Apenas hubo una reunión para debatir los proyectos para modificar la Ley 7.722 y ya pudimos ver a las personas que están sobrando en una discusión que se quiere alejar de los discursos violentos y sin sentido.
Por Edu Gajardo
Arrancó el debate sobre los dos proyectos que proponen modificar la Ley 7.722 y no hizo falta una segunda reunión para poder darnos cuenta quiénes están sobrando en esta discusión que apunta a ser diferente a las demás. Esta vez la intención es alejarse de los discursos violentos y los cortes de ruta para dar paso a la discusión con argumentos técnicos y científicos que puedan presentar tanto los que están a favor como los que están en contra de la minería.
En reiteradas columnas he manifestado mi posición a favor de la actividad, pero eso no implica que no reconozca las cosas que hace mal el sector minero y una de ellas es su escasa comunicación y otra es permitir que personas que no representan realmente lo que es la industria se hayan posicionado como referentes para los medios.
El jueves fue muy triste ver la escena en la que se vieron envueltos el presidente de la Cámara de Servicios Mineros Carlos Ferrer y el senador Marcelo Romano, acusándose mutuamente de amenazas. Esa imagen me demostró que son dos personas que no se necesitan en esta historia, porque -desde mi punto de vista- aprovechan estas situaciones para defender sus intereses personales.
Para tener claro quienes son los que se pelearon hay que repasar algunos datos, porque si no se saben pareciera que son mineros contra defensores del agua.
Ferrer es abogado penalista y formó la Cámara de Servicios Mineros cuando se anunció el desarrollo de Potasio Rio Colorado de la mano de la firma brasileña Vale. Nunca fue empresario minero, como algunos medios mencionan y no puedo confirmar si alguna vez haya estuvo en una mina en producción prestando algún servicio. No es un referente a la hora de hablar de conocimientos técnicos de la actividad porque no es experto y lo que necesitamos en este momentos es escuchar a gente que conozca y tenga experiencia.
Por el otro lado, Marcelo Romano también es abogado y llegó a la Legislatura con el Partido Intransigente por la buena elección que hizo José Luis Ramón. Fue candidato a intendente de San Carlos por el radicalismo y salió tercero con 11,95% de los votos en 2015. También es conocido en el ambiente político porque fue el novio de Laura Montero y también fue asesor en el Congreso Nacional cuando la actual vicegobernadora tuvo cargos legislativos.
Romano no es parte de las comisiones que se reunieron con los empresarios el jueves, pero igualmente estuvo presente con un cartel que decía "la 7.722 no se toca", algo que es totalmente válido e incluso se valoraron varios puntos de su exposición. Por el otro lado, Ferrer estuvo representando a una cámara que perdió a gran parte de sus miembros, porque la mayoría eran firmas que pretendían trabajar en Potasio Río Colorado y que ahora sólo buscan cobrar lo que no se les pagó por los trabajos ejecutados.
En resumen, y desde mi punto de vista, uno fue a seguir buscando el rédito político y su posicionamiento, mientras otro está viendo cómo mantener la cámara que creo y que hoy cuesta mantener a flote.
Sinceramente, y como una persona que cree en los debates serios, ninguno de los dos le hace bien a esta discusión. El sector minero no necesita a Ferrer porque en la Cámara de Empresarios Mineros -en las que sí están las empresas del sector- tiene técnicos adecuados y calificados.
Por el lado del sector que rechaza la minería tampoco necesitan del escándalo, porque también tienen representantes que pueden mantener el debate en el marco que se necesita. Sin ir más lejos, personas como el exjefe de Gabinete de Ambiente Eduardo Sosa son un buen ejemplo de ello. Hace pocos días estuvo en televisión en dos debates televisivos con representantes de la industria mendocina y de la Cámara de Empresarios y se discutió en el marco que todos esperamos, sin la escena que vimos el jueves en el anexo del Senado.
Para terminar un dato del que me enteré en estos días y que -según indicaron algunos legisladores en off- no debería ser pasado por alto a la hora de analizar lo ocurrido. La disputa no fue entre desconocidos, porque Romano y Ferrer hace años que saben quien es uno y quien es el otro. Mientras Romano era el novio de la actual vicegobernadora, Ferrer era uno de los asesores de Montero en el Congreso.
Ahora que se enoje el que quiera, pero a veces hay que terminar con estas historias y decir lo que está mal con nombre y apellido. Ya fue el momento de los cortes de ruta y los gritos, el país ya tiene suficiente de eso y necesitamos apuntar hacia otras cosas. Y tanto el honorable senador y el presidente de la Cámara de Servicios deberían analizar la imagen que dejaron.
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