Por su desempeño en las investigaciones del barrio Achachay y en una denuncia por amenazas.
La Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia decidió elevar al Tribunal de Enjuiciamiento dos antecedentes del fiscal de instrucción nº1, Víctor Figueroa, al considerar que el representante del Ministerio Público podría haber incurrido en algunas de las causales de remoción de su cargo. Mientras se lo investigaba por su desempeño en la causa iniciada por vecinos del barrio Achachay, la Corte sumó el antecedente de lo ocurrido en la causa de amenazas que había denunciado el ex vicepresidente de CAMYEN, Fernando Musella, contra el representante local de YMAD, Ángel Mercado.
La resolución, que lleva la firma de los ministros José Cáceres y Vilma Molina, determinó enviar las actuaciones de la causa Musella-Mercado al Tribunal del Jury para que se evalúe el rol del fiscal Figueroa, que fue cuestionado por la Cámara de Apelaciones a fines de octubre.
Musella-Mercado
En esa investigación, en la que Musella había denunciado una serie de amenazas por parte de Mercado, el fiscal había determinado el archivo de la causa. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones criticó en duros términos las actuaciones y acusaron a Figueroa de llevar adelante una "exigua investigación".
Los camaristas consideraron que la investigación era insuficiente para determinar si hubo o no delito y acusaron al fiscal de hacer afirmaciones erróneas, pusieron el foco sobre la forma en la que Figueroa analizó las pruebas y hasta criticaron que había citado jurisprudencia inadecuada. "En la causa se observa un yerro que debe ser calificado como una gravísima aseveración falsa del fiscal", sostuvieron en alusión a lo que consideraron una incorrecta interpretación de unas cámaras de vigilancia, lo que a criterio de los jueces servía para descalificar el dictamen.
Además, se lo cuestionó por haber criticado la demora de Musella para hacer la denuncia en esa causa. "Con igual criterio, deberían desecharse las denuncias de las señoritas que, alcanzada la mayoría de edad, hacen conocer que fueron víctimas de delitos sexuales en su niñez y que no lo denunciaron antes por temor. Alcanzaría ribetes de escándalo", sostuvieron los camaristas, que consideraron que Figueroa "examinó con ínfimo rigor las afirmaciones del denunciante" y no ejecutó las medidas probatorias que éste propuso.
Achachay
Además, la Secretaría de Sumarios ya había elevado al Jury los antecedentes de la investigación en contra de Figueroa que la propia Corte inició luego de que la Cámara de Apelaciones le diera un revés en la causa por el barrio Achachay, de la zona oeste de la Capital.
En esa causa, dos abogados de los herederos de los supuestos dueños de los terrenos donde está ubicado el barrio denunciaron a los vecinos por usurpación. Los abogados pedían que desalojasen el lugar o entregasen otros bienes para que pudiesen continuar en sus viviendas y terrenos. Ante la resistencia de los vecinos, les ofrecieron arreglos extrajudiciales, pero los vecinos esperaban que la Justicia resolviera la situación.
Aunque los habitantes del barrio no contaban con el título de la propiedad, muchos de ellos estaban en el barrio desde hacía más de 20 años por lo que aseguraban tener posesión veinteañal. Cansada del hostigamiento de la Policía Judicial y los sumariantes, una vecina pidió el control jurisdiccional de las actuaciones de Figueroa, por lo que entró en la causa el juez de Control de Garantías, Porfirio Acuña, quien encontró serías irregularidades en la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal y pidió ponerle punto final a la causa.
Figueroa apeló la medida del juez y la decisión quedó en manos de la Cámara, que le dio la razón a Acuña y corrió traslado a la Secretaría de Sumarios de la Corte de Justicia para que analizara el accionar del funcionario judicial que podría haber incurrido en los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
Por estos hechos, fuentes judiciales confirmaron a El Ancasti que la Secretaría de Sumarios entendió que existían elementos para sospechar de conductas ilícitas por parte del fiscal, que estaría en un grave desempeño de sus funciones. Además, se cuestionó que tenía bajo un mismo expediente dos denuncias cruzadas en torno al mismo conflicto, lo que lo habría llevado a tomar decisiones en torno a "incongruencias".
También en el marco de esta causa, se instruyó al fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Marcelo Sago, para que investigue el accionar de su colega.
El Ancasti
