Así lo blanqueó este lunes el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. "Este es un proyecto del peronismo que no podemos vetar antes de que sea tratado. Puede ser bueno o no. Tampoco me parece prudente decir que lo vamos a rechazar, ya que en la Legislatura lo pueden votar sin consenso del Ejecutivo", señaló el funcionario. El intendente de San Carlos, Jorge Difonso, advirtió por su lado que no tocar la ley antiminera fue un compromiso de todo el frente Cambia Mendoza.
Juan Carlos Albornoz
El Gobierno provincial no tiene previsto bloquear el debate en la Legislatura de una modificación de la ley 7722, norma que desde 2007 limita firmemente la minería metalífera en Mendoza.
Así lo blanqueó este lunes el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance. "Este es un proyecto del peronismo que no podemos vetar antes de que sea tratado. Lo van a analizar nuestros legisladores. Puede ser bueno o no. Tampoco me parece prudente decir que lo vamos a rechazar, ya que en la Legislatura lo pueden votar sin consenso del Ejecutivo", señaló el funcionario.
Mingorance aseguró que el proyecto del senador de Unidad Ciudadana Alejandro Abraham (que se suma a otro de Juan Agulles, de la bancada del peronismo orgánico, que plantea la creación de un parque industrial minero) no ha tenido un análisis formal en el Poder Ejecutivo y que él no lo ha discutido con el gobernador Alfredo Cornejo.
Incluso sostuvo a nivel personal que la iniciativa de Abraham lo deja "tranquilo" porque no modifica la prohibición de uso de sustancias químicas que establece la redacción actual. Aunque en ese sentido hay que tener en cuenta un dato para nada menor. Si bien el texto mantiene la premisa de prohibir el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, elimina la parte del que añadía "y otras sustancias similares", lo que podría ampliar el espectro de recursos químicos a utilizar.
Por otro lado, es un hecho al menos una crítica oficial a la ley 7722. En el Gobierno hay quienes no están de acuerdo con los párrafos que prohíben el uso de sustancias en la etapa de exploración, ya que los químicos sólo pueden intervenir en el momento de la explotación. "Es una ley rara que tiene vicios", dijeron en el entorno de Cornejo en las últimas horas.
Eso sí, se considera complejo en el Ejecutivo que el proyecto de Abraham elimine la intervención de la Legislatura a la hora de la aprobación de las declaraciones de impacto ambiental.
En tanto, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, uno de los impulsores de la ley 7722, ocupó buena parte del día de ayer en defender la normativa existente por los medios. A la noche, ya mostraba cierta preocupación, ya que no advertía un rechazo oficial muy sólido.
Las expresiones más contundentes del lado del radicalismo vinieron de parte del intendente radical de General Alvear, Walter Marcolini, un departamento tan anti minero como San Carlos. Marcolini rechazó la propuesta de Abraham y hasta dijo que no había margen para la modificación planteada por el legislador de Unidad Ciudadana.
Pero lo cierto es que el proyecto del ex intendente de Guaymallén empezó a marcar otra vez una división transversal en la política, ante la cual el Gobierno, de mínima, no tomó partido por el momento.
A Abraham, por ejemplo, le salió al cruce el dirigente sancarlino Juani Jofré, una de las figuras del sector kirchnerista en las últimas elecciones.
Mientras tanto, por el lado del oficialismo, Difonso comenzaba a advertir anoche que la intangibilidad de la ley 7722 era un compromiso del frente Cambia Mendoza, además de señalar que este lunes comenzaron, tanto en San Carlos como en General Alvear, las primeras reuniones de ambientalistas para evitar cualquier cambio en la norma.
Difonso, entre otros argumentos, defendió ayer la redacción actual del artículo 1 de la ley, que prohíbe en forma genérica cualquier sustancia química, al sostener que así fue concebida para evitar que alguna mezcla de compuestos pueda sortear la prohibición.
También indicó que, sin intervención legislativa en las declaraciones de Impacto Ambiental, la minería metalífera quedaría a tiro de una resolución del Ejecutivo, sin que se abra el juego democrático ni que puedan opinar las minorías.
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