La división social que el tema genera en Mendoza quedó expuesta ayer en las voces que participaron de las comisiones.
En el salón Ricardo Rojas del Anexo Legislativo, ayer se realizó una nueva reunión conjunta entre las comisiones legislativas que debaten los proyectos que buscan modificar la ley 7.722, conocida como "antiminera".
Fue el turno de que presentaran sus argumentos ante los diputados y senadores cámaras empresarias y organizaciones gremiales. Una vez más, quedó expuesta la "grieta" que existe entre los mendocinos en torno al tema.
Marcelo Bargazzi, presidente de la delegación de Mendoza de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), defendió que se reactive la minería en la provincia porque "es un motor importante de generación de empleo. Estamos a favor de una minería responsable", dijo.
En el mismo sentido habló el secretario general de la Seccional Mendoza de AOMA, Juan Carlos Ortiz. "Nosotros tenemos que darle trabajo a los mendocinos. Es momento para discutir, debatir y si no fuera por esas leyes la actividad seguiría postergada. Somos trabajadores y conocemos como se cuida el medio ambiente, la higiene y seguridad", remarcó.
Miguel Ponce, en representación de la UOCRA, dijo que es necesario que en Mendoza se pueda replantear la matriz productiva. "Creemos que si se puede aprobar estas propuestas los empleados tendrán mejores salarios".
Del otro lado de la grieta estuvo Raquel Blas, de la CTA, quien argumentó contra la modificación a la ley 7.722. "Las riquezas que produce la minería que se la vayan a contar a otro. El pueblo mendocino no ha dado licencia social a los emprendimientos mineros", enfatizó.
Por su parte, la ex diputada nacional Soledad Sosa (FIT) destacó que " nosotros defendemos el derecho al trabajo y acá lo están mandando al muere".
Y Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, dijo que la minería no le va a solucionar los problemas a los mendocinos. "La ley 7.722 no es anti minera, sino que es ambiental", expresó
Diario Los Andes
