Mendoza: Debates que resurgen

El gobierno de Cornejo sigue atentamente el reverdecer del debate minero planteado. Desde el PJ. Guiñazú admitió que el tema interesa.

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Por José Luis Toso - jtoso@losandes. com.ar Las propuestas de modificación de la legislación provincial minera lanzadas desde el justicialismo fueron tomando temperatura en la semana y ahora son objeto de debate en todos los ámbitos políticos locales. Mientras tanto, en el sector privado observan con expectativa el supuestamente inesperado resurgimiento de una discusión que nadie se atrevía a sacar de su letargo. Sorprendió el subsecretario Guiñazú cuando, en una reunión convocada por los legisladores impulsores de los proyectos, sostuvo que el Gobierno estaría dispuesto a analizar cambios en la normativa vigente. Luego de dichas afirmaciones hubo silencio rotundo desde el Ejecutivo. Nadie apuntaló esos dichos. Aunque difícilmente Guiñazú haya dicho algo que no debía decir. La pregunta que muchos hacen es si Abraham y Agulles se lanzaron por sí solos, si el PJ dio su consentimiento o si alguna señal proveniente del Gobierno animó a los dos ex intendentes a desempolvar ideas que nunca dieron por caídas. El malargüino Juan Agulles, que promueve la creación de parques industriales mineros en los departamento sin tocar la conflictiva ley 7.722, consultó al partido. En general, en la conducción del PJ consideran razonable la propuesta por entender que el desarrollo futuro de Malargüe depende fundamentalmente de la explotación minera. En el principal partido de la oposición dicen que la minería debe ser un tema prioritario para Mendoza, no sólo de un determinado partido político, con lo que formalizan un claro convite al oficialismo para que haya apoyo a la hora de llevar el tema al recinto legislativo. Por el lado de San Carlos, uno de los departamentos en los que la población más resiste la actividad minera, el intendente Jorge Difonso, uno de los impulsores de la ley 7.722 cuando era senador provincial, no tardó en salir al cruce de la movida y para ello está convocando a una reunión del consejo consultivo de vecinos, regido por una ordenanza departamental, para debatir y consensuar una postura que no sólo represente el pensamiento del jefe político departamental. Difonso, como era de esperar, saldrá firmemente a oponerse a la modificación de la ley que se impulsa desde el justicialismo. Más allá de la sorpresa que le generó la iniciativa, asegura que no se quedará callado aun sabiendo que puede llegar a tener algún chisporroteo con el gobierno provincial, con el cual ha venido manteniendo una clara cercanía en los últimos tiempos. Sorprende, también, a las huestes de Difonso que desde el gobierno provincial se haya hecho un claro guiño a los proyectos a través de los citados dichos del funcionario Guiñazú, variando rotundamente su postura de los primeros tiempos de este gobierno -manifiestan en el Valle de Uco- "cuando decía (el funcionario de Cornejo) que la ley 7.722 no se toca". En cuanto al sector minero local, verían con satisfacción un posible acuerdo entre el gobierno de Cornejo y la oposición para movilizar los proyectos dados a conocer recientemente. No los sorprenden los promotores del justicialismo, porque Agulles fue siempre impulsor de la minería para su departamento, mientras que Alejandro Abraham también cuando le tocó ser intendente de Guaymallén se pronunció siempre a favor de la actividad. Si finalmente el Gobierno decide apoyar las iniciativas le bastaría contar con el respaldo de un sector minoritario del PJ para aprobar las leyes, aunque los observadores de la actividad entienden que el respaldo a las iniciativas planteadas podría llegar a ser más amplio que lo que muchos imaginan. Lo que sí sorprendió, y mucho, en la actividad privada es el hermetismo que ha mantenido el gobierno de Cornejo sobre el tema si realmente en el Ejecutivo tenían conocimiento de la iniciativa que pensaban impulsar desde la oposición. Es que, al parecer, tanto Abraham como Agulles hicieron llegar a los empresarios y operadores de la actividad la inquietud de reinstalar el debate. Pero la sorpresa se potencia porque tampoco existe algún tipo de presión desde el gobierno nacional para reprogramar la actividad minera con cierta urgencia en la provincia. En cuanto a los alcances de la reforma que se pueda llegar a concretar, estiman los conocedores del tema que podría estar sujeta a lo que marque el reclamo social o de los sectores ambientalistas. La clave estaría en la cantidad de instancias que, a modo de filtros, deberían tener que sortear los proyectos para poder concretarse. En cuanto a la llamada departamentalización de la actividad, el sector privado lo considera inviable desde el punto de vista jurídico y ponen el ejemplo de la provincia de Chubut, que todavía no logra imponer una suerte de zonificación o regionalización de la actividad. Sin embargo, ese criterio de que la minería se territorialice en Mendoza según el apego o no a la actividad que muestre la gente en cada departamento, es una posibilidad que no desagradaría al gobierno provincial. En ese caso tendría más factibilidad la propuesta del malargüino Agulles, que no tocaría la ley vigente y le daría más protagonismo a los municipios en cuanto a decidir si quieren o no tener en sus territorios los parques mineros que plantea su iniciativa. Las expectativas del peronismo Ayer el justicialismo mendocino mostró una nueva foto de unidad con un acto llevado a cabo en Luz y Fuerza. La imagen muestra a dirigentes de todos los sectores más representativos en lo partidario, pero está claro que hay dos grandes espacios que sobresalen: el "de los intendentes" y el kirchnerismo, o camporismo, que suma a dirigentes con trayectoria que hasta no hace mucho militaban muy lejos de los K. Nadie niega que subsisten diferencias y que hasta se puede hablar de tirantez entre los bandos, pero los más racionales remarcan que sería "poco inteligente" no unir a todo el peronismo de cara al año electoral que se acerca. Una unidad que busca sobreponerse al más que aceptable diálogo que el camporismo mantiene con el oficialismo y al de los intendentes con sus pares de otros partidos, como es el caso de De Marchi. Diario Los Andes