupante. Pero no sería demasiado grave si la omisión fuera gratis, cuando no lo es.
La Legislatura le cuesta al Estado millones y millones de pesos que se van en sueldos exorbitantes de "los 41" y en la estructura que se monta detrás de ellos, la que se acerca a un desmesurado lote de 3.000 empleados cuando, en realidad, efectivamente, no se necesitan más que un 10% de esa cifra. Una relación similar a la que existe en la "mini Legislatura" que es el Concejo Deliberante de la Capital, donde tampoco la política se priva de nada.
Presentaciones bizantinas
Repetimos estar de acuerdo con Rodríguez de Calascibetta. Pero se quedó corta. Es que a falta de iniciativas de importancia, como podrían ser actualizar o completar los textos constitucionales, por no hablar de la reforma misma o de los códigos judiciales, emergieron en las últimas sesiones bajezas de la política o simulacros sutiles de vuelo corto.
Por caso, vamos al episodio Carrió. Como recordarán quienes siguen los sucesos políticos, la inefable diputada atacó irrespetuosamente a la UCR, el partido de Alem e Yrigoyen que alguna vez la contó en sus filas, al que reportó misógino y sometido en el presente a seguir sus órdenes (¿?.?). Una barbaridad que nada bien le hace a la alianza Cambiemos y que, increíblemente, tuvo un tratamiento prolongadísimo en la Cámara de Diputados de Catamarca. Lo que debió ser, cuando mucho, "una charla de café" pasó a ser tema oficial porque, como si tratare de una cuestión de Estado, desde el bloque peronista pretendieron solidarizarse con la UCR. No lo hacían por magnánimos. Querían, con un argumento barato, cargar sobre Carrió y la Coalición Cívica, en aras de provocar una nueva división en la alianza Cambiemos. Grave error. Por allí, lo reiteramos, estas chicanas suelen tener un efecto contrario, más aún si nadie en Catamarca piensa en cortarse las venas por un personaje sinuoso y mefistofélico como Carrió.
El empate, en materia de despropósitos, no tardó en llegar. Fue esta semana. Legisladores identificados con el radicalismo, prácticamente los mismos que impidieron la reforma constitucional o demoraron dos años la instauración de las PASO y prácticamente nunca presentaron un proyecto de valía, solicitaron oficialmente que el gobierno de Catamarca, a través de su Fiscalía de Estado, se presente como querellante en una causa judicial que se tramita en los tribunales federales y que se ha dado en llamar "causa YMAD".
Obviamente, como la que comentamos antes, se trató de una chicana. Lo que se buscaba y se consiguió, fue poner un título en los medios contra los directores de la provincia y de la Universidad de Tucumán ante el organismo tripartito. Nada más. De antemano se sabe que la Fiscalía de Estado tiene la obligación de defender el patrimonio provincial, pero también sabe que los directores de YMAD, del partido que sean, no tienen nada que ver con su administración.
Por si no faltare seriedad al pedido, es bueno aclarar a los lectores que la denuncia de una eventual venta fraudulenta de oro es contra un expresidente, Manuel Benítez, "y sus fieles colaboradores". También que las probables irregularidades surgieron de una auditoria que mandó a practicar el nuevo presidente, Santiago Albarracín, de sólidos lazos con los miembros del directorio y el mismo gobierno de Catamarca.
Que en medio de este esquema, por el cual llegó la denuncia a la Oficina Anticorrupción, haya aparecido Carrió diciendo que los directores tienen el deber de controlar la administración de YMAD, es comidilla para los medios de comunicación metropolitanos, con los cuales la líder de la CC tiene aceitados vínculos.
Su capricho sería, más o menos, como si los convencionales de la UCR debieran responder por los juicios que tiene el Partido y cuya responsabilidad corresponde a las autoridades.
A la hora de la verdad, sea cuando sea, se determinará que los directores mineros son ajenos al hecho denunciado y que ellos mismos, de alguna manera, son los denunciantes.
Entonces nadie hablará de Carrió, como en tantas otras oportunidades. Tampoco lo harán estos legisladores locales que, curiosamente, piden que se investigue a partícipes necesarios y no a los responsables directos, de íntima relación con el radicalismo de Catamarca. Allí sabrán lo que significa, en nombre de la política barata, otro pelotazo en contra.
Tiempos de involución
Si estas cosas ocurren en plenas vacaciones de invierno, durante la fiesta del Poncho y a casi diez meses de la apertura oficial del período electoral ?si a la gobernadora no se le ocurre un adelanto provincial-, no le pregunten a nadie lo que ocurrirá para esa instancia.
Desde ahora mismo podríamos adelantar que será una feroz trenzada de perros con gatos, que reafirmará la involución legislativa que, gráficamente, nos acaba de pintar la diputada Verónica Rodríguez de Calascibetta.
Ojalá el presente comentario, de tono crítico, pueda ser desnaturalizado por "los 41" que componen la Cámara de Diputados y que cada miércoles pretenden justificar sus estipendios sin hacer lo que les corresponde. En todo caso que los enfrentamientos de la política lo dejen para el momento de discutir las propuestas de proselitismo.
Hasta que no ocurra esto último, con Fernando Jalil a la cabeza, la realidad legislativa de Catamarca será muy pobre. Quizá igual que en otras provincias o el Congreso de la Nación, lo que no debería ser un consuelo.
El Esquiú
